Interior incumple con el refuerzo de la Autonómica y sigue perdiendo policías

El pasado 18 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasaron juntos revista a los agentes de la Policía Autonómica. Fue un día de abrazos, apretones de manos y conmemoración de los 25 años de la unidad policial valenciana. Hubo honores, hermosas y biensonantes palabras de agradecimiento y un pacto formal: elevar el número de agentes, de una vez, a los 500 que por catálogo de puestos le corresponde desde hace años a la región. Cuando se escenificó y redactó la promesa entre ambos mandatarios el cuerpo autonómico contaba con 393 agentes en sus filas.

El anuncio simbolizaba una muestra de cordialidad, buenas intenciones y encuentro entre poderes amigos socialistas tras las anteriores reclamaciones de Puig al exministro popular Juan Ignacio Zoido por la falta de agentes. Sin embargo, la realidad hoy, meses después de aquella 'cumbre', es que la Policía Autonómica se sigue vaciando sin que nadie lo remedie: cuenta exactamente con 387 policías, según las últimas cifras facilitadas por Emergencias, de la que depende el cuerpo. Son seis policías menos de los que había cuando se selló el nuevo convenio y las legislaturas de unos y otros se desdibujan de cara a elecciones sin que la Comunitat haya recibido la más mínima inyección de agentes regionales.

Para comprender el problema hay que viajar en el tiempo. El 22 de junio de 1992 nació el acuerdo administrativo entre Interior y la Generalitat en materia policial, que ha sido renovado en distintas ocasiones. La orden por la que se adscribe una unidad de la Policía Nacional a la Comunitat data de septiembre de ese año. Posteriormente se realizaron modificaciones y prórrogas, pero desde 2007 no se renovaba, indicaron en su día fuentes de Emergencias. Con el arranque de la legislatura autonómica que ahora toca a su final se iniciaron las actuaciones para elaborar un nuevo convenio.

Fue en enero de 2016 cuando una resolución del director de Emergencias acordó iniciar el procedimiento para la elaboración de dicho convenio. Dos meses después, la Generalitat solicitó a la Dirección General de la Policía (DGP) que se convocara la comisión mixta prevista en el acuerdo o una comisión técnica para abordar el asunto. El objetivo era «elaborar entre ambas administraciones un borrador que sirviera de base para la redacción del nuevo convenio», explicaron desde el departamento autonómico.

El 30 de mayo de ese año hubo al fin una reunión. Asistieron el subdirector general del gabinete técnico de la Dirección General de la Policía, la comisaria coordinadora de las unidades adscritas y otros responsables policiales. Por parte de la Generalitat asistieron la subdirectora general de seguridad, el comisario jefe de la unidad, Álvaro Rodríguez, y la abogada coordinadora de la abogacía en Presidencia. Pero entonces la DGP aludió a la situación de interinidad del Gobierno central, en aquel momento, y a la inminencia del proceso electoral del 26J de 2016.

Finalmente, el 16 de febrero de 2017, con los populares ya en el poder, hubo una nueva cita de poderes. Asistieron el Director General de la Policía y el responsable de Emergencias, José María Ángel, entre otras autoridades. De nuevo, buena voluntad de que se firmara el convenio lo antes posible, pero sin más avances. Y mientras, el cuerpo autonómico perdiendo policías de manera continua.

El deseado acuerdo llegó al fin en septiembre de 2018 y lo suscribieron Puig y Grande-Marlaska. Fue en una fecha en la que el cuerpo autonómico contaba exactamente con 393 policías en vez de los 500 que le corresponde. Ya teníamos convenio pero, en la práctica, no ha servido de nada. La prueba más evidente es que, a día de ayer, había exactamente 387, y los cometidos siguen siendo los mismos.

El número máximo de efectivos que ha llegado a tener la Policía de la Generalitat es de 483. En los últimos años se aprecia un descenso en picado de personal. Esta pérdida de efectivos se explica por la jubilación de policías en un cuerpo de función regional en el que los agentes más veteranos se incorporaron hace ya 25 años. También por los ascensos o traslados. En sencillo resumen, salen, pero no llegan nuevos.

Los responsables de Emergencias llegaron a afirmar en su día que una buena ratio para los cinco millones de habitantes con los que cuenta la Comunitat se situaría en 650 efectivos, pero en el convenio de 2018, aceptado por Puig, se habla sólo de medio millar. Y se anunció que esa cifra se alcanzaría antes de 2020. Transcurridos casi siete meses, llega el parón el electoral y el tiempo se agota sin que, de momento, haya ni un atisbo de refuerzo.

En época de gobierno popular, y en diferentes discursos, Puig insistió en una «mejor financiación» para ampliar las competencias de la Policía Autonómica. Resaltó, por ejemplo, que el cuerpo ha ido creciendo «poco a poco en la defensa de nuestro patrimonio natural y cultural». La duda ahora radica en saber si el apretón de manos del 18 de septiembre fue un paripé entre socialistas o si el papel firmado y las sonrisas servirán para impedir que nuestra policía regional se desangre aún más.