Medio Ambiente no ampliará la protección de la Albufera

Fue en Carlet, localidad que ayer visitó Salomé Pradas, la consellera de Medio Ambiente, donde la titular de este departamento dejó clara su postura. «Respetaremos todo lo que implique consenso», puntualizó Pradas que añadió que «la zona de protección ya está muy bien delimitada. No hace falta ir más allá de los límites actuales».

Con esta afirmación Pradas ha echado por tierra la pretensión del gobierno del Botánico de ampliar la protección del parque natural, especialmente por su parte marítima que afectaba a la desembocadura del Turia y directamente al Puerto.

En este sentido, Salomé Pradas se refirió a la necesidad de establecer unas normas que salvaguarden el paraje protegido pero que a la vez sean compatibles con el uso público del parque natural.

En este sentido, la consellera recordó que se ha puesto en marcha la actualización del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG), un documento que fue anulado en parte por el Tribunal Supremo en 2012. Pradas destacó que el Consell de Alberto Fabra dejó ultimada su redacción «y el Gobierno del Botánico no ha hecho nada en ocho años».

Y es que la conselleria entonces gobernada por Compromís se valió de la Albufera, y en concreto el borrador del PORN, en un intento de bloquear las obras en el Puerto de Valencia.

Desde la Conselleria de Emergencia Climática se planteó la posibilidad de potenciar una serie de ecosistemas en continuidad con el humedal hasta el sur del Puerto de Valencia con la idea de crear un corredor ecológico que fuera desde el parque natural hasta esta infraestructura.

Así, tal y como se recogían en las alegaciones de Valencia Port ZAL y Valencia Plataforma Intermodal y Logística, empresa ligada a la autoridad portuaria, las nuevas normas planteadas por el gobierno del Botánico «suponen la prohibición del fondeo en aguas portuarias inhabilitando la zona de varada así como la prohibición de ejecución de nuevas infraestructuras portuarias vulnera la competencia exclusiva del Estado». Es decir, eliminaba una de las zonas destinada a que los barcos esperen hasta poder entrar en el puerto para descargar.

Uno de los principales argumentos utilizados por varias entidades en sus alegaciones al proyecto era que este departamento se extralimitaba en sus competencias y se producía una injerencia en las de otros organismos como el de la Autoridad Portuaria.

Además, la mayor parte de las alegaciones, que ahora se encuentran en fase de estudio, muestran el rechazo generalizado que ha provocado este plan entre ayuntamientos, ministerios, Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y otras consellerias al documento elaborado por la dirección del parque natural.

Así, desde el Puerto (Valencia Port ZAL) señalaban en las alegaciones que no se había comprobado que las obras de la ampliación norte de la infraestructura hubieran afectado a las playas del sur ni al parque natural de la Albufera.

Desde esta entidad ligada al Puerto se indicaba en las alegaciones que la conselleria se había inmiscuido, además, en competencias estatales.

También el borrador del plan de ordenación prohibía la construcción de nuevos puertos, «deportivos o para actividades profesionales, o ampliación de los existentes en toda la línea de costa del ámbito del PORN» en una clara referencia al de Valencia.

La Confederación Hidrográfica del Júcar en sus alegaciones señalaba que en el nuevo plan de ordenación «se establecen competencias que exceden el ámbito autonómico». Además, este organismo alegaba que la normativa del PORN «no puede alterar la competencia del organismo de cuenca sobre los vertidos». También añadía que en las disposiciones sobre las aguas subterráneas en el documento de protección de la Albufera «entrarían en conflicto con las competencias del organismo de cuenca».

Por otro lado, la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat se manifiestaba en la misma dirección e informaba desfavorablemente, «con carácter vinculante», ya que consideraba que el PORN no podía limitar la competencia estatal

Uno de los sectores más afectados por el borrador presentado por el anterior gobierno es el de los agricultores del parque que reclamaban que se respetara el tradicional cultivo del arroz así como la modernización de los regadíos.

Las asociaciones agrarias reclamaban que el plan de ordenación tenía que compatibilizar el valor ambiental de la Albufera con la demanda de agua y las actividades agrarias. A estas entidades les hubiera gustado que en el borrador se recogiera una frase como «se tomarán las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz como garante de la supervivencia de este parque natural».

En estas alegaciones, los agricultores se oponían también a la ampliación de la zona de protección. Consideraban que el parque ya cuenta con un área amplísima «que es todo el arrozal» Además, en esta se incluyen terrenos de cultivos de huerta y frutales que suponen una segunda zona de protección. Por ello señalaban que la franja perimetral de 500 metros «en absoluto es necesaria para el parque, simplemente supone añadir más trabas».