El inquietante precedente de las inundaciones en la Vega Baja

Uno de estos últimos ejemplos es el de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que el pasado 2019 anegó parte de la comarca de la Vega Baja. Algunas voces han querido poner el foco en este episodio como ejemplo a evitar en la recuperación de una zona tras una catástrofe. Es el caso del Partido Popular, cuyo diputado en Les Corts Fernando Pastor considera que el Plan Vega Renhace de la Generalitat «ha sido una tomadura de pelo y ponerlo de ejemplo para las ayudas por los grandes incendios es una mala noticia para los afectados».

Pastor ha pronunciado estas palabras después de que el president Ximo Puig anunciara que las medidas del Consell para ayudar a los municipios afectados por los incendios de Bejís, la Vall d'Ebo y Les Useres serían similares a las del plan que tenía por objetivo paliar las consecuencias de la DANA que sufrió la Vega Baja.

«Desde luego, y con lo que sabemos ahora, poner de ejemplo el Plan Renhace es más que desafortunado. Los agricultores que han pedido campos y las personas que viven del turismo y ven arruinados sus negocios no pueden esperar años», ha señalado.

Según apuntan desde el Partido Popular, hasta el 80 % de las partidas que recogía este plan eran «ajenas a la DANA». «De un total de 88 proyectos, solo el 20 % tenían algo que ver con la reparación de los daños de la DANA para las comarcas del sur de Alicante. El resto de proyectos, 70 sobre los 80 del listado total, son proyectos impropios», afirma Pastor. «Lo mismo ocurre con la inversión: de los 107 millones totales, solo 35 millones son de verdad para la reparación de daños del temporal».

El diputado popular considera que el plan destinado a la Vega Baja «fue un truco de Puig» y añade que a la hora de la verdad «se ha convertido en un cajón de sastre en el que se han incluido obras que ya estaban presupuestadas con anterioridad y otras que nada tenían que ver con las consecuencias de la DANA».

El popular también señala que entre las obras incluidas en el plan se recogían actuaciones de reforma y construcción de colegios e institutos y que corresponden al Plan Edificant, obras en carreteras que no resultaron afectadas por el temporal y obras de centros de salud que debían haber estado hechas con anterioridad o bibliotecas. «No es justo para los afectados por una DANA o por un gran incendio que se les prometa un plan específico para dar ayudas y a la hora de la verdad resulte un compendio de actuaciones que nada tienen que ver con el objetivo inicial».

El ejemplo más reciente de declaración de zona catastrófica hay que buscarlo en la erupción del volcán de la Palma. La declaración se produjo en septiembre del pasado año, y en aquella ocasión el Gobierno aprobó un paquete de medidas (tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y largo plazo) destinadas a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de la Cumbre Vieja y a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras.

En total, se anunció una inversión de 10,5 millones de euros (a través de una ayuda directa al Gobierno de Canarias) para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas para el realojo de las personas que habían perdido su hogar de residencia tras la erupción volcánica y para la adquisición de enseres de primera necesidad.

Hace justo una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la isla por décima vez tras la erupción del volcán. La visita se produjo en un contexto de descontento por parte de la sociedad civil de la isla, que afea al gobierno la «incertidumbre» que se está produciendo sobre lo que va a pasar a corto o medio plazo con las ayudas económicas. Este es el sentir que transmitían a principios de verano desde la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, denunciando un «desconocimiento total sobre si existirán más ayudas económicas o bonificaciones y de cómo se procedería a su pago».

Según las indagaciones hechas por la propia asociación, cumplidos diez meses desde el inicio de la erupción y siete desde su finalización, las ayudas para la compra de enseres solicitadas a principios de año «aún no se habían entregado todas», así como tampoco las ayudas de 10.000 euros prometidas por el Cabildo.

Un caso extremo en el retraso de dar solución a una tragedia se da también en la conocida como Pantanada de Tous. Cuando están a punto de cumplirse 40 años de la rotura de la presa que inundó la Ribera, todavía queda pendiente solucionar el problema de los créditos ICO que algunos damnificados solicitaron para hacer frente a la gran cantidad de pérdidas que sufrieron. En total son 33 los expedientes que quedan abiertos y que la justicia reclama su pago, pese a que en 2008 el Consejo de Ministros aprobó condonar estas deudas, cuando eran menores, y en el resto de casos perdonar los intereses.

Y es que debido a la gran cantidad de años que han pasado desde la solicitud de estos préstamos, los intereses suponen una cifra mucho mayor que el capital inicial. Estas deudas suponen un problema para los afectados, muchos de ellos personas muy mayores o incluso herederos, que no ahora están inmersos en un proceso judicial muy complicado que se está intentando solucionar por la vía política.

Otros caso llamativo es el de Lorca, cuyos vecinos han tenido que esperar hasta 11 años para que se iniciara la renovación urbana de la 'zona cero' tras los terremotos que sufrió la ciudad en mayo de 2011, concretamente en el sector sur de La Viña. Esas obras empezaron el pasado mes de abril, un año más tarde de que el gobierno regional de Murcia anunciara una subvención por valor de 11,2 millones de euros con la que abordar «la recta final» de la reconstrucción de la ciudad.