«Tenían el material bajo llave y lo racionaban»

Y ante esta situación había que buscar responsables, por lo que el Sindicato Médico CESM-CV puso en marcha una batería de denuncias judiciales contra la Conselleria de Sanidad. Los tribunales ahora empiezan a dar la razón a los facultativos y ya han condenado al departamento a indemnizar a los primeros afectados, aunque el fallo ha sido recurrido. «Hicimos todo lo humanamente posible, fuimos hasta China a por material», han apuntado repetidamente desde el Gobierno autonómico. Frente a ello, tres de los 154 médicos incluidos en la primera sentencia condenatoria narran su experiencia en esas primeras jornadas de pánico. «De pronto nos dijeron que las mascarillas quirúrgicas nos tenían que durar todo el día y de las FFP2 nos daban una y era para toda la semana. El material estaba bajo llave, lo racionaban», describe Mario, médico de familia de Elda.

«Las dos primeras semanas fueron terribles. Cuando se acabaron los EPI (equipos de protección individual) sacaron los de la gripe A, que estaban caducados. Eran los únicos que nos daban. Yo soy muy alto y este equipo debe ser impermeable. Se me salían las mangas, los tobillos, y veía a gente poniéndose bolsas de basura. Yo me negué porque me parecía tocar fondo». Mario Medina es médico de familia del centro de salud Marina Española de Elda y recuerda que en los primeros días de la pandemia «volvías sin saber qué te habías traído a casa, desnudándote prácticamente en el garaje, evitando contacto con la familia hasta desinfectarte». «Nos obligaron prácticamente a hacer consulta telefónica porque la Administración no podía darnos los medios para atender a los pacientes de forma presencial, pero hacerlo por teléfono no es igual y ahí germinó el tema de la demanda, no sólo por el peligro para nuestra salud sino también por un problema legal, porque la responsabilidad -de un posible error- recaía sobre el facultativo. Sabíamos que esta mala gestión iba a tener repercusiones legales, y se tiene que hacer responsable a los que son responsables».

«Nos enfrentamos a una pandemia de consecuencias devastadoras y nos vimos abocados a hacerle frente sin medios, con angustia, desesperación e incertidumbre, para protegernos a nosotros, a nuestras familias y a los pacientes, ya que también podíamos ser vectores de transmisión. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos y no teníamos los medios para protegernos. Contábamos con lo que teníamos nosotros, con donaciones de empresas y particulares, con lo que cada uno podía comprarse por ahí, y con lo que improvisábamos». Alberto Acosta, médico de familia del centro de salud La Fábrica de Alcoy también estuvo al pie del cañón en los momentos más duros de la pandemia. «En la demanda por haber trabajado sin medios, nuestra empresa es la conselleria, y el hecho de que seamos médicos no quiere decir que tengamos que inmolarnos. Tenemos que velar por la salud de los pacientes y de la población en general, pero cualquier albañil tiene unos materiales de protección, y a nosotros no se nos dotó en ese momento, no lo teníamos». «Hubo gente que durante la primera ola se apartaron de sus familias por miedo a contagiarles y compañeros que se fueron a vivir a otro sitio».

«Llevaba 38 años trabajando como médico de Atención Primaria y el 2 de marzo fue cuando me liberé -para ser delegado del Sindicato Médico CESM-CV-, el 14 se declaró el estado de alarma y el 18 me contagié realizando funciones sindicales al visitar centros de salud y hospitales para hablar con los compañeros que estaban en primera línea». Antonio Ripoll, médico de familia y delegado sindical, explica que la interposición de la demanda contra Sanidad «se pone por la mala gestión, no para sacar dinero. Pero el juez ha decidido que esto ha generado un prejuicio a los trabajadores y ha fijado indemnizaciones». Recuerda que los primeros días «fueron caóticos, nos enfrentábamos a una situación que no conocíamos nadie y respondíamos como podíamos. La Administración en ningún momento supo reaccionar o ponerse a un nivel adecuado al que le corresponde como empresa empleadora, nos dejó un poco a los pies de los caballos. Nos encontramos bastante angustiados porque no nos apoyaba en nada, fue una situación penosa». «La demanda se interpuso para que la Administración reconozca que su actuación fue nefasta, no explicaron a la población por qué no podían ir a los centros de salud de forma presencial».