Marzà indigna al profesorado con las oposiciones y los cambios para el nuevo curso

«El profesorado está enfadado y quemado. Ya era un curso lo suficientemente duro y complicado como para añadir cuestiones que se podrían haber planteado de forma distinta, en otro momento», dice Marc Candela, portavoz del STEPV, sindicato docente mayoritario en la pública.

«El cierre de un curso ya es complejo por sí mismo y se le suman la selectividad, las pruebas de certificación de las EOI, las oposiciones y la concreción de nuevas medidas. La sensación es que se carga sin parar al profesorado porque lo aguanta todo. Y no es así», añade, antes de aludir a un motivo más: la previsión de que los refuerzos se reduzcan el próximo curso con la relajación de las medidas sanitarias.

En los últimos días STEPV, CSIF y ANPE han levantado la voz por las condiciones laborales de los docentes seleccionados para los tribunales que evalúan a los opositores, pues al coincidir con las clases ordinarias los elegidos viven jornadas maratonianas: tras terminar su trabajo habitual deben desplazarse a los centros donde se realiza el proceso selectivo para la corrección de los ejercicios de los aspirantes, tarea para la que deben coordinarse con el resto de miembros, encadenando jornadas de más de 12 horas.

El primer sindicato ha distribuido un modelo de queja ante una situación que considera «inadmisible», mientras que CSIF, que denuncia las «pésimas condiciones de trabajo», exige una flexibilización del calendario. ANPE también reclama una mejora de la normativa sobre dietas que recoja los desplazamientos y la manutención cuando la sede del tribunal esté en la misma localidad que la del centro de trabajo.

«La conselleria tenía que haber valorado no sobrecargar más al profesorado, bastante ha tenido», explica Lauren Bárcena, presidente de ANPE CV. «El modelo de orientación es un buen ejemplo. Se podía haber evitado para trabajarlo con detenimiento más adelante. Nadie tiene la culpa de una pandemia, pero era básico priorizar lo urgente frente a lo importante. Y lo urgente era sacar el curso adelante», resumió.

El cambio en la orientación escolar implica modificar la estructura vigente en las últimas décadas. El personal de los SPEs, un recurso público externo a los centros y de ámbito comarcal que se centra en la atención del alumnado con necesidades especiales, pasará a formar parte de los colegios de Infantil y Primaria, desapareciendo este recurso. La coordinación pasará a ser de zona, con unidades especializadas de apoyo a nivel provincial.

El colectivo afectado ha impulsado una intensa campaña de acciones para exigir una nueva negociación del decreto regulador que garantice su mantenimiento, idea apoyada por todos los sindicatos. Como protesta, la pasada semana dimitieron 22 directores de SPEs, el 71% del total.

En los últimos días la polémica se ha instalado en los claustros, donde se ha tratado la impartición de asignaturas por ámbitos en 1º de la ESO (de forma obligatoria) y en 2º (voluntaria, a decisión de las direcciones). Se trata de coordinar contenidos de dos o más materias que se enseñan de forma combinada. Ha funcionado este curso –se planteó para facilitar el acceso a Secundaria del alumnado de Primaria tras la suspensión de las clases– y ahora se consolida.

Los cinco sindicatos (los citados más CC.OO. y UGT) coinciden en criticar la imposición y piden autonomía para los centros, si bien ANPE y CSIF cuestionan sus ventajas al no haberse evaluado su funcionamiento. Y un millar de profesionales se han organizado en la plataforma 'Docents en contra dels àmbits', que considera, además, que puede implicar una pérdida de calidad formativa para los alumnos.

Por otro lado, la última protesta del curso llegará el sábado día 26 y consistirá en una concentración en la plaza de la Montañeta de Alicante convocada por la Confederación de Ampas Covapa. Bajo el lema «Educación sin imposición» servirá para mostrar el rechazo a varias de las medidas de política educativa que entran en vigor el próximo curso, como el avance del plurilingüismo (que se implantará en todas las etapas que faltan), la organización de asignaturas por ámbitos o la eliminación de los SPEs.

También se reclamará un pacto educativo a nivel nacional en contraposición a «la imposición de la Lomloe (la ley Celaá)», la eliminación del requisito lingüístico en el acceso a la función pública, la libre elección de centro y de lengua vehicular y una infraestructura escolar «digna».

Otro de los aspectos tiene que ver con la posibilidad de elegir el tipo de jornada escolar, opción que se paralizó de cara al curso actual y que tampoco variará en el siguiente, pues la nueva normativa sobre el horario intensivo no ha llegado a negociarse durante este ejercicio.

Las principales protestas del curso han estado protagonizadas por la plataforma #Volemspes contra el modelo de orientación que desmantelará estos servicios, por la asociación Hablamos Español contra la Ley de Plurilingüismo (cuatro caravanas motorizadas en las capitales de provincia y entre Requena y Utiel) y por los centros concertados, en este caso para mostrar su rechazo a la Ley Celaá. Las diferentes protestas y acciones formaron parte de una campaña de ámbito nacional.