Los impagos obligan a las guarderías a subir el recibo mensual que abonan las familias

Las escuelas infantiles privadas, que escolarizan a alumnos de entre cero y tres años, empiezan el año en una situación económica dramática por los retrasos en el pago de la ayuda pública de la Generalitat que sirve para cofinanciar parte del puesto escolar en función de la renta familiar. Hasta este lunes los centros sólo habían recibido las cuantías de septiembre, por lo que suman tres meses de impagos.

Los propietarios deben recurrir a créditos bancarios para pagar sus gastos, se encuentran con dificultades para cubrir las nóminas y acumulan meses pendientes en el alquiler de sus locales. Incluso ya se está recurriendo a la medida más drástica: repercutir el impago a las familias, que pueden llegar a asumir el coste íntegro de la plaza. Es decir, no se les descuenta en el recibo mensual la ayuda que concede la administración, por lo que el importe a abonar se incrementa notablemente: entre 70 y 200 euros más al mes.

Así se desprende de la información recabada por LAS PROVINCIAS a través de centros que se encuentran en situación límite y asociaciones representativas del sector, que urgen a Educación y a Hacienda a saldar la deuda inmediatamente.

«El bono surgió para dar la oportunidad a todos los niños de acudir a una escuela infantil, pero si no llega cuando debe se está lesionando este derecho», explica la titular de un centro afectado. Si la administración no salda la deuda pronto, deberá repercutir el coste íntegro el próximo mes. «Los centros hacemos una labor social básica, nos jugamos nuestro patrimonio, hay profesores que no cobran con regularidad para poder ayudar y estamos endeudados», añade. «Sabemos que las familias que reciben la ayuda la necesitan, especialmente las más elevadas, pero estamos en una situación límite», continúa la misma fuente, que prefiere no identificarse. En su caso, la deuda de la administración se acerca a 30.000 euros: «Es un agujero económico inasumible».

El recibo que paga una familia que lleva a su hijo a un centro infantil, por regla general, ya incluye el descuento de la ayuda, que la Conselleria de Educación determina durante el primer trimestre del curso. Es una subvención peculiar, pues aunque el destinatario es el alumno la gestión es asumida por los centros, que reciben la cuantía global por todas sus matrículas. Es decir, financian a la administración: descuentan la ayuda en cada recibo mensual, asumiéndola, a la espera de que la administración pague con agilidad.

La orden que regula el bono infantil, en realidad, no obliga a proceder de esta manera, pues sólo exige el descuento de la subvención una vez la escuela la ha cobrado. Sin embargo lo habitual es hacerlo para no cargar económicamente a las familias. Y hay que tener en cuenta que el bono varía en función de la renta, por lo que los importes más elevados corresponden a núcleos con mayores necesidades.

«Ante la situación desesperada en algunos casos se está llegando a acuerdos con los padres, y una vez salde la deuda la Generalitat se regularizará la situación», explican desde la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), que alerta de que «el escenario es muy complicado» al tratarse de un red «en la que la mayoría de titulares son las trabajadoras, que tienen que poner en juego buena parte de sus recursos para poder mantenerse». «A veces tienen que elegir entre endeudarse más -para cubrir el agujero económico- o solicitar la ayuda de los padres», sentencian.

La situación que describe Salvem 0-3, otra de las organizaciones del sector, es similar. A principios de mes presentaron escritos ante el Consell reclamando la deuda y han pedido amparo ante el Síndic.

Si bien el documento destaca que por regla general se descuenta la ayuda a las familias porque muchas no podrían asumir el coste completo del puesto, fuentes de la patronal señalaron que sí hay escuelas que por sus características (por ejemplo, poco volumen de alumnado) se ven obligadas a pedir la colaboración de los padres o de lo contrario no podrían cubrir gastos por el impago. Por ejemplo, sólo se les descuenta el mínimo de la ayuda (entre 70 y 90 euros, en función de la edad) o una parte de la misma. Eso sí, precisan que la mayoría de la red continúa aplicando la subvención. «Es la última opción, antes incluso se llega a pedir apoyo a la propia familia o se suscriben créditos», dicen.

Por su parte, desde Acade Adeiv, que ya a finales de noviembre alertaba de la deuda, explicaron que quieren reunirse con Educación para que el pago llegue de manera urgente ante la difícil situación del sector. Cabe destacar que aunque los impagos suelen ser habituales en relación al bono infantil, este curso la incidencia es mayor debido a que los importes se han incrementado: el mínimo ha subido diez euros y el máximo hasta 40. Y hay que tener en cuenta que más del 90% de alumnos recibe alguna cuantía.