Sin rastro de 12 menores en la Comunitat

La más pequeña de entre los menores ausentes sólo tenía 1 año en el momento en que se denunció su desaparición. Su rastro se pierde a finales de octubre de 2019, en la localidad valenciana de Vilamarxant. Hoy, casi cuatro años después, su foto y rasgos siguen en el listado del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo de Interior que centraliza el problema. La investigación del caso está en manos de la Policía Nacional.

Estas ausencias, las de los menores, se reparten en el tiempo entre el caso más antiguo en vigor, el de Gloria Martínez, y la más reciente desaparición, la de la joven Carmen, de 16 años, una chica de pelo liso, rubio y corto. A ella se le busca desde hace apenas un mes, con una denuncia presentada en Elche. Es un asunto también bajo competencia de la Policía Nacional.

Mientras algunos casos se aclaran y se descuelga el cártel, el de Gloria sigue anclado al pasado. Una espina en la historia criminalística valenciana. Su desaparición se produjo el 29 de septiembre de 1992, en Alfàs del Pi, cuando contaba con 17 años. Si sigue viva hoy tendría 48. Pero eso no se ha podido establecer en tres décadas y su rostro sigue expuesto a la esperanza.

Gloria era buena estudiante. Combinaba COU (el antiguo curso de orientación universitaria) con el aprendizaje del piano. Ingresó en la antigua clínica antiestrés Torres de San Luis por recomendación psiquiátrica, para someterse a un tratamiento contra un cuadro psicótico que le provocaba reacciones de pánico.

La chica llegó a la residencia acompañada por sus padres. Horas después sufrió una crisis, la ataron a la cama y le inyectaron medicación. Sobre la una de la madrugada pidió ir al cuarto de baño, momento que aprovechó para escapar, según las investigaciones.

Los responsables de la clínica declararon que debió de huir tras saltar un muro, pero esta versión nunca convenció a los progenitores. La investigación de la Guardia Civil no aclaró si murió aquella noche o está viva. Una hipótesis fue la del crimen. Un hombre aseguró haber visto a la menor en una gasolinera de Altea y se planteó la posibilidad de que alguien la invitara a subirse a su coche con malas intenciones. Pero nada hay fehaciente.

El caso tuvo su carpetazo judicial en 2008, pero sin responsable penal alguno. La Audiencia de Alicante condenó por la vía civil a la empresa gestora del centro y a la psiquiatra que prescribió el tratamiento, como responsables por la falta de seguridad del establecimiento.

«No hemos dejado de buscar. Siempre que hay una persona desaparecida seguimos haciéndolo», remarcan desde la Guardia Civil de Alicante ante la consulta de este diario por el caso de Gloria. «Por ejemplo, si ahora hubiera un nuevo indicio sobre su paradero o se identificara a una mujer y fuera ella inmediatamente daríamos cuenta al juzgado encargado», destaca un portavoz de la Benemérita en la provincia.

Pero eso no ha sucedido y las hojas del calendario caen sin respuestas. Silencio, ausencia y tiempo, tres yugos que hacen eterno el sufrimiento de quien tiene a un ser querido en paradero desconocido. Como Lorena o Andrés, otros nombres de adolescentes a los que las fuerzas de seguridad buscan tras desaparecer en la Comunitat.

En las ausencias de los menores se esconde, en un buen número de casos, la compleja realidad de las fugas de centros públicos valencianos de reforma (por la comisión de delitos) o acogida (por la situación de desamparo o riesgo en su familia).

Un ejemplo es el de Moussa, de 14 años, cuya desaparición denunció un centro de acogimiento residencial de Segorbe el 16 de agosto de 2021. Según fuentes de la Guardia Civil, «el muchacho dijo que iba a dar un paseo y ya no regresó a la hora de comer». Como es lógico, el director del centro se preocupó y denunció los hechos a la Benemérita.

Comenzó así una investigación cuya siguiente pista fueron unos mensajes de What's app, aparentemente del propio Moussa al director, en los que decía que estaba en Francia con su familia. Los agentes han seguido este cabo «e incluso los agentes han solicitado colaboración de la Policía» en el país vecino «para que se confirme este extremo y verificar que el menor se encuentra bien».

Sin embargo, aún no ha habido respuesta. Y esta es la razón de que Interior siga difundiendo sus datos públicamente en busca de una localización, casi dos años después. Aunque todos los flecos apuntan a una fuga voluntaria, la Guardia Civil no puede darlo por hecho «e incluso se le sigue buscando por aquí» por si realmente no ha salido de España.

A consultas de este diario, ni el Ministerio de Interior ni las fuerzas de seguridad aclaran cuál es el nivel de riesgo o consideración de la desaparición (voluntaria o forzosa) asignada a cada uno de las 29 casos de desaparecidos en la Comunitat expuestos públicamente por el CNDES.

Anabel Carrillo es la directora de la Fundación Europea por la Personas Desparecidas QSDgloblal, que este viernes conmemora el 9 de marzo con sus premios anuales y encuentros con familias en Madrid. Según destaca, la Comunitat figura en quinta posición de España en denuncias por desaparición de menores. «Pero Valencia», matiza, «está entre las provincias con una cifra más alta». En estos momentos son cinco los asuntos activos en esta parte del territorio, cinco bajo investigación de la Guardia Civil y otros dos, de la Policía Nacional.

«Desde que hay registros», ahonda Carillo, «los casos de menores desaparecidos disparan las estadísticas. Entre los 13 y 17 años representan más del sesenta por ciento». La mayoría son fugas. Sus protagonistas «están huyendo de ambientes familiares complicados o centros de menores». También de casos de «maltrato físico o psicológico, abuso sexual, violencia de género o acoso escolar», estima Carillo. Casi todos se resuelven en pocos días, «pero pueden haber vivido episodios de riesgo o circunstancias peligrosas», lamenta la experta.

Para Carillo hay un problema de fondo: «Más de 35.000 menores viven tutelados en España. La mitad, en centros». Las consecuencias de vivir durante años en centros y sin figuras de referencia «son nefastas para su desarrollo». Y su necesidad de escape «es muy alta». Y el acogimiento familiar, que se pretende prioritario por sus mayores beneficios, «continúa sin ser la principal opción», denuncia la fundación.

Según destacan desde el CNDES, las desapariciones de menores «implican un riesgo muy alto para su integridad física y moral». Además, «producen estrés, sufrimiento familiar y conllevan un fuerte e intenso trabajo policial».

En España, cada 30 minutos se denuncia una desaparición y seis de cada diez casos son niños o adolescentes, según el organismo gubernamental. La franja crítica es la comprendida entre los 13 y los 17 años. El 90% de estas ausencias de menores acabaron resueltas en 2021. Pero un 10% se estancan en el tiempo.

Como el caso de Luna. El mismo día en que se conmemora la jornada por los desaparecidos se perdió el rastro de esta niña de 7 años en Alicante. Nada se sabe de ella desde el 9 de marzo de 2022. Dos años después, la imagen de esta pequeña, delgada, de ojos marrones y pelo largo y castaño, sigue difundida por Interior como menor desaparecida.

También perdura la búsqueda del pequeño Manolo, un niño moreno de 12 años y ojos negros ausente desde 2021 por las mismas fechas. Su desaparición se ubica en Torrent y su ausencia responde a otra fuga de un centro de menores, según aclara la Policía Nacional. Lo mismo sucede con Ousama, de 17 años y cuyo caso se denunció en septiembre del año pasado en Gandia.

Ante la gran cantidad de fugas voluntarias y las angustias personales que esconden, la reciente campaña 'Enciende la Luz' de Interior pretende trasladar a jóvenes y adultos un mensaje muy claro: evitar el castigo y la confrontación. «Los pasos que has dado no te definen», «no serás juzgado» o la mayor vulnerabilidad en la calle son ideas que Interior pretende que calen para frenar el aluvión de casos. Al igual que lanzar una llamada a la confianza de los chavales en las Fuerzas de Seguridad, si es que huyen de un peligro en su hogar.

Hacer frente de manera eficaz a las desapariciones y reducir su número es el objetivo marcado en el I Plan Estratégico del centro nacional. Según Carillo, los retos pasan por «mejorar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, realizar campañas de prevención que incidan en colectivos vulnerables, describir perfiles de riesgo o incorporar más tecnologías en las investigaciones».

Según la directora de QSDglobal, Las familias de los desaparecidos todavía anhelan una ley para impulsar «de una vez» el llamado estatuto de la persona desaparecida «para proporcionar una mayor atención a las familias, a los propios afectados y para dar respuesta a una antigua y caótica legislación en esta materia».

De entre los desaparecidos adultos surgen dramas como el de Félix José Esquerdo Martínez, un alicantino de 34 años con vida completamente normalizada, familiar, con trabajo estable y gran apego a su madre al que la tierra parece haberse tragado desde el 2 de octubre de 2020.

La persona de más edad en la lista de desaparecidos valencianos es María Sierra González, de 72 años. Fue vista por última vez el 1 de agosto de 2021 por la plaza España de Gandia y sus familiares creen que puedo haberse despistado o mareado, quizá desorientada por su medicación. Hasta la fecha, los rastreos policiales no han dado resultado y su paradero sigue siendo un misterio.

El último informe estadístico de Interior resume los datos de 2021. Ese año la Comunitat Valenciana fue la quinta región de España con más denuncias de desaparición acumuladas: más de 2.000 a lo largo del año. La mitad se concentraron en la provincia de Valencia. Al finalizar el periodo de análisis había en la región 530 casos activos. De ellos, 309 eran adultos y 221, niños o adolescentes.