La justicia arremete contra la administración por los fallos en el crimen del niño de Sueca

La conversación se repite una y otra vez. «Los antecedentes están claros ¿no?». Y sí, la sucesión de los hechos en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 4 y 5 de Sueca está clara, pero no se ha conseguido borrar con ello la mancha de dos sentencias contradictorias. Porque por más que se repasen los acontecimientos de forma cronológica, que se trate de «resolver dudas», como anunciaba el primer y único comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el daño de esta serie de catastróficas desdichas ya está hecho y por desgracia se llevó por delante la vida de un menor. La pelea debería de estar en evitar que vuelva a ocurrir.  

«La muerte de un niño ya es demasiado», decía tajante la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Maria Pilar Esther Rojo, en declaraciones para este diario. La magistrada del máximo órgano judicial de la provincia de Valencia no da rodeos y pide establecer un sistema que mejore la comunicación entre juzgados. «Es necesario habilitar de forma tecnológica y en el sistema de gestión procesal, un método de comunicación cuando haya un procedimiento de violencia de género para que se sepa si existe un procedimiento previo», advierte.

Y así lo plantea y lo hará de manera formal en la próxima Comisión de Coordinación de Violencia de Género, en la que exigirá que se estableciera un sistema de comunicación de forma que incoado un procedimiento penal de violencia de género se pueda tener acceso a otros procedimientos abiertos en otros juzgados. «Todo lo que mejore la comunicación entre los juzgados y entre las partes implicadas y en general todo lo que redunda en un mejor ejercicio por parte de todos los operadores jurídicos, es deseable y necesario», reiteró la magistrada. 

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat se ha limitado a informar de forma cronológica de lo ocurrido sin esclarecer esa mancha imborrable, la presidenta de la Audiencia Provincial y, otra mujer, la fiscal delegada de Delitos de Odio, Susana Gisbert, reconocían la escasa coordinación entre juzgado. Más bien, Gisbert negaba tajantemente en declaraciones a este diario, exista conexión entre juzgados. 

«No hay conexión entre los juzgados entre sí, ni en los de penal, ni entre la Fiscalía y los juzgados, no hay absolutamente ninguna conexión. Hay un programa que todos tienen pero tan sólo se puede entrar a lo que corresponde con el juzgado en cuestión, no a los demás», relata la fiscal que reitera su reivindicación: tendría que haber un protocolo que obligase a consultar de forma obligatoria la existencia de condena o procedimientos por maltrato o violencia de género, y un sistema de alerta que avisase automáticamente al cotejar datos.  

«Igual que pides antecedentes penales y te salen los que tienen en todos los juzgados, que te salieran todos los que tienen y que además que hubiera un protocolo y una obligación de consultarlo, pero por desgracia esto no existe», lamenta Gisbert. 

En el Observatorio contra la Violencia de Género llevan años presentando informes donde se especifican los fallos y la descoordinación. Y en este caso, en el que un juez de lo penal dictó una sentencia en la que se suspendía el régimen de visitas al menor y sin embargo en otra sentencia de divorcio se dictaminó lo contrario, piden un sistema que comparta en tiempo real la información entre instituciones, órganos judiciales y fuerzas de seguridad. 

«Es imprescindible y muy urgente que haya coordinación e integración informática entre los juzgados de familia y los juzgados de violencia sobre la mujer, para que a través de un sistema de alerta o alarmas o a través de consultas de los datos se pueda saber esa información en tiempo real con el fin de que no haya este desconcierto y descoordinación», aseveró María Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 

Un sistema informático obsoleto desde hace décadas que podría seguir acumulando fallos sin que la administración consiga inmutarse pese a ser consciente y estar enterada de lo que ocurre a diario. Lo confirma la representante a nivel nacional de la asociación mayoritaria de fiscales. «Desde que me hago cargo de la presidencia de la asociación, hace más de quince años, a todos los ministros de Justicia les he pedido que se mejoraran los sistemas de digitalización y que se invirtiera en mejoras de la intercomunicación pero nada, seguimos con un sistema obsoleto», explica y confirma también que en el caso del sistema judicial valenciano no hay ningún tipo de cruce de datos, y que por ello, resulta imposible que salte ninguna alarma ante casos como este. 

Desde los Colegios de Abogados y de Procuradores observan los mismos fallos y las mismas necesidades. Todos menos la administración pública parecen estar al tanto de cómo poner solución, sin embargo nadie toma cartas en el asunto. «Con la ley en la mano esto es evitable, por lo tanto seguramente sea un fallo en el sistema administrativo en general», declaró Raquel Marco, diputada de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Valencia, especialista en violencia de género. Lo que todas tienen claro es que compartiendo información esto no hubiese ocurrido, y para la decana del Colegio de Procuradores, Begoña Mollá, esto ha evidenciado fallos en el sistema. «No hay nada infalible, pero esto no puede ocurrir». 

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