Medio Ambiente proyecta tres incineradoras de residuos tras el veto del Botánico

El departamento que encabeza el conseller Vicente Martínez Mus pretende impulsar este sistema de gestión de desechos mediante una modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunitat (PIRCV), que actualmente está caducado al tener que renovarse cada cuatro años y cuya última actualización se llevó a cabo en 2019. El anterior documento redactado por PSPV y Compromís desactivaba la posibilidad de implementar esta tecnología en la región para tratar el rechazo de los residuos, es decir, el material no reutilizable tras haber superado el proceso de reciclaje. Sin embargo, el proyecto del Consell actual pretende fomentar su puesta en marcha al no haber ninguna instalación de este tipo en territorio valenciano.

Martínez Mus ya ha declarado en público sus intenciones de poner en funcionamiento sobre esta necesidad «a futuro, que ya habíamos detectado antes, que hace falta hacer y es una manera de trabajar los residuos que no podemos desechar porque la necesitamos en la Comunitat». No obstante ha descartado quemar desechos de la dana gracias al tratamiento «muy eficiente» que se está realizando y a que «tampoco daría tiempo para construir la planta» dado que para verano espera tener retirada ya toda la basura.

No obstante, todo pasa por modificar el PIR y fijar sus posibles ubicaciones que todavía no están decididas. El responsable de Medio Ambiente recuerda que en 2035 «sólo el 10% de los residuos debe llegar a vertedero y el resto debe ser tratado» y que, con los porcentajes de reparto modal en la gestión de desechos, «será importante contar con esas instalaciones para cumplir ese objetivo».

Por ello, Martínez Mus aboga por aprovechar los residuos «al menos con una instalación en Valencia, otra en Alicante y veremos si en Castellón también». Asimismo, el conseller abogó por hacer «pedagogía» para acabar con el descontento social que despierta esta tecnología.

El funcionamiento de este tipo de plantas es similar al de una central térmica. Según las fuentes del sector consultadas por LAS PROVINCIAS, en la actualidad la cantidad de 'rechazo' ronda el 40%, materiales que acaban yendo a vertederos, porcentaje que se podría reducir a tan sólo un 5% en caso de implementarse la incineración. Además, la ceniza resultante podría reconvertirse en cemento para la construcción.

Su financiación corre a cargo del pago de tasas al considerarse la gestión de residuos un servicio y los expertos en la materia aseguran que estas plantas de tratamiento pueden integrarse incluso dentro del ámbito urbano o industrial al no presentar sus emisiones riesgo para la salud de las personas. El caso paradigmático de esto es la capital de Japón: Tokyo cuenta con 21 plantas de esta índole repartidas por toda su superficie urbanizada.

El vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, Jesús Paniagua, resalta que la implementación de esta tecnología cuenta con un amplio consenso dentro del sector de la ingeniería de residuos y destaca el gran beneficio medioambiental, no apreciable a simple vista, para reducir emisiones de traslados en carretera o el depósito en vertederos controlados. Paniagua explica que, si el área metropolitana de Valencia hubiese contado con este tipo de instalaciones para gestionar los acopios de 'rechazo' generados por la riada, una parte de los mismos podría haberse derivado ahí «en vez de ir a llenar vertederos».

El ingeniero especialista en residuos comenta que si un vertedero está preparado para recibir del orden de 500 toneladas al día y tiene que asumir cerca de 3.000 toneladas al día durante meses, se produce un rápido consumo de su vida útil, que no es tan fácil de ampliar. Asimismo, el experto advierte de las dificultades existentes para habilitar nuevos puntos de vertido como consecuencia de las regulaciones, normativas y el rechazo social.

Todo ello, añadido a que estas instalaciones siempre se llenan más rápido de lo previsto, no hacen más que agravar «la crisis de vertederos» en la que está inmersa la Comunitat. Paniagua comenta que muchos depósitos están cerca de su tope y que las administraciones no siempre buscan alternativas a largo plazo cuando «es una prioridad política». «A veces no se tiene una solución hasta que les queda un año de vida útil», lamenta.

En cuanto a su no puesta en funcionamiento y la baja cantidad de instalaciones de incineración en España, el vicedecano achaca la falta de apoyo social de este sistema al desconocimiento del mismo, asegura que el estándar de emisiones de la incineración «es el más exigente de toda la industria» y defiende la seguridad de una tecnología «más que probada» al tener operativas unas 1.200 plantas alrededor del mundo. Hay que subrayar que en estas instalaciones solo se incinera aquello que ya no puede reciclarse de ninguna manera.

Según datos de la Confederación de Europea de Plantas de Transformación de Residuos en Energía (Cewep) correspondientes a 2021, España tiene un reparto modal en su gestión en el que sólo el 11% se incinera, el 37% se recicla y más de la mitad de los mismos, el 52%, va a vertederos. Con estas cifras, el vicedecano apunta que los países europeos que más reciclan son a la vez los que más incineran y los que tienen menos vertederos.

Bajo su punto de vista tampoco es casualidad que sean las principales potencias económicas del continente las que tengan una mayor proporción de incineración pues esta tecnología resulta más costosa que el vertido: «Tratar los residuos siempre tiene coste, pero a cambio tendremos un medio ambiente en las condiciones que queremos tener», apostilla Paniagua.

Esta misma lógica, extrapolada a nivel nacional, arroja resultados similares a los que se ven en el resto de Europa: las regiones más ricas son las que cuentan con más plantas incineradoras en sus territorios. En toda España hay 11 instalaciones de incineración de residuos, cuatro en Cataluña, dos en País Vasco y una en Madrid, Baleares, Galicia, Cantabria y Melilla, respectivamente.

Por último, Paniagua valora la intención de Medio Ambiente de modificar el PIR para abrir la puerta a las incineradoras en la Comunitat y contribuir a alcanzar los porcentajes de gestión y tratamiento de residuos fijados por Bruselas para dentro de una década. Eso sí, «llegamos justos a 2035 empezando mañana», advierte en referencia en que se tardarían unos ochos años en poner en marcha una instalación de este tipo por los trámites que acarrea.