R. González
Benidorm
Miércoles, 20 de julio 2022, 12:45
El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha mostrado su respaldo al informe sobre la tasa turística que ha elaborado la Universidad de Alicante (UA). Un análisis que se ha presentado este miércoles en la sede del Invat·tur, en Benidorm, y que concluye que ... es un tributo «contraproducente, contradictorio e injusto». Palabra que ha utilizado uno de sus redactores, Armando Ortuño. De esta forma mantiene el pulso al Consell en este tema.
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Colomer ha subrayado que con este estudio se pretende compartir conocimiento y ponerlo a disposición del sector. «Hemos hecho lo que teníamos que hacer, es un elemento de consideración», ha argumentado.
Al respecto, el responsable autonómico ha insistido que en su deber era presentar «solvencia académica al debate». Algo que considera que se ha conseguido a través de este análisis sobre la idoneidad de este tributo en la Comunitat Valenciana.
Para Colomer el precio supone un condicionante a la hora de elegir un destino y él «nunca penalizaría el viaje».
Sabe que su postura contraria a esta tasa no es compartida por muchos en el pacto del Botánico y dentro de su propio partido, el PSPV. Sin embargo, no ha dudado en ningún instante en hacer pública su opinión. Según ha señalado, «discrepar no es pecar».
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Además ha insistido en que su deber es estar al lado del turismo, tanto si se refiere a las microempresas, a los festivales de música, al turismo activo o al de interior. «Donde hay una causa justa, tratamos de ser sensibles y ayudar», ha asegurado.
Asimismo, ha vuelto a reiterar que su cargo está a disposición del presidente de la Generalitat, especialmente en estos «momentos complicados». No obstante, Colomer ha recalcado que se siente respaldado por Ximo Puig, «tiene una exagerada confianza en mí».
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Durante la presentación de la tasa turística han salido a relucir diversos datos sobre su repercusión. Una estimación al alza cifra en 52 millones el dinero que ingresaría la Comunitat por este tributo, el 30% procedente de Benidorm y el 10% recaudado en Valencia.
En el apartado de ventajas, Reyes González, de la UA, ha apuntado que supone un incremento de la recaudación fiscal y que esa partida se invertiría en mejorar el sector. Entre los inconvenientes ha remarcado que la es discriminatoria al afectar sólo a las plazas reguladas y que tiene sentido en destinos maduros muy masificados, algo que no sucede en la Comunitat.
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La presentación del estudio sobre la tasa turística ha contado con la presencia de algunos alcaldes y concejales. El primer edil de Benidorm, Toni Pérez, no se ha mordido la lengua a la hora de mostrar su postura y ha espetado que se trata de un impuesto que «nadie ha pedido».
En su opinión, con este tributo se penalizará a los turistas que acudan a la Comunitat y opten por pernoctar en un alojamiento regulado. También ha incidido en que si esta tasa no es necesario ahora y los ayuntamientos pueden decidir si la van a aplicar o no, entonces «cae el argumentario» del Botánico para crear este impuesto.
El rechazo de Toni Pérez lo comparten muchos alcaldes de municipios turísticos. Tanto gobernados por PP como por el PSPV.
El primer edil de Dénia, Vicent Grimalt, que también ha asistido al acto celebrado en el Invat·tur, es uno de los que ya ha dicho que mientras gobierne él no se aplicará en la capital de la Marina Alta. También José Manuel Prieto, munícipe de Gandia, se ha mostrado en contra de su cobro.
Opinan lo mismo la alcaldesa de Calp, Ana Sala; el de Cullera, Jordi Mayor; el de Peñíscola, Andrés Martínez; o el de Moncofa, Wenceslao Alós. Todos ellos creen que en las actuales circunstancias no se debe poner en marcha un nuevo gravamen.
Por su parte, el gobierno local de Xàbia, encabezado por José Chulvi, considera que debe ser el Consell Municipal de Turisme el que decida al respecto.
A ello le ha sumado que esta zona se convertiría en un punto menos competitivo frente a otros destinos del Mediterráneo. Durante todo el estudio se destaca que las características de este sector en la Comunitat, vinculado al sol y playa y a ofrecer unos precios asequibles para competir con otros destinos similares, no favorecen la implantación de la tasa como se ha realizado en otros puntos de España o Europa.
«El planteamiento de que un incremento medio de 10 euros por persona en el alojamiento es irrelevante en la demanda turística no parece consistente puesto que, si ese incremento fuera posible sin afección a la demanda, sin duda el sector ya lo habría aplicado antes de la tasa», apuntan en el informe de Invat·tur haciendo referencia a que los turistas que llegan a la Comunitat tienen en cuenta el coste total de sus vacaciones.
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Y es que según los datos aportados, la tasa turística que defiende el PSPV se asocia a ciudades con atractivos únicos que exigen mantenimientos específicos y frecuentemente colapsadas por exceso de visitantes; menos sensibles, por tanto, al precio, por las dificultades para que sus visitantes puedan encontrar fácilmente destinos alternativos de características similares. En el caso de la Comunitat, podría asociarse a Valencia pero sin que sufra el problema de colapso.
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«La equidad del impuesto, en el caso de la Comunitat Valenciana, además, resulta discutible desde su concepción, al dejar fuera del mismo a las viviendas en alquiler no reglado, [...] lo que coloca a este tipo de alojamiento aún en mejores condiciones para competir por precio en relación con los establecimientos que cumplen con todas las normas fiscales, laborales, etc., además de poner en riesgo la imagen del destino por su menor cobertura de los derechos del turista», también contempla el informe esta diferenciación entre alojamientos.
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Por su parte, Ortuño ha subrayado que se trata de un impuesto a un determinado modelo turístico y que se «cebaría con la ciudad más sostenible, Benidorm» También ha incidido en que es contradictorio aplicar un nuevo gravamen mientras se ponen en marcha iniciativas como el Bono Viaje.
Entre los asistentes a presentación había representantes del sector turístico que han insistido en su rechazo. El presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha subrayado que los políticos deben ir a Madrid a reclamar la financiación que le toca a la región. Por su parte, la diputada socialista Trini Castelló ha hecho hincapié en que se trata de una tasa voluntaria y que se aplicaría en 2024.
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