La nulidad del Pativel abre la puerta a construir más de 20.000 viviendas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ) en la que declara la nulidad del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) ha abierto la puerta a la construcción de miles de viviendas en la costa valenciana.

Aunque todavía habrá que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso en casación que presentará la Generalitat, la anulación del instrumento de planificación orquestado por el Botànic para distanciarse de la política urbanística del PP ha abierto nuevas expectativas.

La sentencia allana así el camino a actuaciones como el plan de la Bega (Manhattan de Cullera) con 5.000 viviendas; el Brosquil (700); Cala Mosca en Orihuela (1.500); Doña Blanca en Torreblanca (4.000) o San Gregorio (5.000) en Burriana. Todas estas actuaciones tenían un plazo de diez años con el Pativel para desarrollarse y ahora esta limitación ha desaparecido.

A estas actuaciones se suman otras que tuvieron que aparcarse como el sector MR-10 de la Marina de Elche (1.200 viviendas), Benicàssim Golf (3.000) o La Renegà en Oropesa (1.000).

La sentencia puede desencadenar una oleada de sentencias en las próximas semanas ante los numerosos recursos que se presentaron de los que 75 continúan pendientes. Entre ellos se encuentran propietarios y algunos ayuntamientos como los de Oliva, Alcalá de Xivert, Oropesa, Moncófar o Peñíscola.

Es el caso del de la Asociación de Afectados por el Pativel que agrupa a centenares de propietarios de toda la Comunitat y que han visto un rayo de esperanza.

La abogada de la plataforma, Isabel Moyá, explicó que «habrá que esperar al resto de sentencias para ver si el TSJ se pronuncia sobre el fondo«, apuntó y señaló que »imaginamos que el resto de resoluciones irán en el mismo sentido. Teníamos argumentos muy parecidos«.

Recordó que la administración autonómica no tenía intención de indemnizar a los propietarios por no permitir la construcción incluso en el caso de que ya se hubiera hecho la reparcelación.

Puso el caso de la urbanización de La Renegà donde los propietarios compraron terreno con la calificación de solar y ahora se les prohibía construir. «Si quieren que declaren el interés general, que expropien y paguen a los propietarios», manifestó Moyá.

Por otro lado, señaló que el Pativel creaba «inseguridad jurídica». «El propietario compra un suelo con una calificación jurídica y al día siguiente te lo desclasifican sin pagarte nada. No parece justo», añadió.

Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, pidió al Ayuntamiento de Valencia que paralice cualquier actuación en la CV-500 a la espera de haya sentencia firme. Tras la resolución del TSJ, la formación ha reclamado un informe a los servicios jurídicos municipales para conocer si todas aquellas actuaciones que ha llevado a cabo se mantendrán o, por el contrario, se van a revertir.

Desde el PP, la portavoz de Medio Ambiente, Elisa Díaz, pidió al conseller de Territorio, Arcadi España, y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «recapaciten y asuman el gran error que supone el Pativel» y les instó a iniciar una «nueva tramitación que cumpla todos los trámites haciendo hincapié en un informe correcto de viabilidad económica y financiera». Para Díaz, se ha evidenciado que el Pativel «no es realmente un instrumento de protección del litoral valenciano, porque se realizó de mala manera, con improvisación».