Los juzgados, sin conexión en casos de violencia de género seis meses después del crimen de Sueca

Fue durante una de esas visitas al padre cuando el menor fue asesinado a cuchilladas el pasado 3 de abril. La falta de coordinación de los juzgados abrió entonces un debate sobre las medidas que se podían tomar para que este hecho no se volviera a repetir. Han pasado algo más de seis meses y poco se ha avanzado. Las soluciones que se propusieron siguen sin aplicarse. En el mejor de los casos, se encuentran en proceso de aplicación, según señalan tanto desde la Conselleria de Justicia como desde el ministerio. La interconexión de los juzgados , tal y como se solicitaba, todavía no es una realidad.

«Se están desarrollando instrumentos para compartir la información entre los órganos vinculados a la administración de Justicia para detectar la existencia de órdenes de protección y otros datos relevantes», aseguran fuentes del Ministerio de Justicia. Es decir, el tema sigue pendiente a los seis meses. Y desdela Conselleria de Justicia e Interior, que se comprometió en aquellos días a promover cambios legislativos para favorecer la interconexión de los juzgados, se señala ahoar que han hecho alegaciones al anteproyecto de ley de eficiencia procesal de la que aún se carece un texto definitivo. Es decir, no hay avances.

En aquellos días, nada más ocurrir el crimen, se constató la existencia de una plataforma conjunta que permitía la comunicación entre diferentes juzgados. El problema es que no existía obligación legal de consultar. Entonces se planteó la necesidad de promover unas alertas de forma que al juez de familia se le avisara en el caso de alguna denuncia de maltrato. Han pasado los meses y siguen sin estar en marcha.

Otra de las medidas que se propuso en aquellos días fue promover la puesta en marcha de una plataforma específica para los juzgados de la Comunitat, que se encuentra en fase de preproducción, como especificaron desde la Conselleria de Justicia.El Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) constituye un sistema de información que permite la conexión entre los juzgados y contiene información sobre penados, víctimas de violencia de género o de delincuentes sexuales, entre otras materias. Si el juez de familia lo hubiera consultado se habría percatado de la sentencia de malos tratos del padre. Desde la Conselleria se sostiene que «se dictó una instrucción del secretario general para la consulta del Siraj dirigida a los juzgados civiles con competencias de familia». Las mismas fuentes del Ministerio de Justicia aseguran por su aprte que «se está avanzando» en el intercambio de información entre las bases de datos, en concreto entre el Sistema VioGen, que recoge información sobre violencia de género, y el SIRAJ.

El expediente digital, ahora en fase de preproducción, se instalará en noviembre en los juzgados de la Comunitat. La implementación de esta medida permitirá la implantación de un sistema de alertas con lo que, según fuentes de Justicia, existirá una doble posibilidad. Por un lado, los jueces dispondrán de las alertas, cuando se instalen, y por otro, podrán acceder a las plataformas para consultar los datos. En el Ministerio aseguran que se ha facilitado a todos los letrados de la Administración de Justicia el acceso al SIRAJ para consultar las medidas cautelares y otro tipo de información relevante.

Las medidas propuestas se refieren también a aumentar el uso de las unidades de valoración forense integral. En ellas hay un médico forense, un psicólogo y un trabajador social que se dedican a asesorar a la administración de Justicia y se encuentran infrautilizadas. Según datos de la conselleria, se ha producido un incremento en su uso. A su vez, el Consejo General del Poder Judicial aprobó en septiembre una serie de medidas para evitar la descoordinación y facilitar la conexión entre los juzgados. Varias de ellas, como la creación de un sistema de alertas, todavía no se han implementado.

Prevalece como se observa que muchas de las promesas que se hicieron entonces se siguen sin materializar, para indefensión de las potenciales victimas. Tampoco la interconexión entre juzgados es la que se propuso. Como máximo «se está avanzando» en estas propuestas sin que todavía se hayan concretado. Así también lo reconoce Chelo Álvarez, presidenta de la Asociación Alanna, una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es trabajar por conseguir la inclusión social de las mujeres en situación de vulnerabilidad y sus familias. Según Álvarez, el sistema de alertas están en marcha pero aún no se han instalado, de modo que, a su juicio, un crimen como el de Sueca podría volver a suceder otra vez. La presidenta de Alanna considera que existen otras deficiencias a las que todavía no se ha puesto remedio. Una de ellas es que en muchas comisarías de policía «no hacen caso a la mujer que acude denunciando que su expareja quiere hacer daño a los hijos para herirla. Es un problema real». Álvarez se queja de que, en consecuencia, muchas mujeres se vuelven a casa sin poder poner la denuncia. «Los jueces tienen que dictar las órdenes que tienen que dictar», reclama, mientras recuerda que la ley para la protección de la infancia y la adolescencia establece que se puede anular el régimen de visitas y otras medidas similares pero señaló que los magistrados todavía no las aplican. De acuerdo con la misma ley, los hijos son también víctimas de la violencia, de ahí que anime a los jueces a tomar medidas que ahora sólo adoptan«a cuentagotas».

A sus críticas se unen las de Santiago Alegre, responsable de Justicia de UGT, quien detecta la falta de formación de los profesionales: «Si se quiere que haya juzgados específicos tiene que haber formación específica». Desde CSIF, Cruz García señala que los juzgados de violencia de género de las capitales tienen trabajo pero funcionan. El problema reside en poblaciones más pequeñas donde hay juzgados mixtos, «que están desbordados. En Llíria y Alzira es una locura. Cualquier juzgado de pueblo tiene que ser reforzado».