La justicia apuntilla el modelo de Marzà que primaba el valenciano con títulos de inglés

La justicia ha tumbado el último recurso presentado por la Conselleria de Educación en relación al decreto de plurilingüismo, el primer modelo que se quiso aplicar en las escuelas y que fue parcialmente anulado por el TSJCV y posteriormente derogado por la propia administración. Es la tercera instancia que desestima las pretensiones del Consell y da más firmeza si cabe a los primeros fallos.

La normativa, de 2017, se consideró irregular porque, para el tribunal, vulneraba el derecho a la igualdad, pues discriminaba la enseñanza en castellano. Además alertó de que no se podían aplicar medidas «excluyentes o desproporcionadas» que implicaran desequilibrio entre las lenguas oficiales y de que el derecho de elección de los padres no podía recaer en la administración o los consejos escolares.

Cabe recordar que el sistema ideado, además de implicar una reducción de la oferta mayoritariamente en castellano en los centros públicos de muchos municipios, permitía obtener títulos oficiales de inglés a los estudiantes de escuelas donde se diera más primacía al valenciano, lo que dejaba en desventaja a los que lo hacían con el castellano como lengua base.

La conselleria presentó recursos de casación ante el Supremo tras las diferentes sentencias que se expresaron de manera similar, pero no fueron admitidos por la sala correspondiente al considerar que, tras derogarse la normativa, no había interés casacional para la formación de jurisprudencia. Es decir, no podía pronunciarse sobre un decreto inexistente. La Abogacía de la Generalitat pidió que se aceptaran por las repercusiones que la sentencia inicial podía tener en litigios futuros y por su trascendencia social. Al fin y al cabo, fijaba argumentos jurídicos que podían limitar la acción posterior de la administración. De hecho, esta no ha existido a nivel de decretos u órdenes que por ejemplo ayuden a concretar la Ley de Plurilingüismo actual, la que emanó de Les Corts y que no pudo ser judicializada a nivel particular.

Al mismo tiempo, la Generalitat presentó un recurso de casación autonómico ante la sala especial del TSJCV, un mecanismo para casos en los que el criterio jurídico empleado sea contradictorio al de otras sentencias.

Para tratar de anular el pronunciamiento inicial se aportaron fallos del Supremo a modo de contraste. De estos se deriva «un principio fundamental» que dice que en modelos bilingües las administraciones «deben adoptar las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística», permitiendo «situaciones de excepción» en pro de la normalización del valenciano y reconociendo «cierto margen» para regular las lenguas vehiculares.

A juicio de la Generalitat, la sentencia sobre el decreto «infringe esta doctrina», pues «condiciona las competencias de la administración y la autonomía de los centros» al negar la posibilidad de que cada uno, atendiendo a su entorno social y cultural, apruebe su proyecto lingüístico. Para la conselleria, el fallo «condicionó» la regulación al determinar que el modelo a fijar debía posibilitar, en todos los centros, la coexistencia de la línea en valenciano y de una en castellano, y que la única solución pasaba por habilitar una consulta a las familias para que mostraran su preferencia.

Es decir, las sentencias de contraste no se referían a un derecho absoluto de los padres a la elección de lengua, pues caben ciertas restricciones, mientras que la del decreto se plantea como un derecho «incondicional». Aunque la sala especial del TSJCV si ve una contradicción, defiende que no puede intervenir pues «la solución al conflicto entre los dos principios» es materia de casación ante el Supremo o de amparo ante el Constitucional. Y el primer tribunal ya inadmitió los recursos porque la propia administración derogó el decreto. Ella misma se bloqueó el camino.

La Generalitat presentó otras sentencias de contraste del TSJCV sobre cuestiones como centros plurilingües, la aprobación de un proyecto lingüístico o sobre la admisión de alumnos. La sala dice que existe «oposición de fondo constitucional», pues también defienden un derecho relativo a la elección de lengua frente a la postura absoluta del fallo en cuestión, aunque defiende que estas versaban sobre casos distintos al del decreto impugnado y concluye que el recurso de casación autonómico no tienen interés para formar jurisprudencia, por lo que lo inadmite. Y contra esta decisión no cabe recurso.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts para que no se aplique el curso que viene la Ley de Plurilingüismo, de la que se deriva el peso de las lenguas oficiales y el inglés en los centros sostenidos con fondos públicos. En su defecto reclama que se permita una moratoria «en los centros educativos de habla castellana que así lo soliciten».

Además, pide cambios en la legislación y que la norma «garantice el cumplimiento de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano respetando las diferentes realidades sociolingüísticas del territorio valenciano», en el sentido de que se impida «la discriminación de los alumnos por razón de su lengua materna».

También solicita eliminar los proyectos experimentales aprobados para que incluyan el castellano -en todos ellos no hay exposición a esta lengua en Infantil- y que se busquen «acuerdos con la comunidad educativa de las zonas castellanohablantes para llegar a una solución final consensuada respecto a los proyectos lingüísticos».

La propuesta, firmada por Toni Cantó y Mercedes Ventura, defiende que la ley contraviene preceptos como educar desde los valores de igualdad y libertad o el respeto a la exención. Con la implantación de la ley, defiende, se genera un agravio a las comarcas castellanoparlantes «perjudicando el desempeño» del alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP. Además enfatiza la situación de los que harán la selectividad «al tener que estudiar asignaturas en un idioma sobre el que pidieron la exención».