Casi 200.000 multas del Covid siguen en el limbo

Esta labor, la de sancionar a los imprudentes, recayó en manos de la Conselleria de la Justicia y se plasmó en un decreto de sanciones que entró en vigor el 24 de julio de 2020. Desde ese momento, y hasta la fecha, los cuerpos policiales que operan en la Comunitat han elevado a la Generalitat la friolera de 247.359 denuncias, según datos facilitados por el departamento autonómico a consultas de LAS PROVINCIAS.

A pesar del esfuerzo de la administración por elevar el número de personas encargadas de la tramitación de las denuncias (ha llegado a ser de más de medio centenar), únicamente se han podido finalizar algo más de 56.000 expedientes, un 23% respecto a las denuncias recibidas, con una recaudación general (la de aquellos que han abonado su multa) que asciende a 2,4 millones de euros.

El problema está ahora en las más de 191.000 denuncias que siguen pendientes de tramitar y que suponen cuatro de cada cinco propuestas de sanción recibidas. ¿Qué sucede con esta gran bolsa de faena pendiente para hacer que los denunciados por imprudencias paguen? En este punto, y a pesar de semanas de insistencia de LAS PROVINCIAS, la Generalitat no ha podido aclarar cuántas de ellas están pendientes de tramitar y cuántas han prescrito al cumplirse el plazo legal para la gestión.

Como ya avanzó este diario, multas por incumplir medidas de seguridad por el Covid en la Comunitat nunca llegarán a cobrarse. Es la realidad sobrevenida ante el aluvión de denuncias y la lentísima tramitación a pesar de los refuerzos de personal. Y así lo confirmaron fuentes del departamento autonómico en septiembre del año pasado. Sin aportar dato alguno sobre la cantidad. Su mensaje tranquilizador era, por aquel entonces, que las conductas más graves no iban a quedar impunes.

La caducidad o prescripción de las sanciones es una posibilidad que viene recogida en el decreto del régimen sancionador. Su artículo 8 detalla, textualmente: «Las infracciones tipificadas como leves prescribirán en el plazo de seis meses» y «el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día de la comisión del hecho». Se añade que interrumpirá la prescripción «la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador».

El problema, según expuso Justicia, es que la carga de trabajo no había permitido tramitar y comunicar en ese tiempo un número aún indeterminado de denuncias leves (la inmensa mayoría por no llevar mascarilla). Sin embargo, la ley dota a Justicia de más tiempo para el resto de propuestas de sanción: en el caso de las graves el plazo de la Administración es de dos años. En las muy graves se eleva hasta tres.

Cuando el decreto de sanciones empezó a andar, la tramitación de sanciones recayó sobre el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias. El equipo estaba compuesto por cinco funcionarios y era capaz de absorber unas 300 denuncias al año. Ínfimo para lo que se avecinaba. Como es lógico, hubo refuerzos hasta alcanzar los 52 funcionarios para la titánica labor. Pero ni con esas se ha a logrado la deseada fluidez, como revelan los datos.

La penúltima foto fija sobre el engranaje de las sanciones del Covid la ofreció la Conselleria de Justicia el 27 de julio. Hasta esa fecha los cuerpos policiales habían elevado a la Generalitat 208.000 denuncias por los incumplimientos de restricciones. El Consell había tramitado (introducido en el sistema de gestión de multas) sólo 26.826 de las propuestas de sanción. Afectaban a 25.586 personas físicas y a 1.240 negocios o locales. Se había iniciado el expediente sancionador en 19.926 de los casos. Poco más de 8.000 había finalizado y sólo 1.880 infractores habían reconocido la falta.

Ahora, y gracias a una mejor evolución de la pandemia con las vacunas, las restricciones no son las que eran. En esencia, quedan la obligatoriedad de la mascarilla en farmacias, centros sanitarios y hospitalarios o transporte público, además de las limitaciones en residencias.

Esto ha hecho bajar considerablemente la presión tras el alud de denuncias por imprudencias del año pasado. Según destaca la Conselleria de Justicia, en lo que llevamos de año se han recibido alrededor de 13.000 denuncias frente a las más de 220.000 que se acumularon el año pasado.