Centro de salud de Torrent. I. Marsilla

La Inspección insta a Sanidad a reducir la atención telefónica

Un informe que analiza la situación del sistema valenciano entre 2019 y 2022 considera que se abusa de esta práctica así como de la cita previa

Lunes, 8 de enero 2024, 00:54

La pandemia de coronavirus puso, entre otros muchos, al sistema de salud valenciano al límite. Durante varios meses la presión en hospitales y centros ... de salud fue constante y se tuvieron que desarrollar a toda velocidad prácticas a las que gran parte de la población no estaba acostumbrada. Una de ellas es la atención telefónica, que se sigue utilizando hasta el punto de que se puede abusar de ella.

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Así lo constata la Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat en un informe que analiza el período comprendido entre 2019 y 2022 y los cambios producidos durante el mismo. Unos años bajo el mandato del Botánico y marcados por el Covid en los que se crearon prácticas que en gran medida se mantienen en la actualidad. En especial estas consultas telefónicas que, aunque pueden ser útiles en momentos puntuales, no pueden llegar a sustituir la atención presencial.

Por ello, el órgano fiscalizador, tras realizar un exhaustivo análisis y agradecer el papel de esta medida en momentos críticos, asegura «que debe limitarse y reducirse drásticamente» su uso. Porque para la IGS es fundamental priorizar la atención presencial en atención primaria al tener claro «que es la preferida por la ciudadanía» y recuperar así la alta capacidad de respuesta que ha tenido y tiene este nivel de atención.

El otro punto llamativo que se pone encima de la mesa es la cita previa, que también se extendió con la pandemia y ha llegado para quedarse. El problema es que se ha detectado que a veces se impone su uso y para los inspectores siempre debe ser «un medio complementario y voluntario», por lo que piden revisar la normativa.

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«Todos los centros tienen que garantizar la atención presencial a aquellos pacientes que la pidan o acudan sin cita», afirman. Se considera que en su día estas prácticas «tenían su justificación en las fases más álgidas de la pandemia» y nadie las cuestionaba, pero creen que no se pueden extender sin más. «Cuando la cita previa se hace obligatoria y no es posible recibir la atención sanitaria demandada para determinados problemas de salud la ciudadanía busca sus propias soluciones, acudiendo a centros privados o saturando las urgencias de los hospitales públicos, con las repercusiones evidentes que eso tiene», sentencian en un duro párrafo.

De la misma forma, se pone en valor que se hayan desarrollado agendas a través de la web y las aplicaciones móviles. Pero en un tono similar al anterior se reprocha que esto acabe perjudicando a los sectores de la población que tienen más problemas con las nuevas tecnologías. Por todo ello, se propone actualizar y dictar «nuevas instrucciones a normalizar la organización y el funcionamiento para recuperar la prestación de servicios anterior a la pandemia».

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Demoras

Más allá de centrarse en estas actuaciones que han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, desde la IGS también se aprovecha para destacar otro punto clásico. Se reclaman «medidas urgentes para reducir drásticamente las demoras en las consultas de atención primaria tratando de conseguir el objetivo de no superar los dos días como máximo». Un dato que está muy lejos de ser una realidad hoy por hoy. «Hay que recuperar y hasta superar los niveles de atención presencial anteriores a la pandemia», remarcan.

El organismo no entra en las demandas clásicas de solicitar más personal para que esta y otras cuestiones puedan ser una realidad, aunque sí insta a cumplir esta y el resto de recomendaciones. De forma paralela, insta a potenciar el papel del personal de enfermería, algo que se ha hecho con medidas como que puedan prescribir medicamentos puntuales como paracetamol o ibuprofeno.

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Por otro lado, se pide aprender de la experiencia de los últimos años «y quedarse con aquello que ha tenido un impacto positivo». En concreto, los inspectores citan desburocratizar la actividad de profesionales médicos y de enfermería. Algo que consideran que pasa por revisar el papel de los servicios administrativos de cada centro. Toda una serie de medidas que tienen el objetivo de prestar un servicio sanitario a la altura de las circunstancias.

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