Juristes Valencians urgen actualizar la Constitución antes del juramento de la princesa Leonor

La entidad Juristes Valencians requiere «de forma inmediata al Partido Popular y al PSOE que se dejen de discusiones bizantinas y que concluya el trámite parlamentario para abordar conjuntamente por economía procesal tanto la modificación del artículo 49 de la Constitución, para eliminar el ofensivo término disminuido para referirse a las personas con discapacidades, como la planteada por Les Corts Valencianes para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano, competencia que por motivos históricos tienen otras seis comunidades autónomas y que cuenta con gran apoyo social, municipal y político». La institución realiza este requerimiento con motivo de la inmediatez del aniversario del referéndum constitucional de 1978, el próximo 6 de diciembre, «y dado que tal y como prevé el artículo 61-2, la princesa heredera Doña Leonor de Borbón realizará el juramento de acatamiento constitucional el 31 de octubre del próximo año al alcanzar la mayoría de edad».

«Estas mínimas reformas se canalizan a través del procedimiento simplificado previsto en el artículo 167 para modificaciones constitucionales poco relevantes, está sometido a continuas prorrogas en el trámite de enmiendas, y en definitiva paralizadas desde hace meses en la Comisión Constitucional», explica José-Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians.

Asimismo, este portavoz considera que «no es positivo para la salud de la democracia española el estancamiento de cuestiones que cuentan con grandes consensos sociales, y llama a la responsabilidad de los máximos dirigentes del PP y PSOE para evitar que la princesa heredera tenga que jurar un texto constitucional cuestionado por los representantes de 5 millones de personas con discapacidades diversas y por 5 millones de valencianos, perplejos ante la desatención del Congreso, incluso en cuestiones sin coste económico como la recuperación del Derecho Civil Valenciano». Chirivella exige la implicación del secretario de Estado de relaciones con las Cortes Rafael Simancas para solventar el funcionamiento irregular de la Comisión Constitucional.

Por otra parte, fuentes de Juristes Valencians califican de gran éxito la concentración realizada el pasado 30 de noviembre ante las puertas del Congreso, y señalan que la unanimidad de la sociedad civil en defensa de la restitución del derecho civil propio estuvo respaldada por diputados valencianos del Congreso y de les Corts del PSOE, PP, Unides Podem y Compromís.

Bajo el eslogan 'Reforma Constitucional Valenciana, 3 años durmiendo en el Congreso', la sociedad valenciana denunció un desprecio institucional de los grupos parlamentarios del Congreso a la plena recuperación de la capacidad legislativa civil valenciana, recortada de facto tras las sentencias del TC del año 2016, que anularon 3 leyes civiles de familia.

El acto, que contó con el respaldo de numerosas organizaciones sindicales, empresariales, culturales y cívicas valencianas, puso el énfasis en «la desatención que sufre la Comunitat en temas decisivos para los valencianos como la financiación, como se constata un año más en los Presupuestos generales del Estado y también para denunciar la perdida de autogobierno que padecen los valencianos desde que el Tribunal Constitucional, en el año 2016, anuló tres leyes civiles valencianas de utilidad en el ámbito familiar», detallan.

En febrero de 2020 les Corts Valencianes con el respaldo del Partido Popular valenciano, el PSPV, Compromís y Podem, y de los diputados que han dejado Ciudadanos a lo largo de la legislatura, plantearon al Congreso la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano por el cauce constitucional previsto en el art. 167. Esta modificación técnica e irrelevante de la Constitución, pese al apoyo político transversal y el respaldo social y municipal, que supera los 541 municipios, no ha avanzado en el Congreso, ya que los grupos mayoritarios no se han tomado interés en su tramitación.

José-Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, considera que «pese a que la recuperación de la capacidad legislativa civil propia, solo nos afecta a nosotros y se aplicó modernamente a 300.000 valencianos entre 2008 y 2016, y encima no conlleva coste económico, el Congreso desoye las reivindicaciones de Ximo Puig y Carlos Mazón, a sus respectivos correligionarios».

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