Juristes Valencians exige a Puig su implicación en aprobar el Derecho Civil foral

valencia. Incluir el reconocimiento del Derecho Civil propio de los valencianos en la Constitución. Ese es el objetivo de la Associació de Juristes Valencians y de la reivindicación que hará sentir el próximo 14 de junio dentro del Congreso de los Diputados, precisamente en la Sala Constitucional.

«El objetivo, recuperar el autogobierno y una legislación propia que sí está contemplada en el Estatut», defiende el presidente de la entidad, José Ramón Chirivella. Se trata de poder disponer de una legislación moderna, acodada en els Furs derogados tras la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII por el nuevo rey de España, Felipe V, y que en el Estatut se refleja su recuperación, ya que otros territorios españoles sí pudieron rescatarlos.

A este acto ya han confirmado su asistencia diputados y senadores nacionales del PP y Podemos, autonómicos del PSPV, los secretarios generales de UGT y CCOO, representantes institucionales y de Lo Rat Penat.

El rescate del Derecho Civil valenciano se inició a principios de los años 2000 con la reforma del Estatut en 2006 en la época de Francisco Camps como presidente de la Generalitat.

Se aprobaron leyes en Les Corts como la de la separación del régimen económico matrimonial, la de la custodia compartida y la de uniones de hecho, pero el Tribunal Constitucional a partir de 2016 anuló todo el trabajo realizado tras recurrirlas el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Desde entonces la entidad que capitanea José Ramón Chirivella ha puesto en marcha sucesivas campañas para que se modifique la Carta Magna de los españoles y se incluya ese derecho foral propio de los valencianos que sí está reconocido en el Estatuto de autonomía. Se intentó la pasada legislatura pero la convocatoria de elecciones generales en 2019 hizo que decayera la iniciativa planteada en la Cámara Baja impulsada por Podemos.

Chirivella considera que ahora es el momento. Una vez finalizado el estado de alarma decretado por la pandemia del Covid-19 (durante su vigencia no se puede plantear una reforma constitucional, tampoco durante un estado de excepción ni en caso de guerra), el Consejo de Ministros ha impulsado un retoque en la Constitución para eliminar del artículo 49 el término «disminuido» y cambiarlo por la expresión «persona con discapacidad».

El presidente de Juristes pretende que el Derecho Civil valenciano se suba a ese carro y se aproveche de la apertura de la Carta Magna para incluirlo.

José Ramón Chirivella recuerda que se trata también de un compromiso del actual Consell, acordado en el pacto el Botànic «que figura en los puntos 6 y 7». Pero lamenta que no se esté haciendo mucha fuerza ni desde el Consell ni desde Les Corts.

El dirigente de los juristas valencianos considera que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene ahora menos autogobierno que el que le transmitió Alberto Fabra en 2015.

«No tiene sentido que Ximo Puig hable de reforma federal del Estado y desdeñemos la que debería hacer aquí decididamente. Tendría que reunirse con el presidente del Gobierno y con los ministros de su partido para que se apruebe ya», sostiene Chirivella. «No le he oído ninguna declaración reciente en la que apoye la recuperación del Derecho Civil valenciano. ¿Ha hecho alguna gestión ante Pedro Sánchez? Viene el ministro de Justicia a Valencia y nadie del Consell ha dicho nada. Sí lo hemos hecho en la Facultad de Derecho la Associació de Juristes Valencians», afirma su presidente.

Chirivella considera que es necesario que Puig «plantee seriamente al PSOE y al presidente del Gobierno» la «necesidad» de incluir el Derecho Civil Valenciano en esta reforma constitucional puntual, puesto que dispone del apoyo de Les Corts Valencianes y de 521 ayuntamientos de la Comunitat ya han reconocido la necesidad de recuperar el Derecho Civil Valenciano y está pendiente de su aprobación en el Congreso desde hace 15 meses.

También pone la pelota sobre el tejado de quien parece que será el nuevo líder del PPCV, Carlos Mazón. «Tiene la misión de conseguir que los diputados del PP en el Congreso apoyen una iniciativa que nació de su partido».

Y aunque solo sea por un asunto de economía procesal por la reforma del artículo 49, hay que aprovechar el momento de la reforma impulsada desde el Gobierno, advierte Chirivella.