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«El sistema de control oficial valenciano es bastante exigente, pero no sería imposible que en la Comunitat sufriéramos un caso como el desatado con la crisis de listeria por la carne elaborada en Magrudis». La presidenta del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), Inmaculada Ibor, valora la vigilancia que se lleva a cabo en la región de la industria alimentaria, pero no descarta situaciones similares a la vivida en Andalucía.
En esta línea, inspectores autonómicos -en concreto, veterinarios de salud pública- concretaron a LAS PROVINCIAS que en la Comunitat «tenemos una capacidad de reacción bastante buena, pero una capacidad de vigilancia limitada». La falta de personal, de medios y de vehículos está lastrando la actividad de estos profesionales, que reclaman un incremento de las plantillas y más dotaciones.
30.089 inspecciones en establecimientos de alimentación se llevaron a cabo a lo largo del año pasado
1.340 sanciones se interpusieron a estos negocios el pasado ejercicio en la Comunitat
148 denuncias recibieron las empresas de alimentación valencianas a lo largo del año 2017
382 inspectores de Salud Pública (entre veterinarios y farmacéuticos) componen la plantilla
En la actualidad, 382 inspectores de Salud Pública (entre veterinarios y farmacéuticos) llevan a cabo más de 30.000 inspecciones y unas 100.000 visitas a establecimientos relacionados con la industria alimentaria, una ingente tarea que se traduce en unas 1.300 sanciones y la clausura de medio centenar de negocios por deficiencias higiénico-sanitarias anualmente. «Tenemos carencias, estamos un poco desbordados y necesitamos más recursos. Por ejemplo, nos vemos obligados a reducir el número de visitas y las focalizamos en los establecimientos que puedan tener más riesgos o problemas. Vamos trampeando porque estamos escasos de personal», relataron fuentes de la plantillas. Además, parte de estos inspectores tienen que trasladarse a las empresas y negocios con sus vehículos particulares, puesto que no hay suficientes coches para todos, y todavía cumplimentan las actas de inspección a mano (aunque está previsto que puedan contar con tablets a comienzos del próximo año). Asimismo, lamentan que, frente al personal sanitario, no cobran nocturnidad, pese a que buena parte de ellos, sobre todo los que tienen que acudir a los mataderos, trabajan de noche. «Hemos tenido problemas y brotes que la población no se ha enterado porque la reacción ha sido muy rápida, pero puede pasar algo que no se detecte a tiempo», resumieron.
En esta línea, desde la asociación Convergencia Cívica Valenciana, mostraron su preocupación por «la precariedad laboral y las condiciones de trabajo» de este personal. Sobre los veterinarios dedicados a la inspección de mataderos «debería reconocerse la especial penosidad, peligrosidad y turnicidad de las tareas realizadas. Es básico un modelo retributivo acorde con esas particulares condiciones laborales». Además, consideran necesaria oferta de empleo público «que estabilice a un personal que en muchos casos llevan más de una década de servicio».
Por otra parte, Ibor recordó que «el control de la seguridad alimentaria arranca en la producción primaria y debe mantenerse en toda la cadena alimentaria, es decir: 'de la granja a la mesa'. Los criterios científicos, normativa europea e informes de expertos refrendados por la OMS y la OIE, destacan que es imprescindible contar con estructuras sanitarias muy coordinadas y con profesionales especialistas, que aborden las crisis de forma integrada». Por tanto, la creación en la Comunitat de una agencia de seguridad alimentaria, «que aúne los servicios veterinarios oficiales de Agricultura y Sanidad, es fundamental para garantizar la calidad, coherencia y eficiencia de los controles, y se proteja así la salud humana».
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