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Fiscal de carrera, durante años ha lidiado en los tribunales buscando condenas. Tras la muerte del niño asesinado en Sueca, con dos juzgados ... tramitando cada uno por su lado un asunto civil y penal, da la cara. «No vamos a escurrir el bulto», subraya Gabriela Bravo en su despacho de la Conselleria de Justicia, en la octava planta de una de las torres de la Ciudad Administrativa 9 octubre. Y destapa lo mucho que a todos los operadores jurídicos, y administración, les queda por hacer.
-¿Se podría haber evitado la muerte de Jordi?
-Ante cada asesinato de un niño o una mujer siempre nos debemos hacer esa pregunta. '¿Podíamos haber actuado mejor?' Analizar con autocrítica y sin escurrir el bulto. Todos. La Administración, si los medios son los necesarios y funcionan. Si invertimos suficiente. Pero ante la expresión más brutal del terrorismo machista, es imprescindible que también el poder judicial reflexione. Analice el procedimiento y sus decisiones. Igual que la fiscalía y la abogacía. Y ese análisis muchas veces no se da. Y de nada sirve poner más medios si luego no se utilizan. No sé si podíamos haber evitado la muerte del niño, pero podemos analizar bien los procedimientos y la falta de recursos para cambiar. Debemos reunirnos, sentarnos todos y tomar decisiones. ¡Pero todos! A un juez no puedes invadirle su propia independencia judicial pero yo creo que sí sería importante sacar recomendaciones. Ante un hecho así no puedo estar satisfecha de mis recursos ni de nada porque siento que no ha sido útil.
-¿La Administración puso los medios para que no ocurra?
-Se comenzó diciendo que hubo una falta de conexión entre los juzgados. Aclaramos que esos juzgados no están completamente incomunicados, que al ser juzgados mixtos tenían acceso a la información. Sólo había que consultar una plataforma con todas las resoluciones en materia de violencia o de delitos contra la integridad física o sexual. Los jueces no están obligados, pero tienen esa plataforma. ¿Que podíamos haber hecho nosotros más? Claro. Que hubiera un sistema de alertas. Llegará en noviembre con el certificado digital.
-Siempre se llega tarde...
-Pero tenían acceso a la información. Además, la víctima declaró ante la Guardia Civil que había un procedimiento de separación. Si esto es así, de nada sirven los sistemas de alertas. Si está en el procedimiento, ¿cómo es posible que no se requiera al otro juzgado que se inhiba? Hay que analizar por qué para el juez, fiscal y la letrada de la víctima esto pasa desapercibido. Desde 2004 tenemos unidades de valoración de riesgo. Hay 13 en la Comunitat, con forenses, psicólogos y trabajadores sociales, que analizan en casos de maltrato toda la unidad familiar, la vulnerabilidad de la víctima y la amenaza frente a la vida. De 30.000 asuntos, los juzgados de la Comunitat derivan exclusivamente un 12% para pedir esa valoración del riesgo.
-¿No se hace en el 90% de los casos esa valoración de riesgo?
-Decide el juez. Aunque las partes lo pueden pedir también. Yo no entro a criticar si ese 12% es mucho o poco, digo que hemos puesto unos recursos para profundizar en el riesgo y evitar situaciones como esta. Igual necesitamos poner más. No estoy diciendo que lo hayamos hecho todo bien. Todos los recursos son pocos contra el terrorismo machista. Pero hay que usarlos para detectar si son suficientes. En todos los procedimientos de violencia, el atestado va acompañado de una valoración policial del riesgo, con un cuestionario a la víctima. Se fija como bajo, medio o alto y las medidas de protección se basan en eso. Pero la valoración forense del riesgo se puede pedir en el juzgado de guardia en las 24-48 horas del hecho. Es más amplio, porque no sólo se analiza a la víctima, también al maltratador, su personalidad, salud mental, adicciones... De 30.0000 asuntos en el 2021 en la Comunitat se han pedido 14 informes para analizar el riesgo potencial del agresor, según datos de nuestros tres institutos de medicina legal.
-Y las maltratadas critican que no se valora bien el riesgo...
-Yo pido que se usen más los recursos y luego me hagan las críticas. Es preocupante que la mejor herramienta para conocer la actitud y personalidad del maltratador se use y pida tan poco. Yo critico los juicios rápidos y me responden que es muy buena herramienta porque se evitan retiradas de denuncia o que la mujer esté a la espera de un proceso judicial que le angustie, pero si el precio de esas ventajas es que no cerramos bien la investigación, tenemos un problema.
-O sea, se falla al valorar el riesgo para la vida de las víctimas...
-Me pueden decir 'es que hemos considerado que con la información policial y la posterior integral que podemos pedir en algunos casos es suficiente'. Yo no trato de imputar fallos, lo hago de forma constructiva. Cuando nos encontramos ante un fracaso como este, porque cuando una mujer que ha sufrido tanto y con tanto miedo, se atreve a cruzar la línea de la denuncia, y luego a esa mujer la asesinan o asesinan a sus hijos, es imprescindible que analicemos todo. Todos podemos hacer más. La Administración, la primera. Porque nuestros recursos seguro que se pueden mejorar. Claro que el sistema informático se tiene que mejorar, claro que las alertas tienen que estar implementadas, y la adecuada comunicación entre los juzgados.
-¿Se sacrifica demasiado la seguridad por la celeridad?
-(silencio) Es como defender las sentencias de conformidad por su celeridad, pero acabamos con sentencias muy benevolentes, con un 40% de la reducción de la pena. Por eso soy muy crítica con los juicios rápidos, pero más con el apresuramiento de las conformidades. A veces el afán de conseguir una conformidad también lleva a un cierre en falso de la investigación. Es cierto que los juzgados tienen mucha carga de trabajos. Tras lo de Sueca no trato de imputar a nadie la responsabilidad. La responsabilidad es de todos. Yo me siento muy concernida también. Lo veo como un fracaso. Y no creo que esto tenga que desmotivar a las mujeres. Tenemos que ponernos a trabajar y a revisar todos cómo estamos haciendo las cosas para que esto no pase.
-¿Estaban convocados los jueces a su reunión esta semana?
-Sí, pero no acudieron.
-¿Por qué?
-Había convocado la presidenta de la Audiencia otra el viernes y entendieron que en el marco de esa harían el análisis, porque entiendo y estoy segura de que les preocupa tanto como a mí.
¿No será porque hay malestar con usted por sus críticas?
-Creo tener una muy buena relación con todo el sector judicial. Estas reflexiones no las hago para imputar, sino para que todos asuman que es imprescindible que analicemos todo: medios, sistemas telemáticos, coordinación... Mejorar entre todos.
-Habla de que digitalizar los juzgados e instalar alertas, pero hasta noviembre no llega el expediente digital. Y veremos...
-La transformación digital de la Justicia ha sido muy lenta. Soy la primera en reconocerlo. Pero iniciamos un plan de digitalización hace unos años con una inversión de 40 millones y llevamos invertidos 22. En la digitalización de todas las salas de vista hemos invertido 14 millones. Ha sido lento, pero lo acabamos en plena pandemia, en 2020. La justicia pudo seguir trabajando durante todo ese tiempo y por eso se hizo. El expediente digital llega en noviembre. Le reconozco que muy tarde. Con ese nuevo sistema sí se pueden incorporar alertas que se nutren de la oficina de datos nacionales. Pero no estoy satisfecha. Llega demasiado tarde.
-El expediente digital sustiyuye a Cicerone. Tiene 20 años de antigüedad...
-Esa es la que estamos sustituyendo. Con Cicerone incorporamos herramientas y 'apps' que permiten comunicaciones telemáticas. En junio se incorporará un visor que va a permitir ver el procedimiento judicial como si fuera un libro. Los jueces podrán acceder directamente a la base de datos de jurisprudencia. Este sistema va a quedar sustituido por el nuevo de noviembre.
-Parece que no sea rentable políticamente invertir en Justicia. Dos décadas para modernizar una herramienta vital...
-Desde 2015 a 2021 el presupuesto en justicia lo hemos incrementado en un 50%. Precisamente para los presupuestos del 2022, el incremento es el mayor de toda la historia del autogobierno.
-¿Cumple el Ministerio? Usted pedía mejorar la conexión...
-Pedimos un plan de agrupación de partidos judiciales para que la violencia de género sea conocida por juzgados exclusivos. No puede haber justicia de primera o de segunda. Una violencia que se conoce en Sueca en juzgados mixtos y otra en juzgados exclusivos. Hay que incrementar de 16 a unos 32 el número de juzgados exclusivos de violencia de género. Pedi hablar con la ministra y estoy pendiente de que se me convoque.
-Parece que no se escuche a la Comunitat...
-En todas las jurisdicciones hemos pedido 12 órganos para este año, pero me entristece que el Ministerio haya planteado 70 juzgados para todas las comunidades. En la planificación hay que oír previamente a las autonomías, sobre todo a las que tenemos transmitidas las competencias y conocemos las carencias. Yo solicité que el espíritu de cogobernanza que nos ha ido muy bien en la toma de decisiones conjuntas a lo largo de toda la pandemia y en los proyectos de los fondos europeos se traslade a otras decisiones como la inversión para aumentar la planta judicial. Que se nos oiga a las comunidades. Y voy a seguir con la necesidad de crear esos 12 órganos judiciales en la Comunitat.
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