La Inspección de Trabajo exige una revisión de la estructura de los colegios dañados por la dana

El oficio explica que, tras la denuncia, se realizó una visita de inspección en la Dirección Territorial de Educación de Valencia, que facilitó los informe técnicos realizados en su día por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), cuyos técnicos «tras visitar las instalaciones afectadas, valoraron sus condiciones materiales de trabajo, identificaron sus deficiencias, relacionaron los riesgos de seguridad observados y recomendaron la adopción de medidas correctoras».

Desde la Inspección de Trabajo, dependientemente del ministerio, se argumenta que los informes concluían «con unas recomendaciones acerca de la adopción de medidas correctoras, sin que conste, tras su emisión, la elaboración de la preceptiva planificación preventiva de las mismas con el objeto de subsanar las deficiencias detectadas y controlar los riesgos identificados».

Por ello, «constatándose por el actuante deficiencias en seguridad y salud» se formula una serie de requerimientos con diferentes plazos para su ejecución (dos meses como máximo).

El primero plantea adaptar la evaluación de riesgos laborales a los cambios a los que haya obligado la afección de la dana, incluyendo un protocolo de actuación que especifique las medidas a adoptar ante fenómenos meteorológicos adversos. El objetivo es «hacer efectivo el derecho a una protección eficaz del personal que, por necesidades del trabajo presencial, deban realizar desplazamientos en estas condiciones atmosféricas, para lo que se tendrá en consideración los avisos, alertas y/o recomendaciones emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) u órgano autonómico equivalente».

El resto de peticiones se relacionan con el hecho de que «no se haya documentado» la ejecución de las medidas preventivas contenidas en los informes del Invassat. Por ello el oficio pide que una empresa o técnico certifique, «previa revisión de sus condiciones materiales, que la seguridad estructural de los edificios no se ha visto afectada por los efectos provocados por la fuerza del agua y las inundaciones y, por lo tanto, que cuentan con la solidez, estabilidad y resistencia apropiadas para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos». Además, exige que los vallados, cerramientos y puertas metálicas que no se encuentren en «condiciones adecuadas» sean objeto de valoración y reparación, «a fin de evitar su desplome o derrumbamiento».

También reclama que se acredite documentalmente que la instalación eléctrica de baja tensión de los centros «no ha sufrido daños y se encuentra en condiciones de uso», para lo que también deberá intervenir una empresa autorizada o técnico competente. Lo mismo se plantea para «el resto de las instalaciones como climatización, antiincendios, calderas, ascensores o gas, verificando que sus actuales condiciones de funcionamiento se ajustan a las especificaciones de sus respectivos proyectos, adoptándose, en caso contrario, las medidas que resulten procedentes de conformidad con su reglamentación técnica».

Otra de las peticiones tiene que ver con las condiciones higiénicas, instando a eliminar «las filtraciones de agua, los problemas de humedades, moho y desconchones en paredes y techos que todavía puedan persistir, debiéndose certificar tras la limpieza su higienización o desinfección por empresa especializada».

«Todas las medidas que requiere Inspección de Trabajo están reguladas en la normativa de prevención de riesgos laborales. Por tanto, como denunció el STEPV, la conselleria ha hecho, nuevamente, dejadez de funciones en medidas de prevención para sus trabajadores y para el alumnado», denuncia la organización sindical, que realizará «un seguimiento detallado del cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos» planteados y «actuará en consecuencia en caso de incumplimientos».