Un ingeniero señala que se podrían haber ahorrado más de la mitad de vidas en la dana con las infraestructuras terminadas

Velázquez ha justificado su afirmación en el hecho de que con las obras de laminación y encauzamiento acabadas, la altura del agua habría sido mucho menor. «El calado del agua es muy grave a partir de cuando alcanza los 80 centímetros de altura. Si ese caudal se reparte en tres laminaciones está claro que la zona inundable, en vez de haber sido de tres o cuatro o cinco, metros, se hubiese reducido a 80 centímetros, a 50… Se hubieran salvado muchas vidas humanas y se hubieran ahorrado daños en bienes económicos«, ha afirmado.

El ingeniero de Caminos se ha referido a obras como las presas de Vilamarxant y Cheste, el encauzamiento del barranco del Poyo y la conexión de este y La Saleta con el nuevo cauce, actuaciones recogidas en diversos planes desde comienzos de siglo y que han llegado a estar presupuestadas sin que la administración central las haya llegado a ejecutar.

Por otro lado, Velázquez, ha calificado de «imprudente» la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica, hasta hace muy poco dirigido por Teresa Ribera y ahora por Sara Aagesen, por no realizar las obras estructurales previstas que hubieran reducido el riesgo de peligrosidad en la zona inundada el pasado 29 de octubre.

«La responsabilidad directa no es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Respondiendo con rigor, sería del Ministerio de Transición Ecológica. Y es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene que decir si las hace la Dirección General del Agua o la Confederación», ha subrayado.

Este experto ha indicado que «no se ha ejecutado ninguna» de las 23 medidas estructurales previstas para el Bajo Júcar en el Plan Hidrológico Nacional, entre ellas, las de la Rambla del Poyo, y que, de acuerdo con la normativa en vigor, las obras hidráulicas de interés general del Estado son competencia de la Administración General del Estado. A su parecer, «se han priorizado infraestructuras verdes».

«No digo de haber hecho todas las de todas las áreas, pero las de las nueve áreas de riesgo extremo es totalmente necesario. Y si no las hacemos (...) desde ya, desde hace cinco meses, las medidas estructurales necesarias, no estamos reduciendo la peligrosidad. Y si no reducimos la peligrosidad, no podemos reducir el riesgo», ha advertido.

De manera más general, Velázquez ha detallado que se deberían construir más embalses teniendo en cuenta fenómenos como las gotas frías. «No solo es que se mantengan, es que yo creo que sería necesario aumentar las presas, clarísimamente», ha insistido.

En su intervención, ha asegurado que, de acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, las cifras de previsión de posibles avenidas del Bajo Turia para un periodo de retorno de 500, 100 y diez años son «extremas». Así, por ejemplo, se calcula que habría 128 kilómetros cuadrados (km2) de superficie inundable para un periodo de retorno de 500 años, «diez veces lo que se considera una superficie muy grave (...) que se establece en 15 km2». Además, la población afectada ascendería a 159.352 habitantes.

Teodoro Velázquez ha resaltado que las obras estructurales son las que inciden en la modificación de los cauces a través de dos procedimientos. Uno, mediante la laminación de las avenidas que realizan las presas y el otro, por medio del encauzamiento. «Son las únicas que pueden reducir el riesgo en la zona de la cuenca del bajo Turia», ha afirmado Velázquez que ha rechazado de plano las infraestructuras verdes en esta zona que hasta ahora han sido priorizadas frente a las estructurales. «Reducir el riesgo de inundaciones con obras verdes es imprudente», ha afirmado.

El experto ha incidido en que hacer sólo medidas verdes «en las zonas rojas va en contra de la obligación de reducir riesgos y ello es imprudente». En este sentido, ha recalcado que la cuenca del Bajo Turia solo tiene una posibilidad para reducir el riesgo y es «la reducción de su peligrosidad con obras de laminación y encauzamiento». En esta línea, ha recordado que »no se ha hecho una presa en todo el siglo XXI«.

Velázquez ha comparado cuántas obras verdes se han realizado por parte de Teresa Ribera en la cuenca del Júcar frente a las obras estructurales. Las obras verdes han superado la previsión, mientras que obras estructurales no se ha hecho ninguna.

El ingeniero de Caminos se ha referido a que en Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, en el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas, se explica claramente los mapas de peligrosidad y las medidas que hay que adoptar.

Ha informado que la Ley de la Huerta ha tenido una 'incidencia total' en no realizar las obras necesarias llegando a archivar los proyectos que estaban proyectados para encauzar el barranco el Poyo. «El informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar de los años 2022 y 2023, página 26 de 32, dice que, tras las conclusiones de análisis, coste-beneficio y otros, se debe reorientar la solución inicialmente prevista, de forma que se archiva el proyecto (de las obras de unir el cauce del Turia con la Rambla del Poyo y La Saleta) pdebido a la incompatibilidad de la solución inicialmente prevista en la ley de la Huerta», ha manifestado.

El ingeniero ha hecho varias recomendaciones en la comisión del Senado. Así, ha instado a que en las áreas de riesgo extremo se establezca una alerta automática en cuanto se llegue a la previsión de lluvias de 100 años mientras no se ejecuten las medidas que no dependa de que la envíe ninguna persona determinada.

«(Daría la alerta automática) en el momento que se llegue a la previsión de lluvia, con 24 horas de antelación, o con 48 si puede ser; pero que no dependa ni del (presidente valenciano Carlos) Mazón, ni del (secretario de Medio Ambiente) Hugo Morán, ni de la directora general, ni del presidente de la Confederación, que sea automática. Y eso, mientras no se ejecuten las obras, lo haría para la previsión de lluvia en un periodo de 100 años», ha insistido.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de recuperar una Dirección General de Obras Hidráulicas «con equipo suficiente» y con un responsable que sea un Ingeniero de Caminos experto en obras hidráulicas «e independiente de los políticos de turno». «Si las inundaciones son el fenómeno que más daños produce, tendría que haber mucho conocimiento en la cabeza del Ministerio. Si analizamos en este momento las cuatro partes primeras del Ministerio, no hay ningún ingeniero de caminos. Ni uno», ha denunciado.

Durante el debate, el senador de Compromís Enric Morera ha advertido de que se dejó caducar miserablemente la declaración ambiental de los proyectos en la Rambla del Poyo que fue firmada por Teresa Ribera en 2011. En la réplica, Velázquez ha precisado que si bien los proyectos ya existían desde 2001, a partir de 2016 existe la «obligatoriedad» de ejecutarlas. A su juicio, la Ley de la Huerta «retrasó indebidamente la ejecución de las obras».

Por su parte, la senadora del PSOE Rocío Briones Morales, que ha interpelado directamente al PP por qué «no tienen lo que hay que tener» para traer a Mazón a la Comisión, ha criticado que los populares «retrasen» la Comisión de Investigación en las Cortes valencianas y ha pedido elecciones en esta región. «Esta es una comisión que es una farsa», ha enfatizado. Briones Morales ha defendido la acción del MITECO y ha asegurado que los proyectos del la Rambla del Poyo y Saleta están en marcha.