Mazón se reúne con Ribera para reivindicar el fin de los recortes ideológicos del agua

Tras reunirse con organizaciones agrarias, el jefe del Consell ha indicado que la Comunitat está haciendo «un ejercicio responsabilidad extraordinario». Además, Mazón ha recordado que el agua en España «es de todos y no tenemos que depender de si llueve o no porque hay recursos suficientes para todos. Lo que no hay son políticos que estén dispuestos a reconocer que esa distribución se puede hacer».

El jefe del ejecutivo valenciano ha indicado que el próximo lunes se reúne con Teresa Ribera y ha añadido que «quiero volver a interpelar al Gobierno de España para que actúe con rigor en materia de agua». A su vez ha reclamado «la solidaridad y mantenimiento de elementos básicos de sentido común que han desaparecido durante todos estos años».

Mazón ha recalcado que la Comunitat Valenciana «está a la altura de las circunstancias. Voy con una agenda clara y reivindicativa y con un profundo y sereno malestar con el Gobierno en general y con la ministra en particular con respecto al trasvase Tajo Segura, al concepto ideológico del agua en España con la Comunitat como especialmente perjudicada».

También ha adelantado que pedirá a la ministra «la eliminación inmediata de los caudales políticos porque no hay ni un solo informe que los acredite».

Hay que tener en cuenta que el Gobierno planea recortar el trasvase Tajo-Segura en unos 100 hectómetros cúbicos anuales a través del Plan Hidrológico del Tajo, documento en el que está previsto incrementar los caudales del río que conllevará una disminución del agua a transferir.

La medida está recurrida ante el Tribunal Supremo por la Diputación de Alicante y por el propio Consell ya que consideran que el recorte responde a cuestiones ideológicas y no hay una motivación técnica.

El recorte supondrá una disminución en la actividad económica de 238 millones de euros (el 0,6% del PIB de la cuenca del Segura). Además, implicará un incremento de los costes de abastecimiento urbano de 16 millones de los que 13,5 corresponden a la demarcación del Segura y 2,5 al resto de demandas. En la misma línea, se calcula una pérdida patrimonial derivada de la modificación de riego a secano estimada en 485 millones. Los regantes prevén que el recorte provocará la pérdida de 15.000 empleos.

La Comunitat también tiene pendiente inversiones hídricas por valor de 600 millones de los que la mayor parte corresponden al Estado central. Es el caso de la construcción de las presas de Montesa (valorada en 30 millones de euros), Sellent (otros 30) y Vilamarxant (30 más). Hay también actuaciones actuaciones previstas para frenar el riesgo de inundaciones como la del cauce bajo del Turia y el área metropolitana de Valencia con un coste estimado que asciende a los 80 millones, entre otras intervenciones.