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La suspensión temporal impuesta por la Conselleria de Sanidad a la unidad de cirugía cardiaca del Hospital de Manises el pasado mes de mayo cristalizó este lunes en la denegación de la autorización para llevar a cabo una actividad que ha estado presente en este centro sanitario público de gestión indirecta durante los últimos siete años. La unidad, en concreto, ha desarrollado más de 800 operaciones de corazón en este tiempo. Tampoco ha servido la documentación complementaria aportada por el hospital en agosto a requerimiento de la conselleria ya que, finalmente, el departamento ha dado por concluida la fase de instrucción del expediente con un informe desfavorable.
En concreto, y entre el argumentario que Sanidad utiliza para justificar el veto a esta unidad, la conselleria trasladó este lunes al centro hospitalario que la Subdelegación General de Planificación y Organización Asistencial emitió el pasado 27 de julio un informe desfavorable en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 2011; un extenso documento ministerial que, sin embargo, «no tiene carácter normativo, en el sentido de establecer unos requisitos mínimos o estándares para la autorización de la apertura o el funcionamiento de estas unidades o su acreditación».
En esta línea, agregó que la Dirección General de Asistencia Sanitaria, dos meses después, también emitió un informe desfavorable ratificando el de la subdelegación. Y, además, añadió que la Orden 7/2017 de la Conselleria de Sanidad establece que, para la autorización de hospitales, será preceptivo el informe favorable de la dirección general competente en materia sanitaria. En base a ello, la conselleria ha denegado la autorización. Sin embargo, y en relación a la línea temporal de los documentos, contrasta que, a mediados de agosto, prácticamente un mes después del informe de la subdelegación general, la conselleria requiriera a la dirección del hospital documentación para completar o subsanar la ya aportada por el centro sanitario y, de esta forma, dar por concluido el proceso para tratar de subsanar la situación. Una semana después, el hospital remitió todos los informes requeridos, documentación que no ha servido para que la dirección general no ratificara el informe desfavorable emitido por la subdelegación dos meses antes. Tampoco ha servido que el hospital contara desde 2011 con autorización administrativa para poder desarrollar la actividad.
De esta forma, la conselleria ahora dirigida por Ana Barceló ha tenido que hacer frente a la decisión adoptada por su predecesora en el cargo, Carmen Montón, cuando, a mediados del pasado mes de mayo, prohibió, en primer lugar, la derivación de pacientes de otros departamentos para que fuesen intervenidos del corazón en Manises, así como la vía de la libre elección -el derecho que tiene reconocido por ley cualquier paciente de decidir en qué hospital quiere recibir atención especializada-. En ese momento, desde los despachos de Micer Mascó apuntaron que la unidad carecía de autorización, de ahí la decisión. Resultaba paradójico, por tanto, que esta prohibición no afectara a pacientes propios, algo que sucedió días después, cuando Sanidad, a través de una nueva notificación y después de que este diario destapara la situación, obligó al centro a cesar cualquier actividad de cirugía cardiaca al no contar, supuestamente, con la preceptiva autorización de funcionamiento.
Llamaba la atención que después de siete años con el servicio de cirugía cardiaca en marcha en el hospital, con más de 800 intervenciones desarrolladas en ese tiempo y con unos índices de éxito muy elevados, la conselleria se descolgara con esta decisión. ¿Por qué en ese momento? Desde Sanidad argumentaron que hasta esos días no se había detectado la situación -aunque el equipo de Montón ya llevaba en el cargo cerca de tres años -, y que, a raíz de algunas peticiones, «se había caído en la cuenta» de esta presunta falta de autorización.
Sin embargo, estas justificaciones se desmoronaban en lo expuesto por la auditoría de la Sindicatura de Comptes realizada en 2017 en el Hospital de Manises y correspondiente al periodo entre 2009 y 2015, que desmiente a la propia conselleria. El documento sostiene que el centro sanitario sí cuenta con autorización para realizar operaciones de corazón en contra de lo que mantenía Sanidad para justificar la prohibición de permitir intervenciones. En concreto, el documento de la Sindicatura menciona que el concesionario «tiene subcontratadas cinco prestaciones accesorias» y una de ellas es cirugía cardíaca. Y, sobre ellas, afirma: «Hemos comprobado la existencia de la oportuna petición de autorización realizada por el concesionario a la conselleria, así como la autorización de ésta para cada una de las subcontrataciones, excepto la solicitud de cirugía pediátrica que, si bien consta la oportuna petición cursada, no hemos dispuesto de la autorización correspondiente». Además, el informe incluye una tabla en la que desglosa las prestaciones de servicios con medios ajenos y, al mencionar cirugía cardiaca, apunta al 4 de mayo de 2011 como fecha en la que obtuvo la autorización de la Administración.
En estos seis meses de suspensión -al menos hasta el pasado día 8 de noviembre- 36 pacientes de Manises y su zona de influencia han tenido que ser derivados a otros hospitales valencianos para pasar por el quirófano. Aparte de las molestias que suponen los desplazamientos, tanto para los enfermos como para los familiares, la mitad de ellos todavía sigue a la espera de la necesaria operación debido las listas de espera quirúrgicas que se ceban, principalmente, con los centros sanitarios de gestión pública. Frente a ello, según aseguran fuentes de la unidad de cirugía cardiaca y reflejan los datos de los meses y años precedentes a la paralización, todos los pacientes derivados habrían pasado ya por quirófano si la unidad de Manises no hubiese estado vetada.
Pese a la notificación remitida este lunes, la decisión de no autorizar la unidad de cirugía cardiaca del Hospital de Manises no es firme. En la propia notificación, la Conselleria de Sanidad indica que se abre el trámite de audiencia, que se traduce en que el centro sanitario tiene quince días para presentar las alegaciones y los documentos que considere necesarios para tratar que el veto al servicio no sea firme.
De hecho, desde el hospital, de gestión indirecta bajo el modelo de concesión, han subrayado que la decisión no es definitiva y que los responsables de la instalación van a estudiar la notificación para decidir si se presentan alegaciones antes de que expire el plazo. Resaltaron, asimismo, que la actividad asistencial del departamento sigue al mismo nivel, con la excepción de la citada unidad, paralizada en mayo.
Precisamente hasta este veto, el servicio de cirugía cardiaca del hospital ha llevado a cabo un importante volumen de intervenciones. Así, entre 2011 y mayo de este año, momento en el que tuvo lugar el veto de la conselleria, por los quirófanos de la unidad han pasado 829 pacientes. De ellos, 673 procedían de la propia área de salud y los 156 restantes de otros departamentos -tanto por libre elección como derivados-. Es más, en los cinco primeros meses de este año, la unidad operó a 55 personas, una cantidad similar a la que podría haber absorbido durante los casi seis meses en los que se extiende el veto. Frente a ello, la mitad de los pacientes derivados a otros hospitales siguen a la espera de su operación.
Además, las auditorías elaboradas por la Sindicatura de Comptes también han puesto en valor la gestión de este departamento, puesto que junto con La Plana, Arnau de Villanova-Llíria, La Ribera, Marina Baixa, Torrevieja y Elx-Crevillent, es el área de salud mejor valorada por los usuarios y que más objetivos de gestión ha alcanzado.
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