La nueva huelga retrasa juicios, atasca el Registro Civil y demora el cobro de los abogados

Suena un teléfono de uno de los mostradores de la Ciudad de la Justicia. Pero no hay nadie para contestar la llamada. La persona detrás de la línea insiste unas tres veces, pero al no obtener respuesta, desiste en su empeño. En el pasillo reina el silencio. En el segundo día de paro, la ausencia de funcionarios en la Ciudad de la Justicia se hace notar. Se puede escuchar, entre los pocos que han acudido a trabajar, frases como: «Queremos que nos respeten».

Los que no temen alzar la voz son los abogados. Cansados por el colapso de la Justicia. Una letrada de Valencia cuenta que ya le han suspendido un juicio que tenía que celebrar en Paterna. Por suerte, le notificaron la suspensión. Pero ahora le toca esperar. «Ya veremos cuándo lo vuelven a señalar. Así no podemos trabajar», opina enfadada. También relata que, al tratarse de un procedimiento penal en el que el investigado podría salir condenado, su cliente está muy satisfecho. «Pero no ocurre lo mismo con los demandantes, que ven cómo todo se entorpece», añade la abogada.

Además, que no se puedan celebrar determinados juicios también afecta mucho a la hora de poder cobrar los procedimientos. «Muchas veces, el cliente nos abona el resto de nuestros honorarios una vez finalizado. Ahora ni siquiera sabemos cuándo vamos a poder cobrar», asegura la letrada. Pero el problema va más allá. Según informa la jurista, tampoco pueden justificar las actuaciones realizadas por designación del turno de oficio ya que no se admiten a trámite las demandas y demás escritos por la huelga.

El abogado Pablo Gonzálvez espera en uno de los bancos frente a los juzgados. El juzgado número 1 de menores ha cerrado durante la jornada, y el número 9 funciona con más lentitud. Comenta que tanto él como sus compañeros de profesión están pasando una mala racha por la proliferación de huelgas. «Primero fue la de los Letrados de Administración de Justicia (LAJ), ahora los funcionarios... lo peor es que muchas veces ni siquiera te avisan de cuándo se va a suspender un juicio y los clientes se tienen que desplazar desde muy lejos para nada», evidencia Gonzálvez.

Ahora mismo, la sensación generalizada es la incertidumbre, tanto en los profesionales como en los clientes con procedimientos pendientes. Pilar es una ciudadana, que espera a su abogado en compañía de su marido y su hijo. Acaba de enterarse de que los funcionarios están realizando paros de 10 a 13 horas y que su procedimiento podría retrasarse. Y la indignación se apodera de ella: «¡Venga ya, y yo también quiero cobrar más! Pierdes todo el día de trabajo para poder venir aquí y encima que no haya funcionarios». A su lado, Salvador, su abogado, también opina «es una vergüenza». Ya con la anterior huelga, uno de sus juicios se pospuso hasta 2025.

La huelga también ha impactado en el Registro Civil. Donde más se nota es en las secciones de matrimonios, defunciones y nacionalidades.

Desde el sindicato CSIF aseguran que la huelga de 24 horas este 19 de abril ha contado con un seguimiento cercano al 90 por ciento en toda España, una media de 700.000 procedimientos y actuaciones paralizadas y decenas de miles de juicios suspendidos en el país, como el de la Gürtel en la Audiencia Nacional contra Francisco Camps. «Estimamos que, de continuar esta situación, se necesitarán hasta 2 años para recuperar el trabajo causado de momento por esta huelga», apuntan desde el sindicato. De hecho, miles de funcionarios de toda España se han desplazado a Madrid para manifestarse.

Sus exigencias consisten en que se les conceda una subida salarial que consiste en el incremento del Complemento General del Puesto, que sería de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales. Consistiría en 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 400 euros mensuales para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio, 375 euros mensuales para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio y 350 euros para Auxilio Judicial.

Por ello también piden la eliminación de las diferencias retributivas de los grupos de población, elevándolas a las que perciben en el Grupo 1. Además, exigen poder negociar unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan a diario, en el marco de las futuras leyes de Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital.

Los funcionarios de Justicia se han hecho oír. El Ministerio de Justicia ha convocado a los representantes de los principales sindicatos este 20 de abril para negociar las reivindicaciones, aunque todavía no han incluido ninguna propuesta.

• Temas
• Funcionarios
• Ciudad de la Justicia de Valencia
• Huelgas en Valencia