La judicialización amenaza el megacontrato del transporte escolar valenciano

Como explican fuentes del sector del transporte de la Comunitat, una de las entidades licitadoras que optaron a este paquete de rutas, organizada en una Unión Temporal de más de setenta empresas (UTE), está valorando presentar un recurso de lo contencioso al considerar que se han producido errores en la valoración de la oferta ganadora. Esta UTE ha conseguido cinco de los seis lotes en los que se organiza el servicio en la provincia, por lo que el conflicto se centra en el restante, adjudicado a otra unión temporal capitaneada por el grupo gallego Transmonbús.

Los alumnos que estudian en colegios e institutos públicos cuyo centro de escolarización más próximo se encuentra a una distancia de tres kilómetros o no disponen de oferta en la localidad de residencia tienen derecho a disponer de una ruta de autobús, una situación que afecta a miles de estudiantes y que obliga a planificar cientos de trayectos. No en vano, el contrato para la prestación del servicio es el más grande de todos los que impulsa la Conselleria de Educación. Para hacerse una idea, el precio de licitación ha sido de 230 millones.

En cuanto al lote de la polémica, la adjudicación al grupo gallego se suspendió cautelarmente a finales de junio tras un recurso presentado por la citada UTE ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC). Se trata de una vía especial para resolver posibles irregularidades u errores en licitaciones públicas y que es previa a la opción judicial.

Sin embargo el órgano administrativo levantó la paralización la pasada semana tras desestimar la impugnación, de ahí que se valore acudir a los tribunales. Según fuentes del sector, se considera que durante el proceso «ha habido fallos en la comprobación de la disponibilidad real de los vehículos aportados» por parte de la adjudicataria.

Las licitadoras tuvieron de plazo hasta el 23 de enero para presentar al lista de vehículos que se asignarían para la prestación del servicio. En el recurso especial la entidad denunciante alegó que parte de los autobuses aportados estaban asignados a rutas de transporte regular operativas en Galicia en fechas posteriores al plazo límite citado, una información que pudieron obtener cruzando matrículas. Es algo que choca con la literalidad del pliego de condiciones, que sólo permite saltarse esta cautela si se presenta una declaración de compatibilidad de horarios, lo que parece complicado teniendo en cuenta la distancia geográfica entre comunidades.

En cualquier caso la resolución del TARC, que no se ha hecho pública, ha sido desfavorable. De haberse estimado y mantenido la paralización hasta el inicio del curso el 11 de septiembre lo lógico habría sido prestar el servicio con las empresas que lo hicieron hasta el curso pasado.

Por otro lado, otras empresas participantes en el concurso, en este caso a nivel particular, presentaron sendos recursos especiales contra la adjudicación de dos lotes alicantinos (de 16,8 y 12,4 millones) que también han sido desestimados.