El plan de protección de la Albufera obligará a los barcos a esperar más lejos del puerto de Valencia

En sus alegaciones al borrador del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) Valencia Port ZAL y Valencia Plataforma Intermodal y Logística, empresa ligada a la autoridad portuaria, señala que «la ordenación y normas de aplicación directa suponen la prohibición del fondeo en aguas portuaria inhabilitando la zona de varada así como la prohibición de ejecución de nuevas infraestructuras portuarias vulnera la competencia exclusiva del Estado».

Esta es sólo una de las alegaciones presentadas al documento elaborado por la conselleria sobre la Albufera y que el pasado 31 de marzo fueron estudiadas por la Comisión de Evaluación Ambiental que emitió el documento de alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico.

Todas estas alegaciones muestran el rechazo generalizado que ha provocado este plan entre ayuntamientos, ministerios, Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y otras consellerias al documento elaborado por la dirección del parque natural.

Otra de las alegaciones presentadas por la empresa ligada al puerto manifiesta la disconformidad de la Autoridad Portuaria con la inclusión de algunos espacios de aguas portuarias en el área de protección ya que no forman parte de los espacios protegidos por la Red Natura 2000 por lo que considera que deben excluirse de la ampliación del PORN.

En este sentido, desde el Puerto (Valencia Port ZAL) se señala que no se ha comprobado que las obras de la ampliación norte de la infraestructura hayan afectado a las playas del sur ni al parque natural de la Albufera.

Desde esta entidad ligada al Puerto se indica que la conselleria se ha inmiscuido, además, en competencias estatales. Una práctica que se ve que es una constante en el PORN ya que otros organismos estatales utilizan el mismo argumento.

Es el caso de la Confederación del Júcar que en sus alegaciones señala que en el nuevo plan de ordenación «se establecen competencias que exceden el ámbito autonómico». Además, este organismo también alega que la normativa del PORN «no puede alterar la competencia del organismo de cuenca sobre los vertidos». También añade que en las disposiciones sobre las aguas subterráneas en el documento de protección de la Albufera «entrarían en conflicto con las competencias del organismo de cuenca».

La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat se manifiesta en el misma dirección e informa desfavorablemente, «con carácter vinculante», ya que considera que el PORN no puede limitar la competencia estatal «para evitar la ubicación de infraestructuras sobre suelos productivos agrícolas, no ampliar la capacidad de las infraestructuras viarias presentes, tomar medidas tendentes a la supresión o disminución de cantidad de tráfico y regular la siega de la vegetación presente en los márgenes de las carreteras».

Por otro lado, el servicio territorial de urbanismo de Valencia, dependiente de la Conselleria de Política Territorial, insta a los redactores del plan de protección de la Albufera a aclarar exactamente qué se puede hacer y en qué zonas del parque para ver los usos que son compatibles con la protección. Esta es una alegación de peso ya que establece los usos urbanísticos que se pueden acometer en las inmediaciones de este paraje natural.

En este sentido, este departamento también pide que se establezca claramente el perímetro de protección de 500 metros y que se aclaren las limitaciones que se establecen sobre actividades industriales y comerciales y si sólo afectan al parque o a todos los espacios incluidos en el plan de protección.

Por su lado, el servicio de caza y pesca advierte que en su regulación actual se prohíbe en la práctica la actividad cinegética «al no quedar disponible terreno efectivo para el ejercicio de la caza». Además, este departamento señala que se suprime el derecho tradicional de la caza nocturna, las tradicionales cábilas.

Pero un volumen importante de alegaciones corresponden a los ayuntamientos afectados por el área de protección del parque natural. El de Albalat de la Ribera advierte de que se limita la actividad agraria y considera inasumible que no se permita modificar, remodelar o restaurar infraestructuras y edificios en las zonas de usos restringidos.

El Ayuntamiento de Cullera presenta unas alegaciones muy duras. Recrimina a los redactores que no se ha valorado ni tenido en consideración la documentación que se le requirió en 2020 para reformar el PORN. Los técnicos del consistorio detallan que tampoco se ha tenido en cuenta la clasificación actual de suelo urbano en el Mareny de Sant Llorenç y zona del Dosel.

Otra de las cuestiones que se detallan es que la zona de protección de impactos del parque natural es más amplia que la anterior y el Ayuntamiento de Cullera considera que no se ha justificado esta ampliación que, además, «irrumpe en el planeamiento municipal, incluso en suelos urbanos».

El ayuntamiento también critica que en algunos aspectos hay una intromisión en la autonomía municipal al alterar la clasificación del suelo urbano y urbanizable en algunos puntos del municipios.

El de Cullera no es el único ayuntamiento que ha alegado. También lo ha hecho el de Sueca que reclama «la necesidad de suelo urbanizable en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de dotación y servicios de la población». También destaca la necesidad de nuevos caminos o carreteras y la de buscar nuevas fórmulas para hacer viable económicamente su construcción.

En este sentido, el consistorio llama la atención sobre el hecho de que el nuevo plan «impide el crecimiento vegetativo de El Perelló provocando su asfixia económica».

Consistorios tan alejados del parque como los de Cheste o Turís también han realizado alegaciones. El primero advierte de que está tramitando el plan general de ordenación urbana para incrementar el suelo para actividades económicas y residenciales y la tramitación del nuevo PORN ha generado incertidumbre.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Turís pide que se amplíe la zona que se considera antropizada para que se incluyan en ella todos los suelos urbanos, urbanizables y susceptibles de ser legalizados. Además, estiman que se debería establecer una zonificación más detallada que atienda a las realidades concretas del municipio.

También han presentado alegaciones municipios como Alfafar, Massanassa, Riba-roja del Túria, Silla, Torrent o Valencia.

Por otra parte, una empresa del grupo Iberdrola ha presentado también sus alegaciones. El grueso de estas se refiere a los inconvenientes que presenta el enterramiento de las líneas eléctricas como se solicita en el PORN. En este sentido, señalan que los tendidos aéreos son mucho más efectivos y que los subterráneos suponen abrir grandes zanjas en este parque que es una zona inundable con los riesgos que conlleva.