Los incumplimientos de Puig enfadan a la universidad valenciana: dos huelgas en el horizonte

Un mes antes, el Consejo Social de la Universitat Jaume I de Castellón advirtió de que con las previsiones presupuestarias de la Generalitat para 2023, el principal ingreso de las instituciones académicas, «no se podía garantizar el pago de las nóminas», por lo que reclamaba una solución y de paso, recordaba la reiterada reivindicación de mejorar la financiación. En cuestión de días la Conselleria de Universidades anunció una enmienda al proyecto de presupuestos de este año para incrementar la partida destinada a las obligaciones derivadas de las normativas estatales y autonómicas, como las mejoras retributivas del personal que acumula experiencia o reconocimientos por investigación, principal problema de la universidad castellonense. Sirvió para que la UJI pudiera aprobar sus cuentas, aunque contando con «recursos adicionales», no definidos, del futuro plan de financiación.

Son los dos últimos ejemplos de las tensiones que deben afrontar los rectorados por el retraso de la prometida mejora de los fondos, pendiente varias legislaturas. El último plazo salió del presidente Ximo Puig, quien dijo el pasado septiembre que ya se materializaría en los presupuestos de 2023. La realidad es que estos están ya aprobados y los detalles del plan siguen en fase de negociación, que está siendo extremadamente compleja.

No es el único incumplimiento en materia de política universitaria que está alimentando la crispación. El convenio colectivo del personal laboral, cuyo preacuerdo fue aprobado pocos días antes de las elecciones autonómicas de 2019, sigue sin materializarse. Y esto supone que las diferencias salariales entre los colectivos docentes más precarizados siguen vigentes.

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La demora ha llevado a que la plataforma de profesores asociados de la Comunitat haya convocado una huelga a partir del día 31. También será indefinida, aunque en este caso intermitente, pues los paros se realizarán los martes, miércoles y jueves. Aunque se enmarca en la convocatoria estatal centrada en denunciar que la nueva ley universitaria (LOSU) no dé una solución global a sus problemas laborales, en clave valenciana se incluye, entre las críticas, el retraso del «convenio fantasma», recurriendo a la definición que hace la plataforma, que lamenta «el trilerismo político» que supone el hecho de que se anuncie el convenio al calor electoral.

Y es que el presidente de la Generalitat también defendió que se desbloquearía antes de que terminara 2022. De momento, como explican desde UGT, se está a la espera de una nueva reunión para cerrar el conflicto. La idea es seguir el camino que propuso la organización en julio: modificar el decreto valenciano que regula las retribuciones del personal para incorporar las tablas retributivas del fallido preacuerdo, lo que permitirá acogerse a la excepcionalidad que permiten las leyes estatal y autonómica para incrementar la masa salarial. El resto de mejoras, como el reconocimiento de sexenios o quinquenios, quedarán para una posterior negociación.