Educación reactiva la limitación de carreras que ya prometió Marzà hace más de dos años

El Ministerio de Ciencia y Universidades ha creado una mesa de trabajo dedicada a la «reordenación de los títulos oficiales», tal y como desveló esta semana el titular del departamento, Pedro Duque, en su comparecencia en el Senado. El ministro destacó que la regulación actual, básicamente la que permitió la transformación de las antiguas licenciaturas y diplomaturas en grados de cuatro años, se ha quedado desfasada en algunos aspectos, y consideró que «la oferta académica debe crecer más cualitativamente que cuantitativamente a partir de ahora». Además, destacó que en la actualidad hay en funcionamiento 8.500 títulos oficiales en 1.046 facultades o escuelas.

Aunque de las palabras de Duque no se desprende que se vaya a aplicar la tijera pese a la cantidad de duplicidades (que aumentan si se incluye en la ecuación al sector privado) sí se da entender que se trabaja en algún tipo de limitación.

El ministro señaló que quieren implantar un nuevo proceso de acreditación y verificación más flexible que cuente «con la corresponsabilidad de las universidades». Se trata del procedimiento que pasar cualquier título oficial de forma periódica para poder mantenerse dentro de la oferta de una universidad. En este sentido, habló de cambios «tanto en la verificación inicial como en el seguimiento y acreditación de la calidad de los grados y los másteres».

En realidad la idea de la reordenación no es nueva, ni a nivel estatal ni autonómico. De hecho en abril de 2016 la conselleria anunció la creación de un «mapa de titulaciones» para evitar la sobreoferta y la saturación de determinados sectores profesionales, como el del Magisterio, con cerca de 3.000 graduados al año. Dos años y siete meses después sigue sin traducirse en medidas concretas. Desde el departamento autonómico no informaron a LAS PROVINCIAS si se maneja algún plazo para su puesta en marcha o en qué situación se encuentra.

Esta iniciativa tiene un antecedente que no tuvo muchos efectos prácticos: un acuerdo marco firmado en junio de 2013 entre el Consell y las universidades públicas que establecía varios requisitos para implantar carreras y másteres. En cuanto a los grados reconocía que la oferta era «adecuada» y «coherente tanto en su número como en su distribución territorial», con la mayoría de títulos con una demanda de nuevo ingreso aceptable.

Sin embargo, para futuras incorporaciones se fijó una restricción provincial (que ese grado no estuviera ya presente) y la exigencia de que al menos fuera solicitado por 50 alumnos. Eso sí, se permitían excepciones a la regla debidamente justificadas. El grado de Ciencia de Datos, que este curso ha empezado a funcionar en la Politècnica y en la Universitat de València es un buen ejemplo. Y lo mismo sucede con los estudios simultáneos de ADE y Derecho, que ya se ofertaban en la de Alicante y tras la firma del acuerdo llegaron a la Miguel Hernández. La propuesta de Medicina (Alicante), a la que sólo le falta el visto bueno del Consell, también pondrá a prueba el pacto, pues ya está consolidada en la institución de Elche.

En cuanto a los másteres, se estableció una ratio de 1,5 postgrados por cada grado asociado, una manera de evitar un crecimiento excesivo de esta oferta, en algunos casos necesaria para poder trabajar en determinados sectores. Eso sí, el parámetro se cumple a rajatabla.

De la misma época data el intento fallido de reformar el sistema universitario durante el mandato del ministro José Ignacio Wert, que encargó un informe a varios expertos que incluía entre sus puntos el relacionado con los títulos y que alertaba del exceso de duplicidades y del abuso del perfil de universidad generalista (que lo oferta casi todo). De ahí que abogara por fijar un número mínimo de alumnos o el fomento de grados compartidos.