Ocho años de recelo hacia la concertada

En estos ocho años se ha pasado de las acusaciones de barra libre, las grandes protestas y el recorte de aulas al entendimiento que llegó con la pandemia, que sirvió para fomentar políticas en pie de igualdad, por ejemplo en la dotación de recursos extraordinarios, abonando el terreno para acuerdos posteriores. Lo que no quita que por el camino se haya producido un goteo de agravios cuando no discriminaciones. Y sin olvidar la incidencia de la Ley Celaá, que condicionará la planificación escolar de los próximos años, abundando en el concepto de subsidiariedad.

La primera planificación del Botánico -para decidir las aulas que se crean o eliminan de un curso a otro- provocó una oleada de rechazo que llevó a que la previsión inicial acabara desestimándose. Más intensa fue la reacción que se produjo en 2017, cuando se revisaron los conciertos postobligatorios y se recortaron aulas de Bachillerato en uno de cada cinco centros que disponían de fondos públicos para la etapa. La manifestación que recorrió Valencia en mayo de ese año fue la más multitudinaria que ha sufrido el Botánico. Y el varapalo judicial fue a la par. Los veinte colegios que recurrieron consiguieron sentencias que obligaban a mantenerles el concierto y a ser indemnizados por el tiempo que no lo disfrutaron. Lo mismo sucedió con aulas de FP e Infantil recortadas pese a la demanda. Al final el peso de la red se ha mantenido por la presión social y judicial.

Ha habido unanimidad en el sector a la hora de reclamar los mismos medios para aplicar los planes lingüísticos, cuyas exigencias y obligaciones, como mejorar las destrezas en inglés del alumnado, se derivan de normas autonómicas. Ha sucedido con los auxiliares nativos que Educación ha extendido a todos los centros públicos tras sacar a la concertada del plan estatal del que se deriva la medida, y sin arbitrar alguna alternativa que les permita disponer de este personal, como sí se ha hecho en otras regiones. La patronal Feceval denunció esta diferenciación, consiguiendo una sentencia favorable que actualmente está recurrida en casación. También se han cuestionado los programas intensivos de inglés para el profesorado, que dan prioridad de acceso al personal funcionario.

Con el cambio del modelo de orientación, desde el 2021-2022 los colegios públicos cuentan en sus claustros con un profesional que coordina la atención del alumnado con necesidades especiales. En la concertada estos perfiles -en Infantil y Primaria- se cubren con fondos públicos desde el 2022-2023, pero sólo la mitad de sus horas semanales y con una asignación menor que en la pública. Se llegará al 100% el curso que viene, por lo que si precisan de más dedicación deben tirar de recursos propios. La medida fue pactada con el sector, pero hay voces que piden una revisión ante la explosión de problemas de salud mental.

Con la llegada del Botánico se creó un programa para dotar a los colegios públicos de casi 500 aulas de dos años, que forman parte del primer ciclo de Infantil que normalmente se oferta en las guarderías. Permiten adelantar la escolarización, y de la mano fidelizar al alumnado, lógicamente sin coste alguno en concepto de enseñanza. Los concertados también pueden pedirlas, pero funcionan en régimen privado, y por tanto no dan derecho a los niños a pasar directamente al segundo ciclo, puerta de entrada habitual al colegio. Si quieren seguir deben presentar solicitud de admisión y competir con alumnos externos. Además, en el 2018-2019 se extendió la gratuidad de las unidades de dos años a todas las escuelas municipales, medida que para las que funcionan en régimen privado (guarderías y clases de los concertados) llegó en el curso 2021-2022. 

Tampoco se ha facilitado, en igualdad de condiciones, el crecimiento de ciclos de Formación Profesional, pues las peticiones de concertación se desestiman en la mayoría de los casos, en contraste con el aumento de la pública. Y la nueva regulación en este sentido será más restrictiva.

Es nuevo, y permitirá a 35 centros públicos disponer de hasta 14.000 euros para fomentar la investigación docente con proyectos bianuales. Los concertados no han podido concurrir. En años anteriores se convocaron planes de innovación cuyo presupuesto era muy superior entre los primeros que entre los segundos.

Los colegios de sesenta y siete municipios tienen una ratio máxima por aula de 20, 22 o 23 alumnos en lugar de los 25 que fija la normativa estatal. Parte de la concertada considera que esto implica perder una demanda potencial, fomenta el trasvase de alumnado y puede afectar a renovaciones de conciertos en Secundaria -se exige un mínimo de alumnado-. Escuelas Católicas recurrió, ganando en primera instancia aunque el Supremo dio la razón a la administración.

La revisión de la parte del concierto que cubre los gastos de funcionamiento es una obligación legal. Sin embargo la última actualización se aplicó en 2009. Ha sido una reivindicación constante de patronales y sindicatos. En este tiempo han crecido el IPC y muy especialmente las facturas de luz y gas. Por no hablar de obligaciones normativas con cargo a esta partida. En los colegios públicos las necesidades están cubiertas, y para los concertados Educación ha abierto la puerta a negociar un incremento... de cara a 2024. 

Otro ejemplo de discriminación. Para fomentar la presencia de mujeres en ciclos masculinizados y con empleabilidad Educación creó en 2009 una ayuda de 600 euros para cubrir gastos. El Botánico dejó fuera a la concertada, lo que motivó un recurso que tumbó esta distinción. El caso también está en el Supremo.

La mejora del sistema de pago delegado, por el que la administración abona las nóminas a los trabajadores, es otra reivindicación unánime. El curso pasado los retrasos fueron catastróficos. Y también es farragosa la tramitación de altas de profesorado y de sustituciones. El Síndic ha exigido a Educación cambios para mejorar los procedimientos.

La llegada del Botánico implicó acabar con el distrito único de escolarización, con el punto de libre asignación y con el de antiguo alumno, que eran claves en la admisión. FCAPA lo judicializó al considerar que se limitaba la libertad de elección, aunque le TSJCV validó la nueva regulación.

El representante de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, una de las patronales concertadas, hace un balance «agridulce» de los últimos ocho años. En la parte positiva destaca que no ha existido «una merma de aulas pese a algunas declaraciones de intenciones de la primera legislatura, aunque también se ha debido a la acción de la justicia». También se refiere a la llegada de la gratuidad a las aulas de dos años independientemente de la titularidad, a la inclusión de la red en medidas como la extensión de Xarxallibres y la nueva ayuda para material y al «trato igualitario» en la dotación de recursos para capear los efectos de la pandemia.

En cuanto a cuestiones «menos satisfactorias», lamenta que la enseñanza concertada y privada «no haya podido crecer de la misma manera que la pública en nuevos estudios de FP pese a tener potencial y demanda», así como a la falta de un mapa escolar para decidir sobre la implantación de aulas de dos años en Ceips «que evite duplicidades y perjuicios a la red ya consolidada». También echa de menos «una visión más global» respecto a los auxiliares de inglés y las becas de Formación Profesional.

La secretaria autonómica de la patronal de colegios católicos explica que las relaciones con la administración «pasaron de la desconfianza absoluta a la colaboración y el consenso», lo que ha permitido «alcanzar puntos de encuentro». «Tras el punto de inflexión de la pandemia hemos podido seguir trabajando y llegando a acuerdos, como el del personal de orientación o la extensión de la gratuidad de las aulas de dos años, cuestiones que llevábamos tiempo reivindicando». Por contra, lamenta la falta de agilidad a la hora de mejorar el sistema de pago delegado, «que empezó mal y acaba muy mal, por lo que requiere de una solución que no se puede enquistar». A su juicio, el balance se puede considerar «positivo pese a la existencia de divergencias sobre los modelos escolares».

Por último Vicenta Rodríguez destaca el papel que ha jugado el Consejo Escolar Valenciano, órgano consultivo y asesor donde está representada toda la comunidad educativa. «Es una institución con la que hemos mantenido una buenísima relación, trabajando durante estos ocho años en la búsqueda de aquello que nos une y favoreciendo la idea de complementariedad entre redes», señala.

El portavoz de la federación de asociaciones de padres más representativa en la red hace una valoración «absolutamente negativa tanto en las formas como en el fondo». Morro aporta algunos datos. «El conseller Vicent Marzà estuvo 2.480 días sin recibir a FCAPA, pese a que se hizo la petición correspondiente, igual que se trasladó a Raquel Tamarit sin conseguir nada. Y la misma línea ha seguido Ximo Puig, que acumulará más de 2.900 sin haberse reunido con la Mesa por la Educación en Libertad (plataforma que aglutina a todos los actores de la red)», explica.

En cuanto al fondo, aunque cita aspectos en los que ha habido igualdad de trato como las medidas anticovid «no compensan el resto de discriminaciones». Se refiere por ejemplo al recorte de aulas, la eliminación del distrito único, la infrafinanciación o los impagos de nóminas, y añade cuestiones como el rechazo de la organización al modelo lingüístico del Botánico, que recurrió con éxito el primer decreto del Consell y que no llegó a aplicarse. «Las medidas tomadas han perjudicado a toda la red, pero sobre todo a las familias que quieren educación concertada. Es un recorte de la libertad educativa», concluye.