Las multas del Covid empiezan a prescribir por la falta de personal para tramitarlas

Multas por incumplir medidas de seguridad por el Covid en la Comunitat nunca llegarán a cobrarse. Es la realidad que sobreviene ante el aluvión de denuncias que tiene sobre la mesa la Conselleria de Justicia y la lentísima tramitación a pesar de los refuerzos de personal. Como confirmaron fuentes del departamento autonómico a consulta de LAS PROVINCIAS, algunas de las sanciones leves han prescrito, sin aportar datos sobre la cantidad. Su mensaje tranquilizador es que las conductas más graves no van a quedar impunes.

La caducidad o prescripción de las sanciones es una posibilidad que viene recogida en el decreto del régimen sancionador, en vigor desde el 24 de julio del año pasado. Su artículo 8 detalla, textualmente: «Las infracciones tipificadas como leves prescribirán en el plazo de seis meses» y «el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día de la comisión del hecho». Se añade que interrumpirá la prescripción «la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador».

El problema, según Justicia, es que la carga de trabajo no ha permitido tramitar y comunicar en ese medio año de plazo un número aún indeterminado de denuncias leves (la inmensa mayoría por no llevar mascarilla). Sin embargo, la ley dota a Justicia de más tiempo para el resto de propuestas de sanción: en el caso de las graves el plazo de la Administración es de dos años. En las muy graves se eleva hasta tres.

Los últimos datos sobre el estado de tramitación de multas fueron facilitados por Justicia en julio y dan idea de la creciente bola de nieve que sepulta sus capacidades. En un año se habían interpuesto 208.000 denuncias. Y es que, como la propia conselleria de Justicia admitió, «a partir del mes de noviembre, con la introducción de nuevas medidas restrictivas para frenar los contagios» de la mano de la tercera y letal ola, «el número de denuncias aumentó de manera exponencial». El número de denuncias aumentó hasta picos de 500 al día.

Cuando el decreto de sanciones empezó a andar, la tramitación de sanciones recayó sobre el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias. El equipo estaba compuesto por cinco funcionarios capaz de absorber unas 300 denuncias al año. Ínfimo para lo que se avecinaba. Como es lógico, hubo refuerzos hasta alcanzar los 52 funcionarios para la titánica labor. Pero ni con esas se ha a logrado la deseada fluidez.

La última foto fija sobre el engranaje de las sanciones del Covid la ofreció la Conselleria de Justicia el 27 de julio. Hasta esa fecha los cuerpos policiales habían elevado a la Generalitat 208.000 denuncias por los incumplimientos de restricciones. El Consell había tramitado (introducido en el sistema de gestión de multas) sólo 26.826 de las propuestas de sanción. Afectaban a 25.586 personas físicas y a 1.240 negocios o locales. Se había iniciado el expediente sancionador en 19.926 de los casos. Poco más de 8.000 había finalizado y sólo 1.880 infractores habían reconocido la falta.

En el plano sanitario, la Generalitat ya ha administrado la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a 1.736 personas. Se trata de pacientes con patologías de riesgo y personas mayores de residencias. Dentro del proceso de inmunización, 4.036.959 valencianos han recibido ya una dosis de la vacuna contra el Covid. Y 3.906.558 cuentan con la pauta completa.

La Comunitat sumó ayer 187 contagios, un ligero ascenso respecto a los 176 del martes pasado. Además, otros cinco pacientes han perdido la vida desde la última actualización y ya son 7.766 las víctimas mortales de la pandemia en la región.

La mejor noticia llegó ayer con las hospitalizaciones: hay 209 ingresados, una veintena menos que el lunes. De de ellos, 60 permanecen en las UCI de los centros valencianos. La incidencia acumulada en la región (contagios en relación a la población) continúa a la baja. El lunes la tasa se situaba en 58 y ayer la cifra era de 55,64.