La jubilación del 40% de los catedráticos pone en jaque la experiencia universitaria

Uno de los retos que afrontan las universidades públicas españolas, y entre ellas las valencianas, es el relevo generacional. Las plantillas cada vez están más envejecidas, sobre todo a raíz de las políticas restrictivas de la crisis que provocaron un llamativo crecimiento de la edad media. Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación (ahora de Ciencia, Innovación y Universidades), en el 2012-2013 se situaba en 46 años para el conjunto del personal docente e investigador (PDI), mientras que en el 2016-2017 alcanzó los 49. La misma tendencia, pero con edades más altas, se observa entre los funcionarios -dejando de lado al personal con vinculación laboral- pues el promedio pasó de 50 a 53.

La estadística, aunque quede desfasada al llegar sólo hasta el curso citado, también permite hacerse una idea del problema que suponen las jubilaciones, cada vez más numerosas. Entre el PDI funcionario está en edad de acogerse a la misma el 22,3% del total, porcentaje que para los catedráticos se dispara hasta el 39%. De los 1.287 profesionales del cuerpo universitario más alto, 512 tenían más de 60 años (se entiende que hasta setenta, límite para la jubilación forzosa), y por tanto, tenían la posibilidad de retirarse a lo largo de los siguientes ejercicios siempre que hubieran cotizado los suficientes años. La misma realidad se daba entre los catedráticos de escuela universitaria (40 de 101). En cuanto a los profesores titulares, el escalafón anterior, la situación era algo más halagüeña: 14,3% y 22,9% para los de escuela universitaria.

La principal consecuencia de esta tendencia es la pérdida de capital humano con experiencia en las aulas y con elevada capacidad investigadora. La misma estadística revela que son los catedráticos los que suman mayor número de sexenios: 3,9 de media sobre un total de seis. Se trata de un complemento productivo que acredita la participación en proyectos científicos durante periodos de seis años.

Reponer por abajo el personal que se pierde por arriba no es tarea fácil. «No se crea un profesor en un día ni en un año», ejemplifica el vicerrector de Profesorado de la Universitat de València, Ernest Cano. «Se precisa de un periodo largo de formación, de investigación, de acumulación de méritos... las decisiones que tomemos ahora podrán influir dentro de varios años. Es algo que no se improvisa», añade.

En el caso de la Universitat, tratan de convertir las vacantes que quedan libres en plazas de ayudante doctor, la figura que actúa de puerta de acceso a la carrera docente. Y siempre compatibilizándolo con la creación de plazas para la promoción de otros colectivos (por ejemplo de titular a catedrático o de contratado doctor a titular) y con la cobertura de las necesidades docentes de los departamentos, que en algunos casos son alarmantes y precisan de otras figuras laborales. Sobre todo a raíz de las políticas de contención del gasto que en la práctica han limitado la renovación.

El objetivo de la universidad pasa por estabilizar a los profesores que va formando, aunque no siempre es posible. Para conseguirlo, y de paso evitar la desfuncionarización -que hagan carrera en sus departamentos- se reclama la eliminación de la tasa de reposición de efectivos. En años anteriores se situaba en el 10% o el 30% (sólo se podía recuperar una o tres de cada diez vacantes, amortizando el resto), lo que ha provocado una pérdida de puestos llamativa. El último informe de la Crue la sitúa, en el periodo 2010-2016, en el 8,1% del PDI a tiempo completo. Si no existiera la tasa y se eliminara el límite legal de ampliar la plantilla con dedicación completa, se sacarían más plazas de las que se liberan, cumpliendo el objetivo de estabilizar a nuevas generaciones y cubriendo necesidades de docencia con figuras funcionariales (o que dan acceso a la función pública).

Sin embargo, Cano apunta a un problema añadido, la falta de financiación. En la actualidad, la Universitat dedica toda la subvención ordinaria pública a pagar nóminas del personal actual. Además, aboga por flexibilidad en la contratación de los profesores en formación, de manera que sea atractiva, tanto en condiciones laborales como en facilidades, por ejemplo, en cuanto a becas.

La vicerrectora de Planificación de la Politècnica, Consuelo Jiménez, explica que, en relación al PDI, estiman que en cinco años se jubilará el 18% del personal. «Implicará variaciones en las capacidades docentes y de gestión, alterando el régimen de funcionamiento de nuestra institución, de ahí que diseñemos acciones para mitigar estas consecuencias negativas». Por ejemplo, se planifican las «necesidades estructurales» de los departamentos y se diseñan «opciones de captación» que pasan por reponer plantilla atrayendo «profesionales jóvenes de alto potencial de crecimiento o investigadores relevantes».