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DANIEL GUINDO
Lunes, 13 de febrero 2023
El veto impuesto por la Conselleria de Sanidad al servicio de cirugía cardiaca del hospital de Manises, en tiempos en los que Carmen Montón aún dirigía el departamento autonómico, es historia casi cinco años después. Las quejas de los profesionales, de los pacientes y del ... propio centro no lograron que la Generalitat diera su brazo a torcer, por lo que finalmente ha tenido que ser un juez el que tumbe aquella decisión unilateral adoptada por el Gobierno regional.
En concreto, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha estimado el recurso interpuesto por la dirección del hospital en octubre de 2019 y ha declarado «contraria a derecho» la resolución de la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Conselleria de Sanidad que, en noviembre de 2018, denegó la autorización sanitaria para que el centro de Manises siguiera prestando el servicio de cirugía cardiaca.
La sentencia, por tanto, anula la citada resolución y reconoce el derecho del demandante, en este caso el hospital, a obtener la autorización para volver a ampliar su oferta con esta importante unidad asistencial, clave en los centros hospitalarios. Incluso condena al departamento dirigido ahora por Miguel Mínguez a abonar las costes procesales, que ascenderían a un máximo a 1.400 euros.
El fallo judicial es de junio de 2022, pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido el contenido de la sentencia, a poco más de un año de que expire el contrato de concesión del centro sanitario (en mayo de 2024), puesto que se trata de un departamento de gestión indirecta. Es más, siete meses después de la sentencia, la conselleria aún no tiene completamente definido cómo se abordará el cumplimiento del mandato judicial. «Estamos manteniendo conversaciones con la gerencia», han señalado a preguntas de LAS PROVINCIAS sobre este asunto.
Desde el hospital, por su parte, han declinado valorar esta supuesta victoria judicial, pese a que fue el propio centro sanitario de Manises el que, agotada la vía administrativa, recurrió a la judicial para intentar reconducir una situación que ha obligado a la derivación de los pacientes que requerían una intervención de estas características.
Los gestores del centro, en un primer momento, presentaron un recurso de alzada contra la resolución de la conselleria en la que denegó al hospital la autorización para que este servicio volviera a funcionar a pleno rendimiento, puesto que desde el veto de finales de 2018 únicamente permitía operaciones de emergencia, pero fue desestimado por Sanidad.
Ante esta respuesta, el hospital acudió a los tribunales porque no consideraba este acto administrativo «conforme a derecho» y resultaba «lesivo para los derechos e intereses legítimos» del departamento de salud, como argumentaron en el recurso. «Utilizamos los medios a nuestro alcance para recuperar ese servicio para nuestra población protegida y quien pueda necesitarlo y quiera venir a Manises», insistieron octubre de 2019. En aquel momento, sin embargo, a la concesionaria aún le restaban cerca de cinco años de contrato, frente al poco más de uno que tiene en estos momentos.
Además de los enfermos, los profesionales que componían la unidad de cirugía cardiaca del hospital de Manises fueron los grandes perjudicados por la decisión de Sanidad. El centro sanitario tenía contratado con Cirugía Cardiluna S.L. este servicio, por lo que tras el veto de la conselleria, «el contrato quedó suspendido temporalmente», como explica a LAS PROVINCIAS el cirujano y hasta ese momento responsable de la unidad, Daniel Luna.
Así, Luna agrega que la actual sentencia permite retomar la actividad, por lo que Cirugía Cardiluna «está en su derecho de continuar con el contrato que tenía, aportando el personal que sea necesario». De hecho, este especialista va a comunicar al gerente del hospital «nuestra voluntad de reincorporarnos a la unidad de cirugía cardiaca para seguir con el programa que teníamos entre 2011 y 2018 que dio tan buenos resultados, y poder atender a los pacientes del área de Manises como lo hicimos anteriormente».
Los hechos que han desembocado en este conflicto que casi cinco años después sigue sin resolverse del todo se remontan a mayo de 2018, momento en el que la anterior consellera de Sanidad, Carmen Montón, decidió prohibir, en primer lugar, la derivación de pacientes de otros departamentos para que fuesen intervenidos del corazón en Manises, así como la vía de la libre elección, es decir, el derecho que tiene reconocido por ley cualquier paciente de decidir en qué hospital quiere recibir atención especializada. Unos días después, este veto se extendió a todos los usuarios, propios y ajenos.
A raíz de esta decisión, los pacientes de Manises y su zona de influencia que han requerido una intervención de cirugía cardiaca han tenido que ser derivados a otros hospitales valencianos para pasar por el quirófano (principalmente a La Fe), por lo que han sufrido las molestias que suponen los desplazamientos, tanto para los enfermos como para los familiares, así como las esperas, de prácticamente el doble en los hospitales públicos que en los de gestión indirecta como el de Manises.
Otro de los colectivos que se han visto perjudicados por el cierre de la unidad de cirugía cardiaca del Hospital de Manises ha sido el de los testigos de Jehová. Los integrantes de este grupo rechazan las transfusiones de sangre, por lo que no en todos los hospitales pueden someterse a una intervención quirúrgica. El de Manises, por su especialización, ha sido el centro de referencia para el colectivo durante los siete años anteriores al veto de Sanidad. En este tiempo, los profesionales del servicio han llevado a cabo más de 800 operaciones.
La situación llegó hasta tal punto que otros pacientes del servicio mostraron su malestar por tener que desplazarse a otros hospitales o, incluso, ser rechazados para someterse a una determinada intervención, como reflejan algunas de las quejas interpuestas por usuarios ante la propia Conselleria de Sanidad. Los afectados, incluso, llevaron a cabo una recogida de firmas.
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