Marzà prevé reducir aulas en 212 colegios públicos de la Comunitat

La Conselleria de Educación tiene previsto reducir aulas en 212 colegios públicos de Infantil y Primaria de cara al curso que viene, una medida que se justifica en el desplome de la natalidad. Es la primera vez desde la llegada de Vicent Marzà al departamento que se aplican recortes en la red educativa de titularidad de la Generalitat, si bien se plantea como una medida provisional, sólo para el 2021-2022.

Los datos se desprenden de la propuesta de arreglo escolar, la previsión de necesidades de escolarización que todos los años hace la administración en base a criterios demográficos, de matrícula y de oferta. Se tienen en cuenta los nacimientos registrados en los municipios (los de 2018 entrarán el curso que viene en el sistema), los alumnos que pasan de un nivel a otro y las aulas existentes, en el sentido de si son suficientes o sobran.

Del documento, facilitado el jueves a los sindicatos docentes, se infiere que en global desaparecerán 144 clases respecto al ejercicio actual. La cifra sale de la diferencia entre unidades creadas temporal y definitivamente (+83) y de las desactivadas (-227). Por centros, hay 51 que ganan aulas, 186 que pierden y 26 cuyo balance es neutro, pues en algún nivel se le sumará una más pero en otro se le eliminará.

A diferencia de otros años, todas las supresiones notificadas son temporales. Exactamente las aulas pasan a una situación de no funcionamiento, es decir, no acogerán alumnos ni dispondrán de los docentes necesarios el próximo curso a no ser que tras la admisión resulte necesario activarlas en función del número de estudiantes a atender en el centro, tal y como explican desde el Stepv. El sindicato ya se ha mostrado crítico con la propuesta después de años «de incremento constante de las unidades» y tras tildar el saldo negativo de «preocupante». Y es que a menos aulas, menos profesionales. Sin olvidar que desactivar una clase es el paso previo a la próxima supresión definitiva. Y más teniendo en cuenta que cada vez hay menos alumnos.

La última vez que el balance global de la propuesta resultó negativo fue en el curso 2014-2015, con los anteriores gestores populares (-52). En el siguiente, con Marzà en la conselleria, pasó en Infantil (-4), pero fue positivo en Primaria (+124). En los sucesivos siempre han habido más creaciones que eliminaciones, con resultados que han oscilado entre las 182 aulas del 2019-2020 y las 329 del 2016-2017. Los datos se extraen del análisis realizado por el citado sindicato, que insiste en la necesidad de reducir las ratios de manera general para evitar al máximo la pérdida de aulas y recursos, así como en la negociación de mejoras para las plantillas.

El documento incluye los criterios seguidos por la administración para tomar la decisión en cada centro afectado. Por ejemplo, que el número de nacidos en 2018 en el municipio es inferior a 25, 23 o 20 -ratios máximas previstas el curso que viene- por lo que sólo se precisa un aula de 1º de Infantil para cubrir la posible demanda. O que en el paso de 1º a 2º hay plazas libres suficientes para retirar unidades que este ejercicio sí se han mantenido por las medidas extraordinarias derivadas de la pandemia. También hay agrupaciones de diferentes edades y, en Primaria, se dan casos en los que la diferencia entre los que entran en la etapa y los que salen tras terminar 6º permite prescindir de aulas.

La conselleria alegó ayer que la reducción extraordinaria de ratios que se aplicará el curso que viene en todos los centros de 53 municipios ha permitido mantener 117 aulas de Infantil. La medida implica que como mucho podrán acoger 20 o 23 niños en lugar de 25, lo que ha facilitado el mantenimiento de unidades y profesorado. Eso sí, la propuesta incluye centros de estas localidades que pese a ello perderán aulas.

Además, defendió que también hay que tener en cuenta las 35 unidades nuevas de dos años en colegios públicos, que sumadas a las 'rescatadas' arrojan un total de 152 clases, «una cifra superior a las 144 de Infantil y Primaria que en la propuesta de arreglo pasan a situación de no funcionamiento». Es decir, las 117 no aparecen en el arreglo porque han sido salvadas de manera extraordinaria. De lo contrario, las desactivaciones serían superiores.

También insistió en que no se suprime definitivamente ninguna clase «como hacían anteriores gobiernos que no velaban por el sistema educativo público», sino que quedan en stand by por si es necesario ponerlas en funcionamiento si hay más demanda de la prevista.

Además, destacó que hay bastantes aulas creadas provisionalmente para atender necesidades puntuales que ya no son necesarias al pasar el alumnado a los institutos, y recordó que los colegios pueden alegar hasta el día 21, lo que puede suponer cambios en la propuesta. Cabe recordar que el documento facilitado a los sindicatos es provisional, y de hecho, es habitual que buena parte de las peticiones de los centros sean aceptadas de cara a la resolución definitiva.

Otra de las novedades del borrador es que no refleja las aulas de Especial y Audición y Lenguaje, que sí aparecían en años anteriores. Aún en el caso de que no se hayan incluido en las otras etapas que sí figuran (Infantil y Primaria), será más que difícil que sirvan para compensar el saldo negativo de -144 unidades. En los años previos estos recursos específicos han llegado a sumar, como mucho, un centenar de clases.

También hay que tener en cuenta la incertidumbre del próximo curso, pues es probable que se mantengan medidas extraordinarias por el Covid, como las burbujas o la necesidad de mantener la distancia, lo que supone ratios más reducidas, y por tanto, salvar muchas aulas.

En cuanto a la concertada, el balance no se conocerá hasta más adelante, cuando se resuelvan las peticiones de mantenimiento de conciertos. Dependerán de que se cumpla el mínimo de alumnos que fija la administración, en lo que también influye, lógicamente, la natalidad. En los últimos años ha sido la red que más recortes ha soportado.