Justicia aumenta en 25 millones el presupuesto para incrementar las retribuciones del personal

Así, los programas de Administración de la Justicia y Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia son los que tienen mayor peso, que representan más del 92 % del presupuesto total de la Conselleria para 2025 y la consellera los ha considerado «piedra angular del servicio público de Justicia, por cuanto a través de ellos se articula todo el sistema de garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía».

Los programas de Administración de la Justicia y Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia contarán con 481,84 millones de euros y de 75,73 millones de euros respectivamente, que en su conjunto suman un 12 % más de recursos que en 2023. Y al capítulo de gastos de personal, se destinan 16,14 millones para el personal de Atención a las Víctimas y 317,09 millones de euros para el de la Administración de Justicia.

El aumento de casi 25 millones de euros para las retribuciones de funcionarios es una cifra que refleja un aumento del 8,5 % respecto al presupuesto de 2024, y del 16 % con relación al presupuesto de 2023. Una cuantía que recoge el incremento en el complemento autonómico transitorio que el Consell se comprometió a actualizar en el acuerdo de legislatura firmado con los sindicatos para, paulatinamente, equiparar este concepto a la media nacional. «Este incremento cobra especial valor teniendo en cuenta la difícil situación financiera que sufrimos a cuenta del modelo de financiación», ha apuntado Nuria Martínez.

La inversión en infraestructuras judiciales asciende a 95,95 millones de euros, de los cuales 52,41 millones de euros se destinarán tanto a los proyectos de construcción de las nuevas sedes judiciales de Sagunto, Villena, Xàtiva, Torrent, el Tribunal de marca comunitaria en Alicante o el edificio satélite de la Ciudad de la Justicia de València; como a concluir las obras de las nuevas sedes de los juzgados de Llíria y Alzira, y avanzar en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante.

También este capítulo incluye 26,48 millones de euros para la ampliación y reforma de edificios y sedes judiciales, que permitirán actuar en las sedes de Ontinyent, Orihuela, Torrevieja o Nules, así como ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón, sin olvidar la conclusión de la reforma y rehabilitación del edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, hay una dotación de 7.953.320 euros para equipamiento por reposición y puesta en marcha de nuevas sedes judiciales y 3.185.460 euros para mejorar la eficiencia energética de infraestructuras judiciales, como por ejemplo en la sede judicial de Vila-real. Además, el presupuesto destina 5,85 millones de euros a los sistemas de información, investigación, desarrollo e innovación.

Esto supone un incremento de un 190 % los fondos que a este subprograma se destinaron en el presupuesto de 2023, para que la implantación en todos los órganos judiciales de herramientas como el nuevo sistema de gestión procesal Just@ sea una realidad al finalizar este 2025.

El programa de atención a las víctimas y acceso a la justicia es el segundo que más peso tiene en el presupuesto de la Conselleria, con 75,73 millones de euros, «revelando así la importancia que para el Consell tiene tanto la protección de las personas víctimas del delito, como garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la Justicia».

Así pues, la Conselleria destinará 58,3 millones de euros en las cuentas de 2025 para el servicio de asistencia jurídica gratuita, el servicio de orientación jurídica de proximidad de la red Justiprop y el servicio de mediación de proximidad que ofrecen los ayuntamientos y mancomunidades a través de los Mediaprop.

En concreto, se destinarán 56,3 millones de euros para el servicio de asistencia justicia gratuita, que se dirige a aquellas personas que no dispongan de recursos económicos suficientes para litigar en un proceso judicial de modo que puedan hacer efectivos sus derechos.

Por otro lado, la Conselleria de Justicia destinará 1,23 millones al Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad, conocido como Justiprop, que este año aumenta un 23 % respecto al ejercicio anterior. Se trata de un servicio de orientación, asesoramiento e información jurídica, financiado por la Generalitat y prestado por profesionales de la abogacía en las dependencias que los ayuntamientos ponen a disposición de la ciudadanía. Además, en este ejercicio se destinarán 799.980 euros a las subvenciones a ayuntamientos para los Mediaprop, que ofrecen un servicio de mediación de proximidad.

En cuanto al área de Administración Pública, que engloba Atención a la Ciudadanía, Función Pública, Formación y Estudios e Inspección General de Servicios recibirá una dotación de 29,85 millones. «Seguiremos trabajando para avanzar hacia una Administración Pública más cercana, moderna, ágil y eficaz», ha defendido la consellera Martínez.

Por lo que se refiere al servicio de Atención a la Ciudadanía, dotado con 8,81 millones de euros, destaca el incremento de los capítulos destinados a financiar el despliegue del Plan de Atención a la Ciudadanía que se presentará próximamente y que tiene como objetivo acercar la administración al ciudadano a través de una atención más ágil, personaliza y eficaz, de forma que se mejore la experiencia del usuario en el contacto con la Generalitat.

Al servicio de la Inspección General de Servicios, máximo órgano interno de control e inspección, encargado de la vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad y de la observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia a que se debe la organización pública de la Administración de la Generalitat, se destinan 1,54 millones.

De igual manera en las cuentas de 2025 se destinarán 2,9 millones de euros a becas para la preparación de oposiciones a los distintos cuerpos de grupo A de la administración de la Generalitat, casi 2 millones más que en el presupuesto de 2023. «Somos conscientes de la necesidad de contar con empleados públicos formados y motivados, necesidad que en los niveles más altos es más acuciante por la falta de personal. Necesitamos -y queremos- contar con el talento de los egresados de nuestras universidades, y, por eso, apostamos por estas becas», ha manifestado la titular de Justicia y Administración Pública.

El autogobierno y las señas de identidad son otras de las competencias de la Conselleria de Justicia y Administración Pública. Este año, como novedad, se incrementan un 43 % las subvenciones destinadas a las universidades de la Comunitat Valenciana para el estudio y fomento del autogobierno, al pasar de 70.000 a 100.000 euros y se duplica la subvención a los fondos destinados a entidades locales de la Comunitat Valenciana para la realización de actuaciones en materia de autogobierno, al pasar de 75.000 a 150.000 euros.

Por otro lado, en el año de conmemoración del 750 aniversario de la creación del Juzgados Privativo de Aguas de Orihuela, se incrementa su presupuesto en un 166,87 %, hasta alcanzar los 40.000 euros.