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Una maestra instruye a su alumno, en una imagen de archivo. Manuel Molines

Los inspectores piden que los alumnos de Primaria también puedan elegir en qué lengua hacen los exámenes

USIE-CV hace una valoración positiva de la nueva ley de libertad educativa al considerar que garantiza derechos constitucionales

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 4 de abril 2024, 00:05

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE-CV), que representa aproximadamente al 90% de los profesionales que ejercen en la Comunitat Valenciana, planteará un cambio en la proposición de ley por la que se regula la libertad educativa, presentada a finales de marzo ... por el PP y Vox. Se trata de extender el derecho a elegir la lengua oficial (castellano o valenciano) en que se realizan los exámenes a los alumnos de Primaria, teniendo en cuenta que la primera versión del texto sólo contempla esta opción en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato. La organización aprovechará el plazo de consulta pública de la proposición para trasladar su propuesta.

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Tal y como explican fuentes del comité ejecutivo del sindicato, aunque al acabar la Primaria el estudiante no consigue ningún título, al contrario de lo que sucede en las etapas posteriores -de ahí el blindaje que se incluye en la ley- «gran parte de las dificultades lingüísticas de los estudiantes se dan en las primeras etapas». Dicho de otra forma, se pretende que los alumnos más pequeños también puedan recurrir a su lengua materna a la hora de afrontar las pruebas de evaluación, independientemente de la que se utilice para impartir la materia, de manera que la calificación se derive exclusivamente de la asimilación de los contenidos y los criterios de evaluación del docente.

La proposición de ley no sólo supone una enmienda a la totalidad al modelo lingüístico aplicado por el Botánico, pues incluye muchos más aspectos, como la obligación de que los centros faciliten sus comunicaciones en formato bilingüe, la flexibilización de la exención del valenciano, especialmente en las zonas castellanohablantes, la posibilidad de obtener títulos oficiales en la lengua autonómica por superar la materia en las diferentes etapas (para los no exentos) o la relajación del requisito lingüístico en Formación Profesional y enseñanzas de Régimen Especial.

Respecto a la lengua de los exámenes, el artículo 20 deja claro que esta opción se limita a las asignaturas no lingüísticas (todas menos Castellano, Valenciano o la extranjera), y se refiere a cualquier prueba de evaluación, tenga carácter parcial o final.

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Pese a la enmienda planteada, USIE-CV hace una valoración «muy positiva» de la proposición de ley, alegando que «se garantizan derechos constitucionales, se fomenta el valenciano sin imposiciones, se respeta la libertad de elección y se otorga una mayor seguridad jurídica a los centros y a la administración».

En este sentido cabe recordar que la Generalitat ya ha recibido sentencias contrarias por no permitir que alumnos realicen sus exámenes en la lengua oficial de su elección, sin olvidar las reiteradas resoluciones del Síndic de Greuges instando a los centros a emitir comunicados bilingües sin necesidad de que lo solicite el interesado, o las anulaciones judiciales de algunos programas lingüísticos que emanaron de la Ley de Plurilingüismo del Botánico por no respetar una proporción razonable entre valenciano y castellano.

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A juicio del sindicato, la ley preserva derechos constitucionales al permitir que las familias puedan elegir la lengua base de enseñanza (la mayoritaria), en contraposición con el modelo único vigente, que depende de los representantes del consejo escolar, «que tienen libertad para elegir lo que consideren sin que esté ligado al grupo al que representan».

También se destaca que se facilita la iniciación en la lectoescritura en Infantil y Primaria en la lengua materna (la elegida por la familia), así como «el avance notorio hacia una inclusión real y no demagógica, ya que se respeta la lengua base del alumnado con necesidades educativas especiales independientemente de la modalidad de escolarización», a diferencia de la situación actual, en la que «se otorga mayor importancia al proyecto lingüístico de centro que a las características del alumnado».

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Además, USIE-CV pone en valor que se fomente «el aprendizaje del valenciano mediante certificaciones acreditativas de carácter oficial», mientras que actualmente «lo impone independientemente de la cultura y naturaleza de la zona donde se encuentre ubicado el centro». También se destaca que se restituya el derecho a la exención de la asignatura, tal y como se interpretaba antes de los cambios introducidos por los gestores anteriores, manteniendo esta opción, sine die, en las pruebas de acceso a la universidad.

Por último, en cuanto a la lengua de los exámenes, aunque se interprete que el derecho está incompleto a tenor de la propuesta que se trasladará, la organización defiende que con la nueva ley «se prioriza el aprendizaje de los contenidos», teniendo en cuenta que «en muchas ocasiones los alumnos son conocedores de los mismos pero tienen dificultades para expresarse en una de las lenguas cooficiales, siendo por lo tanto un planteamiento inclusivo».

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