El nuevo modelo del Consell para las residencias excluye a 8.400 pacientes

En las residencias de mayores, actualmente, hay más de 26.900 personas ingresadas, pero el cálculo que hace Igualdad es sobre una base de 18.559 plazas, por lo que alrededor de 8.400 pacientes se quedan fuera del nuevo modelo de Igualdad. ¿Y por qué están fuera? Pues porque en este momento no reciben ningún tipo de ayuda pública porque no ha sido aprobada todavía por la Generalitat, porque no tienen el grado de dependencia respecto al servicio que reciben o simplemente porque no han solicitado la ayuda por distintas cuestiones.

En estos momentos, una plaza de residencia cuesta entre 2.000 y 2.500 euros de media al mes en función de la ubicación de la residencia y de los servicios que presta a los pacientes. El cálculo de Aerte es que una plaza, sólo con el refuerzo de personal que exige el decreto, sufrirá un aumento de 573 euros al mes, lo que implica un gasto de 6.880 euros al año. Desde Aerte consideran que hay familias que no van a poder pagar la plaza porque es imposible asumir el gasto mensual de un interno. Además, defienden que la Generalitat debería cargar con todo el incremento económico que significa el cambio de modelo. Un peso económico que se notará a partir de 2024.

El impacto global del cambio de modelo está cifrado en 137,6 millones de euros. En las residencias de mayores, el impacto pasa de los 15,7 millones en 2023 a más de 69,3 millones en 2027. La dirección general de Presupuestos ha elaborado un informe en el que se muestra crítico con algunos puntos del decreto. Por ejemplo, que los costes a futuro se han calculado en función del servicio que se presta en la actualidad sin tener en cuenta las posibles mejores, que costarán más dinero.

Además, desde la dirección general de Presupuestos se recomienda que el impacto económico del decreto se ajuste a las previsiones de 2023-2027 para que no afecte a la sostenibilidad financiera de la Generalitat. Es decir, que el presupuesto autonómico cada año tenga en cuenta el plan que se quiere implantar en Igualdad, porque de lo contrario tensionará el sistema o será imposible cumplir la hoja de ruta marcada. En 2023, el presupuesto que contempla el decreto es de 28 millones de euros y crecerá ejercicio tras ejercicio hasta alcanzar los 137 millones de euros en 2027.

Las quejas y advertencias de Aerte son similares a las que trasladan asociaciones como la de enfermos de Alzheimer, que reclaman un consenso para la aprobación del decreto. Temen que muchas personas opten por dejar de acudir a los centros debido al incremento del precio de las plazas, que prevén que sea del 30%, algo inasumible para muchas familias.

Desde Igualdad siempre han asegurado que su apuesta son los centros públicos, pero la realidad es que el Botánico no ha cumplido con sus promesas.