Falta de mascarilla, excesos de aforos, fiestas ilegales, saltarse confinamientos... Todas estas conductas relacionadas con los incumplimientos de medidas sanitarias de seguridad propias de la pandemia comenzaron a castigarse hace ahora un año. Fue a través del Decreto del Régimen Sancionador 11/2020 ... que elaboró la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y entró en vigor el 25 de julio del año pasado. En todo ese tiempo, y pese a las reiteradas ampliaciones de personal, el departamento autonómico sigue desbordado para dar trámite a las multas y conseguir que el infractor pague ante un alud de casi 200.000 denuncias, según la última actualización de mayo.
Y es que, como la propia conselleria de Justicia ha admitido, «a partir del mes de noviembre, con la introducción de nuevas medidas restrictivas para frenar los contagios» de la mano de la tercera y letal ola, «el número de denuncias aumentó de manera exponencial». Tanto que el número de denuncias ha aumentado hasta picos de 500 al día.
Pero para comprender el problema debemos retrotraernos a ese 25 de julio en el que el decreto de sanciones empezó a andar. La labor de tramitar las sanciones recayó sobre el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, dependiente de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias. Este equipo estaba compuesto por cinco funcionarios capaz de absorber unas 300 denuncias, pero no al día, sino al año.
Es decir, era ínfimo para lo que se avecinaba. David contra Goliat. En abril de este año se sumaron 16 funcionarios de refuerzo y, ya a finales de junio, la cifra se elevó hasta 52. Pero ni con esas se ha podido agilizar el trámite del aluvión de denuncias en la Comunitat. La razón es sencilla: la carga de trabajo para el departamento se ha multiplicado por 600 y el personal público encargado de asumir la gestión de las multas, por 20. Y ese es el desfase con el que se encuentra ahora la Generalitat, precisamente en una época de aumento de denuncias por las nuevas restricciones para frenar la ola estival de contagios de coronavirus.
La última foto fija sobre el estado de las sanciones la ofreció la Conselleria de Justicia hace poco más de un mes. Las distintas policías implicadas en perseguir los incumplimientos (estatales, autonómicas o locales) habían interpuesto hasta el 21 de junio más de 191.000 denuncias.
Pero la Conselleria de Justicia únicamente había conseguido finalizar 4.500 expedientes sancionadores, un 2,3%.
Según el departamento de Gabriela Bravo, de ese aluvión de denuncias sólo habían comenzado los trámites de 21.642. Afectan a 20.531 personas físicas y a 1.111 negocios o establecimientos. Y, en conjunto, implicaban multas por un valor de 427.000 euros, aproximadamente.
Justicia había iniciado el expediente sancionador en 12.315 casos y finalizado 4.457. Hasta finales de junio sólo 1.559 infractores habían reconocido la falta, con una rebaja del 40% en el importe de la sanción.
Del conjunto de denuncias, detalla la Generalitat, el 98% son infracciones leves impuestas a personas que no llevaban mascarilla cuando tocaba o hacían un uso incorrecto. El 2% restante son sanciones graves o muy graves «por superar los límites del aforo en los locales, organizar reuniones, fiestas o cualquier otro acto público o privado no autorizado, participar en él o no mantener la distancia».
En medio de las dificultades para dar salida a tanta denuncia, Justicia intenta reorganizar su sistema de trámite con apoyo externo. Como informó este diario, primero acudió a la empresa pública Tragsa, mediante una encomienda de gestión, para tratar de grabar y cobrar todas las multas. Pero el bajo ritmo de recaudación llevó a la conselleria a dar por finalizada la encomienda y buscar una alternativa a través de una empresa privada. Pero el Consell Jurídic Consultiu (CJC) declaró nulo parcialmente ese contrato y la gestión de las multas tuvo que volver a planificarse.
Tras las pegas del Jurídic se rehizo el contrato con la empresa privada. Y es que, como alertaba el CJC tras una revisión de oficio del contrato planteada por la propia conselleria, el contrato era nulo en algunas de sus partes. La empresa seleccionada no podía asumir la competencia sancionadora que es exclusivamente potestad de los funcionarios públicos.
La solución ha sido replantear el contrato con la firma Martínez Centro de Gestión (MCG). El órgano consultivo recordaba que en el caso de nulidad parcial que se contemplada, la conselleria tenía dos opciones: rescindir el contrato si las partes que no podía ejercer la empresa estaban estrechamente ligadas la conjunto de la prestación del servicio o, si se podía separar, suprimir esa parte y volver a presupuestar el acuerdo para abaratarlo en la medida de la supresión de algunas funciones.
Y en esas está Justicia, que ha diseñado una fórmula mixta en la que combina un aumento de funcionarios con la labor de MCG, de manera más reducida, siguiendo las directrices del Jurídic. Para ello, ha rebajado en 97.000 euros menos anuales la cantidad que recibirá la firma privada. Y, mientras, la pandemia no da tregua y las denuncias crecen.
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