La jueza de la dana exculpa al Gobierno e insiste con el Consell: «No supo alertar»

El último auto de la jueza, notificado este miércoles, insiste en el mismo relato al denegar unas diligencias a una acusación popular, la del Liberum. La representación pretendía averiguar si no se convocó y por qué el Consejo de Seguridad Nacional, por parte del presidente Pedro Sánchez. En la argumentación para desestimar la prueba, adelanta un contundente pronunciamiento sobre la responsabilidad del Consell: «El desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido».

La magistrada justifica su decisión en que el análisis de la convocatoria de ese órgano «queda extramuros completamente del procedimiento penal» en curso y «carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones» producidos el 29 de octubre del pasado año.

La jueza responde en el auto a la posición de algunas acusaciones de que por parte del Gobierno central debió dictarse la situación de emergencia nacional, una cuestión que se planteó de manera insistente a la propia Bernabé durante su comparecencia como testigo el pasado lunes, en una declaración que se prolongó cerca de las siete horas. No lo pidió el Consell -y podía hacerlo- y tampoco lo ordenó el Gobierno y entraba dentro de sus competencias. Así lo explica la jueza: «Ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la administración autonómica, de la que formaban parte los investigados, como consellera y secretario autonómico, la declaración de emergencia nacional. Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores». Además, añade, «dicha declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección». La instructora señala que el juzgado de la que es titular «carece de competencia» para analizar si el presidente del Gobierno convocó el citado consejo. El auto no es firme y puede ser recurrido.

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Otra de las cuestiones que llama la atención es cómo reprende a la consellera Salomé Pradas en su afán por esquivar su supuesta responsabilidad en la gestión de la dana. «La incapacidad en la toma de decisiones (se ha alegado falta de experiencia, falta de conocimiento de la situación) y que se delegó la responsabilidad en los técnicos no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la realmente aplicable».

Pradas admitió que carecía de experiencia en la gestión de las emergencias, pero la realidad es que esta circunstancia es compartida por todos los antecesores en el puesto. Ni Elisa Nuñez (abogada), ni Gabriela Bravo (fiscal) ni Serafín Castellano (abogado) por citar los últimos ejemplos eran expertos en la gestión de estas parcelas de la Administración. Se trata de un área donde la dirección de la emergencia se deposita en los técnicos. De hecho, Pradas en su declaración apuntó directamente al responsable de los Bomberos, José Miguel Basset.

Las declaraciones de Pradas (investigada) y Bernabé (testigo) coinciden en un dato, que puede ser determinante en el futuro judicial de la exconsellera. En la reunión del Cecopi no se habló del barranco del Poyo. Se plantea la situación a partir de las 19 horas tras una llamada de la alcaldesa de Paiporta a la delegada del Gobierno. Pero no fue un asunto ni plantado ni debatido en el seno de esta comisión. La eventual acusación contra la exdirigente autonómica no se puede sostener si carecía de información suficiente a la hora de decidir -o no- diferentes medidas en la emergencia.