Los municipios de la zona cero de la DANA, pendientes de gestionar los 100 millones de ayuda de Amancio Ortega

Municipios como Torrent, Albal, Catarroja, Massanassa, Benetússer, Alfafar, Sedaví y Paiporta ya han confirmado que trabajan con una cifra que en sus casos se sitúa en 27 millones. El dinero se destinará a ayudas para las personas que hayan sufrido daños en su vivienda, mobiliario, enseres, electrodomésticos, vehículos necesarios para el trabajo o la pérdida de la fuente de ingresos.

El Patronato de la Fundación Amancio Ortega creó un fondo con la finalidad de que cada ayuntamiento pueda tramitar estas ayudas directas a los afectados por la catástrofe. Entre las localidades que han indicado las cantidades recibidas están Torrent, con 5 millones; 4 para Albal, 6 millones para Catarroja, 5 para Benetússer, 3,4 para Alfafar o 5 para Paiporta.

Las ayuda siguen por ahora, y desde el 12 de noviembre, en las cuentas municipales. Y es que los ayuntamientos están trabajando en unas bases para establecer los criterios de ayuda y su posterior justificación, como exige la Fundación de Amancio Ortega, donde cada consistorio tendrá que reportar y justificar las ayudas entregadas.

En este sentido, la Diputación de Valencia y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local – Cosital Valencia han ofrecido a los ayuntamientos un modelo de bases reguladoras para que puedan adaptarlo y acelerar el proceso de entrega de ayudas de la Fundación Amancio Ortega a las personas damnificadas. También desde la Mancomunidad de l'Horta Sud entregaron hace una semana un borrador elaborado en colaboración entre el Ayuntamiento de Torrent y la secretaria de la Mancomunidad «que cada pueblo tendrá que adaptar a la realidad de su municipio y sus ncecesidades», confirman fuentes de la Mancomunidad.

Las ayudas están destinadas a las personas físicas con un máximo de 10.000 euros, en función de la gravedad de la situación, de 3.000, 6.000 y 10.000 euros, y tres líneas: las ayudas por daños en la vivienda habitual, mobiliario, por daños en vehículos necesarios para el trabajo, y por la pérdida de la fuente de ingresos, siendo los ayuntamientos los encargados de decidir los criterios, la selección de los beneficiarios, y sus cuantías.

Como señaló la Fundación en la carta enviada a los consistorios, «las ayudas deberán abonarse a personas físicas residentes en su municipio. Si fuese necesaria la contratación de personal o los servicios de terceros para la administración de las ayudas podrá detraerse de la cantidad donada lo necesario hasta un importe máximo de 50.000 euros por todos los conceptos».

Desde la Fundación se aseguran mucho en su misiva de que los Ayuntamientos den el destino que toca a sus ayudas. «El consistorio debe aceptar una verificación a posteriori del destino del dinero efectuada, en su caso, por una empresa auditora de reconocido prestigio designada por nuestra institución. A esos efectos el ayuntamiento debe de conservar un documento por destinatario en el que figuren al menos el nombre, los apellidos, el número del documento de identidad, el domicilio y la causa de la ayuda, así como eljustificante del pago realizado. Esta verificación se podrá realizar dentro de los dos años siguientes a la realización de la transferencia realizada por la Fundación al ayuntamiento», como señala la carta enviada por la entidad del dueño de Inditex.

Con la prioridad de que sean vecinos afectados, la Fundación sí que hace una salvedad y señala que los consistorios pueden elegir a quién va el dinero: «El ayuntamiento decidirá los criterios de afectación del daño causado y los de seleccién de los destinatarios y sus cuantías dentro de las condiciones antes indicadas».