Cuatro caravanas motorizadas contra el retroceso del castellano en las aulas de la Comunitat Valenciana

«La manifestación es a favor de la libre elección de lengua en la educación de nuestros hijos, y para que el requisito lingüístico no nos prive de tener a los mejores profesionales, algo que va contra la excelencia», explicó Amparo Merelo, una de las organizadoras de la caravana de Valencia.

«También defendemos el respeto a la toponimia de nuestros municipios y que exista una cooficialidad real en edificios y documentos públicos», añadió. «La libertad de elección es para todos, no es una cuestión de izquierda o derecha, sino que quien quiera estudiar en valenciano o en castellano pueda hacerlo», concluyó, antes de afirmar que la citada ley «está haciendo desaparecer el español de la escuela», en referencia a que el porcentaje mínimo que permite la norma, el 25%, es insuficiente.

Cerca de un centenar de vehículos -sobre todo coches, aunque se vieron también motos y alguna bicicleta- se concentraron en la Alameda, desde donde partió la marcha de la capital. Abundaron las banderas de España y se podían leer, en los carteles pegados en las carrocerías, consignas como «yo quiero enseñanza en español» o «la educación en lengua materna no es ni de derechas ni de izquierdas, simplemente es buena».

El recorrido, con los vehículos circulando en fila, pasó por varias calles del centro para terminar junto a las Torres de Serranos. Hasta al punto de inicio se acercaron diputados y concejales del PP, Ciudadanos y VOX para mostrar su apoyo a los planteamientos de la protesta.

El manifiesto se leyó antes de empezar la marcha, junto a la Pérgola, donde los organizadores desplegaron cartelería publicitando su «Manual de rebeldía para los hablantes de español frente a la dictadura lingüística».

La asociación defendió que sus peticiones, basadas «en principios democráticos y que se aplican en todos los países con varias lenguas oficiales», son «respetuosas con los derechos de los hablantes de las dos lenguas y son las únicas que garantizan una alternativa democrática y duradera a la imposición lingüística».

Así, exigieron la exención de la enseñanza del valenciano a quien la solicite o se defendió que «estudiar las asignaturas en varias lenguas» puede provocar déficits en terminología o en la expresión oral y escrita. Además, se dijo que cuando falta el castellano «en un edificio oficial, en un documento o en el nombre de un lugar no están promocionando el valenciano, están borrando el español». Por último, el manifiesto decía que la citada ley «no beneficia a los alumnos, sino que satisface los intereses políticos y económicos de unos cuantos».

A partir de septiembre todos los cursos de ESO, Bachillerato y FP se habrán adaptado ya a la norma. Los centros perderán la opción de ofrecer un doble programa lingüístico (en castellano y en valenciano), pues todos los alumnos se formarán con el mismo modelo, y han tenido que elaborar un proyecto nuevo para decidir el peso de las lenguas oficiales respetando lo decidido en los centros adscritos de Primaria, ya adaptados a la ley y donde el retroceso del castellano fue evidente a nivel autonómico.