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El 16 de diciembre de 2022 el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capilla, advirtió de que la situación de «extenuación financiera» iba a provocar conflictos laborales, por lo que reclamó «el compromiso de la Generalitat», en referencia al plan de ... financiación plurianual cuya concreción siguen esperando las instituciones públicas. Lo hizo ante el claustro, pocos minutos después de que el equipo de dirección fuera recibido, a su llegada a la sesión, por una protesta de informáticos que denunciaba su precaria situación laboral y salarial. El jueves anunciaron una huelga indefinida a partir del día 30 en los tres campus. La respuesta de la universidad, aun admitiendo que sus retribuciones son inferiores a las de sus compañeros de otros centros, ha sido que sin saber de qué fondos dispondrá en los próximos años no puede comprometerse con ninguna mejora.
Un mes antes, el Consejo Social de la Universitat Jaume I de Castellón advirtió de que con las previsiones presupuestarias de la Generalitat para 2023, el principal ingreso de las instituciones académicas, «no se podía garantizar el pago de las nóminas», por lo que reclamaba una solución y de paso, recordaba la reiterada reivindicación de mejorar la financiación. En cuestión de días la Conselleria de Universidades anunció una enmienda al proyecto de presupuestos de este año para incrementar la partida destinada a las obligaciones derivadas de las normativas estatales y autonómicas, como las mejoras retributivas del personal que acumula experiencia o reconocimientos por investigación, principal problema de la universidad castellonense. Sirvió para que la UJI pudiera aprobar sus cuentas, aunque contando con «recursos adicionales», no definidos, del futuro plan de financiación.
Son los dos últimos ejemplos de las tensiones que deben afrontar los rectorados por el retraso de la prometida mejora de los fondos, pendiente varias legislaturas. El último plazo salió del presidente Ximo Puig, quien dijo el pasado septiembre que ya se materializaría en los presupuestos de 2023. La realidad es que estos están ya aprobados y los detalles del plan siguen en fase de negociación, que está siendo extremadamente compleja.
Las cinco universidades públicas se han dado de plazo hasta marzo para llegar a un acuerdo sobre los criterios de reparto del futuro plan de financiación plurianual. El mes fijado no es casual, pues en el caso de que no alcanzaran un consenso la Generalitat aún podría forzar una solución para dejarlo cerrado antes de elecciones. Tal y como explican fuentes conocedoras de la situación, la voz cantante en las últimas reuniones la llevan los equipos directivos de los centros a partir de la base diseñada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y la negociación está siendo difícil, especialmente en relación al peso que debe tener la docencia y la investigación en el reparto final de los fondos. Tampoco hay visos de acuerdo, de momento, en la experimentalidad de los títulos, que determina el coste de impartición de las carreras y por tanto influye en las cuantías que recibirá cada institución. En lo que sí hay consenso es en que el incremento del dinero previsto por el Consell, algo más de cien millones para 2023, es insuficiente para atender todas las necesidades. Por no hablar de que piden una solución plurianual. Desde el departamento de Josefina Bueno insisten en que se trata de «un acuerdo complejo que implica a cinco universidades con sus peculiaridades», aunque se muestran confiados en «en que se llegara a un acuerdo», antes de valorar el «trabajo que están haciendo los equipos directivos» y de defender que los fondos previstos inicialmente se han incrementado finalmente vía enmiendas.
No es el único incumplimiento en materia de política universitaria que está alimentando la crispación. El convenio colectivo del personal laboral, cuyo preacuerdo fue aprobado pocos días antes de las elecciones autonómicas de 2019, sigue sin materializarse. Y esto supone que las diferencias salariales entre los colectivos docentes más precarizados siguen vigentes.
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BELÉN HERNÁNDEZ
La demora ha llevado a que la plataforma de profesores asociados de la Comunitat haya convocado una huelga a partir del día 31. También será indefinida, aunque en este caso intermitente, pues los paros se realizarán los martes, miércoles y jueves. Aunque se enmarca en la convocatoria estatal centrada en denunciar que la nueva ley universitaria (LOSU) no dé una solución global a sus problemas laborales, en clave valenciana se incluye, entre las críticas, el retraso del «convenio fantasma», recurriendo a la definición que hace la plataforma, que lamenta «el trilerismo político» que supone el hecho de que se anuncie el convenio al calor electoral.
Y es que el presidente de la Generalitat también defendió que se desbloquearía antes de que terminara 2022. De momento, como explican desde UGT, se está a la espera de una nueva reunión para cerrar el conflicto. La idea es seguir el camino que propuso la organización en julio: modificar el decreto valenciano que regula las retribuciones del personal para incorporar las tablas retributivas del fallido preacuerdo, lo que permitirá acogerse a la excepcionalidad que permiten las leyes estatal y autonómica para incrementar la masa salarial. El resto de mejoras, como el reconocimiento de sexenios o quinquenios, quedarán para una posterior negociación.
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