Las monjas de Segorbe llevan al juzgado a Oltra por el traslado de los menores

El juzgado de primera instancia número 7 de Castellón (Juzgado de Familia) ha celebrado una vista por el traslado de una docena de menores internados en el centro de acogida de Segorbe que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ordenó cerrar en mayo de 2017 debido a presuntas irregularidades y malos tratos.

La demanda contra el departamento que dirige la también vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha sido interpuesta por la congregación religiosa de las Hermanas Terciarias Capuchinas, que gestionaba el centro de acogida La Resurrección de Segorbe hasta la decisión de la conselleria. Precisamente hace poco más de una semana, estas instalaciones -que ahora dependerán directamente de la Fundación Amigó- reabrían sus puertas tras dos años de clausura.

Las Terciarias Capuchinas han recurrido a este tribunal de Castellón las medidas adoptadas por la Generalitat sobre el traslado de los menores a otros centros, así como el resto de medidas incluidas en los expedientes de protección, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Las mismas fuentes recordaron que en este caso no se enjuicia la decisión del cierre adoptada por la conselleria, un asunto que es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sobre esto, fuentes de la conselleria indicaron ayer que el departamento actuó sobre la base del informe realizado por los técnicos, que se procedió al traslado de las personas que allí residían y que la gestión del centro se sacó a concurso mediante concesión.

El centro concertado de Segorbe fue clausurado en mayo de 2017 por presuntas irregularidades en la gestión, malos tratos y acoso sexual a una menor, lo que provocó que Mónica Oltra ordenara el traslado urgente de los adolescentes y el cierre del inmueble. Ni el apoyo de los vecinos (cerca de un millar de personas se manifestaron para apoyar la labor de las religiosas) ni la recogida de 7.000 firmas sirvieron para frenar el procedimiento abierto por la Generalitat.

Instalaciones obsoletas, indicios de castigos físicos, duchas de agua fría en invierno o la ingesta de alimentos caducados fueron algunas de las acusaciones recogidas por los inspectores de la conselleria en su informe.

Sin embargo, cinco meses después, la investigación abierta por la fiscalía de Castellón se cerró al no encontrarse «motivos para abrir diligencias de investigación penal», señalaba en octubre el responsable del ministerio público. La justicia también absolvió al monitor acusado de un delito de acoso sexual al considerar que no existía prueba de cargo suficiente.

El fin de la actividad en La Resurrección también supuso que las religiosas, que llevaban la gestión desde hace tres décadas, iniciasen un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los 17 trabajadores.