La jueza encarga a la Generalitat un informe sobre los fraccionamientos de Fuset

El horizonte judicial de Pere Fuset lejos de despejarse sigue trufado de incertidumbre acerca de cuál puede ser el final judicial de los tres asuntos que actualmente tiene en los juzgados de la ciudad de Valencia. La jueza de Instrucción 2 de Valencia, la que analiza ya prácticamente toda la gestión del edil en la contratación desde la Concejalía de Fiestas, ha ordenado a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico la elaboración de un informe acerca de la los contratos investigados en esta causa.

La instructora, en esta parte final de la investigación, pretende contar con un informe más en el que se analice la tramitación de todos esos contratos menores y si consideran que existen indicios delictivos en esa polémica gestión. El informe probablemente está dirigido a la Intervención de la Generalitat que ya ha elaborado dosiers similares en otros asuntos, como el de Serafín Castellano. En aquel caso llegó a la conclusión de que no se podía hablar de fraccionamiento y finalmente el asunto quedó archivado. Se trata de un informe que puede ser determinante en el desenlace de este asunto.

No es fácil obtener una condena por fraccionamiento de contratos. Debe ser muy evidente que se ha roto la unidad del objeto del contrato para acusar por este delito. Y de ahí la necesidad de esa pericial sobre un concepto que no deja de ser administrativo. Desde la Conselleria se han dirigido recientemente al juzgado para reclamar cierta documentación para preparar el informe.

En esta causa, ya consta un informe de la Intervención del Ayuntamiento de Valencia que abona esta tesis del fraccionamiento, aunque la declaración del responsable en sede judicial fue mucho menos contundente e incluso favorable al edil, según apuntan fuentes conocedoras de la comparecencia.

Este dosier cuestiona también medio millón de euros en contratos. Según el objeto de estos contratos -que serían de una misma unidad funcional y por tanto no se podría fraccionar- o por su importe -rebasaría el máximo legal- deberían haber sido contratados por un sistema diferente.

El edil no entiende cómo se ha visto implicado en un asunto como este si no participó directamente en ninguno de los procedimientos. El caso se inició por una denuncia del asesor del PP, Luis Salom. Del mismo modo, subrayan que ninguno de los contratos investigados tiene reparos de la Intervención sino sólo observaciones complementarias. Además, lamentaron que en una situación como esta, heredada del PP y con las características tan particulares que tiene la contratación de eventos en Fallas, haya salpicado al cargo de Compromís.

El edil tiene pendiente el juicio por la muerte de un trabajador en el montaje de las gradas de Viveros para los conciertos de la Feria de Julio. La familia de la víctima le reclama cinco años de prisión. Además, la Audiencia de Valencia ha de decidir qué juzgado le investiga por una prevaricación al conceder la explotación de unas barras a cambio del montaje de las gradas sin ningún procedimiento administrativo.