Las obras hídricas paradas o sin uso suman una inversión de 890 millones

Pasan los años y la situación sigue sin cambios. Las inversiones en infraestructuras hídricas en los últimos años han regado la Comunitat con decenas de millones de euros, pero sin solventar el problema del déficit hídrico.

El Gobierno ha gastado casi 900 millones en infraestructuras hídricas que o bien se encuentran paralizadas desde que concluyeron las obras o bien están infrautilizadas. Es el caso de las cinco desalinizadoras construidas al amparo del Programa Agua, del trasvase Júcar-Vinalpó y de otras instalaciones como la desnitrificadora de l'Eliana.

Las obras del trasvase Júcar-Vinalopó terminaron en 2011 y desde entonces apenas han pasado por las conducciones una treintena de hectómetros cúbicos. La infraestructura tuvo un coste cercano a los 400 millones.

Esta transferencia fue concebida para paliar las necesidades hídricas del Vinalopó alicantino, una comarca en la que existe un grave problema de sobreexplotación de los acuíferos. La primera piedra se colocó en 2002. Tras una serie de avatares, entre los que se encuentra el cambio de toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa en Cullera, las obras no se terminaron hasta 2011. La primera transferencia se materializó en julio de 2014 cuando se enviaron 12 hectómetros cúbicos. Desde entonces sólo se han trasvasado una treintena.

La conducción fue concebida para enviar 80 hectómetros cúbicos anuales del Júcar al Vinalopó. En estos momentos el Ministerio de Transición Ecológica no termina de cerrar un acuerdo con los agricultores que permita poner en marcha la transferencia. Las demoras en su puesta en marcha han sido una de las causas por la que el presidente de los regantes de la comarca alicantina, Andrés Martínez, ha presentado su dimisión.

Las desalinizadoras nacieron con el Programa Agua en 2004 envueltas en la polémica. Para la ministra de Medio Ambiente en aquel momento, Cristina Narbona, eran la solución al déficit hídrico de la Comunitat. Los regantes, en cambio, desconfiaron de ellas desde el primer momento.

Quince años después, las cinco desalinizadoras construidas en la Comunitat se han convertido en una fuente de problemas. Sólo una de ellas, la de Torrevieja, está en funcionamiento.

El Estado, como ha publicado este periódico, se enfrenta ahora a la devolución de 50 millones de euros de ayudas europeas si antes de marzo no entran en funcionamiento las desalinizadoras de Moncófar, Oropesa y Sagunto. La situación no es nueva. Ya en 2015 tuvo que reembolsar a Bruselas otros 55 millones por los retrasos en la planta de Torrevieja.

Ninguna de estas tres desalinizadoras está en funcionamiento. Todas tienen el mismo problema. No encuentran clientes. Fueron diseñadas para cubrir una expansión demográfica e industrial que no se ha cumplido. El alto precio del agua desalada, además, disuade a los potenciales usuarios, sobre todo regantes y municipios. Los ayuntamientos se encuentran con el problema de que no pueden hacer frente al coste de la amortización de la infraestructura y negocian con el Gobierno un nuevo convenio. No parece que estarán listos antes de marzo.

La desalinizadora de Mutxamel se encuentra funcionando bajo mínimos y su futuro aparece vinculado a la puesta en marcha del trasvase al Vinalopó. La de Torrevieja, tras una inversión cercana a los 300 millones, tiene capacidad para generar 40 hectómetros cúbicos anuales, la mitad para la que fue concebida a la espera de que se acaben las obras para ampliar su producción que tenían que haber concluido antes del verano.