La negativa del Gobierno a revisar los edificios con seguro dañados tras la dana dejará 25.000 sin inspeccionar

En concreto, las cifras que se manejan es que son unos 37.000 los edificios que tras la hecatombe resultaron dañados en menor o mayor medida. Fue a mediados de diciembre cuando los integrantes de los equipos de expertos que están llevando a cabo las inspecciones en los inmuebles recibieron un mensaje en los grupos con los que se lleva a cabo el operativo: «Sólo se realizará la TAC (Tabla de Análisis de Catástrofes) si no tienen seguro». O lo que es lo mismo, los trabajos se llevarán a cabo en aproximadamente uno de cada tres inmuebles. Estos son los que no tienen un seguro. Alrededor de 12.000. La cifra supone que unos 25.000 se quedarán sin ser examinados por los especialistas del Instituto Valenciano de Edificación.

¿Qué supone ello? «No habrá una visión integral de los problemas de edificación, sino discreccional y sesgada para tomar decisiones que aborden el problema». Lo señala un arquitecto consultado por este diario y que participa en esta labor tras la dana. No es tanto una cuestión de dinero o de falta de ayudas para los afectados y propietarios. Aunque también puede serlo. La vía de las indemnizaciones se sigue por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Este órgano es el encargado de peritar todos los daños en edificaciones.

Sin embargo, algunos seguros privados eximen el pago de desperfectos por inundaciones, lo que puede dejar a los perjudicados compuestos y sin indemnización. Además, las inspecciones del IVE permiten aligerar el cobro de ayudas, que ya de por si están siendo bastante lentas, por lo que los dueños de viviendas con seguro que no sean inspeccionadas por el Ejecutivo verán este trámite como algo mucho más farragoso y burocrático.

«Me consta que en el IVE están muy molestos», señala el técnico consultado por LAS PROVINCIAS. El tira y afloja entre la administración autonómica y el Gobierno está ralentizando además notablemente la culminación de los expedientes por parte de los integrantes de los equipos de revisión después de la riada. «Yo tengo unos 40 edificios de los que sólo he revisado uno, precisamente el que cumple con las condiciones de no tener seguro», sostiene el arquitecto. El plan contempla que cada técnico realice unas 200 inspecciones con TAC. «Yo por ahora sólo llevo una decena», subraya el especialista, refiriéndose a las fincas que carecen de seguro.

Tal y como adelantó este martes LAS PROVINCIAS, el Gobierno valenciano, a través del Instituto Valenciano de Edificación (IVE) activó a principios del mes de noviembre el Grupo de Edificación, de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación, convocando a todos sus miembros. De los primeros análisis realizados se extrajo esa estimación de 37.000 edificios con algún tipo de daño. Las inspecciones de los edificios afectados comenzaron de inmediato con el objetivo de evaluar los desperfectos y arrojar un diagnóstico preciso que facilitara las labores de reconstrucción.

Dada la necesidad de realizar informes periciales de daños en los edificios afectados, la vicepresidencia primera ofreció, a través de su Dirección General de Vivienda, la puesta a disposición de todos estos trabajos de inspección para ayudar a la tramitación y eficiente gestión de las ayudas del Gobierno Central.

La empresa estatal Tragsatec, que tenía el encargo de elaborar todos esos informes, contactó con el IVE con el objeto de firmar un contrato para realizar dicha labor. Sin embargo, la citada firma precisó que estas inspecciones se realizarían únicamente a los edificios que no contaran con seguro privado. Fue el 18 de diciembre cuando se comunicó esta medida a los integrantes del equipo, del que forman parte tanto personal del Instituto Valenciano de Edificación como otros expertos del mundo de la arquitectura y del urbanismo a los que se ha contratado como refuerzo ante la ingente labor de trazar el mapa del desastre tras la dana.

Como señaló ya este periódico, el malestar en el IVE ha hecho que la Junta del Patronato, integrada por todos los agentes del sector de la edificación (asociaciones de constructores, promotoras, colegios profesionales, universidades, cámara de contratistas, asociaciones de fabricantes...), haya decidido dirigirse al ministerio de Política Territorial para solicitar que se reconsidere esta decisión y se garantice la inspección de todos los edificios afectados por la catástrofe, sin que la presencia de un seguro privado constituya un criterio excluyente.