Ofensiva silenciosa contra la concertada

Cuando el conseller Vicent Marzà dijo en 2015 que se había acabado la «barra libre» de conciertos educativos, en el sector se interpretó como un aviso a navegantes de cara a la legislatura que comenzaba. Pasados los cursos y más allá de los recortes de aulas, en algunos casos rectificados al calor de las protestas más multitudinarias a las que se ha enfrentado el Consell del Botánico, lo cierto es que la estrategia para poner a la red pública en el centro de la política educativa se ha materializado en un goteo de medidas, más que en grandes anuncios, con un punto en común: el beneficio de las escuelas de titularidad de la Generalitat. Lógicamente esta línea de acción ha provocado malestar en la escuela concertada, que al fin y al cabo también se sostiene con fondos públicos. El último proyecto consiste en crear clases de refuerzo únicamente en los IES gracias a un programa del Gobierno.

La conselleria oficializará en los próximos días el nuevo taller de refuerzo en verano para la ESO. Destinado a alumnos con dificultades para superar las asignaturas básicas, consistirá en organizar grupos reducidos de repaso previos a las recuperaciones. Tendrán cuatro horas semanales entre mayo y junio y los centros que quieran implantarlos recibirán profesorado adicional. Sólo pueden participar en la convocatoria los institutos públicos pese a que el objetivo al que se aspira es compartido por todas las redes, más allá de la titularidad: reducir el abandono prematuro de los estudios.

Además, para el curso que viene se prevé una iniciativa similar, no limitada al verano, así como cursos para fomentar nuevas metodologías de aprendizaje y para ayudar al alumnado recién llegado en el dominio del castellano y el valenciano. También se prevén talleres para los centros públicos de personas adultas.

Todos estos planes se financian a través de un programa de cooperación territorial del Ministerio de Educación, Proeducar. Fuentes del departamento estatal explicaron ayer que no se ha establecido ninguna limitación en función de la titularidad de las escuelas. De hecho, la comunidad de Murcia ya ha aprobado un taller de refuerzo similar que sí incluye a los concertados.

Educación acaba de lanzar la nueva convocatoria para que los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria puedan participar en estancias intensivas de un mes en el Reino Unido e Irlanda con los gastos pagados. La idea es que refuercen su competencia oral en inglés.

La del año pasado se limitó sólo a docentes de la escuela pública, pero en esta ocasión sí se permite la concurrencia de los de centros concertados. Eso sí, se establece un orden de prioridad que limita, y mucho, su participación. Primero se atienden las solicitudes de los funcionarios (con destino definitivo, en expectativa, en prácticas e interinos) y luego las de la red privada concertada, que tendrán que esperar a que no se cubra la demanda. El año pasado se sacaron 600 plazas y se recibieron 3.600 solicitudes. Aunque este año los puestos se elevan a mil, parece complicado que quede alguno libre para los docentes a los que se les asigna en último lugar.

Ha sido la medida que más malestar ha generado en la concertada, con el argumento de que pese a tener que cumplir las mismas exigencias en materia de plurilingüismo no tienen acceso a los mismos recursos que la pública. Se trata de un programa del ministerio, y con la llegada del Botánico se cambió la asignación de auxiliares de conversación, que hasta entonces también llegaban a algunos concertados. Educación alegó que fue a raíz de una reclamación del propio Gobierno.

Sin embargo, el curso pasado se anunció una drástica ampliación del plan, de manera que estos refuerzos -nativos que ayudan a los docentes a fomentar las destrezas orales- no llegarían a una muestra pequeña, sino a todos los Ceips, pagando la conselleria los auxiliares necesarios. Las patronales concertadas se quejaron, con anuncios de recurso de por medio, sin olvidar la presión de los sindicatos como Fsie. Consideran que si se han destinado recursos autonómicos para llegar a todos los públicos sólo se necesita voluntad política para hacerlo también con los concertados, algo que sí sucede en otras autonomías. Además, el PP valenciano denunció que el ministerio no impide la concurrencia de la red en este programa.

La apertura de aulas para niños de dos años en colegios públicos de Infantil y Primaria permite adelantar la escolarización gratuita un curso, pues lo habitual es hacerlo a los tres. Además de los innegables beneficios pedagógicos, implica una fidelización del alumnado, que con toda seguridad continuará en el mismo centro durante los siguientes ejercicios, pues tienen acceso directo al segundo ciclo de Infantil.

La concertada también ha seguido este camino, pues son muchos los centros que tienen unidades de dos años, aunque completamente privadas. No existe prioridad de acceso a las aulas de tres y no hay gratuidad, pues se rigen por el bono infantil que financia parcialmente la plaza en función de la renta. Las patronales pidieron participar en el plan, sin éxito. También el sector de guarderías privadas, muy mayoritario, se ha mostrado crítico.

El sindicato mayoritario en la escuela concertada, Fsie, ha reclamado en la mesa de negociación del sector que la ampliación del permiso de paternidad a seis semanas se aplique ya, sin esperar al 1 de enero de 2019 como pretende la Generalitat. Al fin y al cabo, los docentes de la pública lo disfrutan desde hace meses. También se ha pedido que el permiso de maternidad retribuido desde la semana 37 de gestación aprobado para la función pública docente llegue también a sus maestras.

La conselleria permite que los centros públicos y concertados con horario intensivo incluyan actividades extraescolares de pago para completar la jornada escolar (tras el comedor y hasta la salida). Eso sí, en los públicos, los alumnos con beca de comedor pueden participar hasta en dos de estas de manera gratuita. El coste lo asume el centro y si es necesario se le transfieren fondos adicionales. Los becarios de la concertada no tienen esta opción.

La patronal Escuelas Católicas llevó a los tribunales la normativa que permite, en determinados municipios con baja natalidad, reducir la ratio máxima en las aulas de tres años a 23 alumnos, una minoración que se consolida en los siguientes niveles hasta 6º de Primaria. Se considera que esto puede provocar, a la larga, dificultades para la renovación de conciertos en otras etapas, donde se exige un mínimo de alumnos (por ejemplo 25 en Bachillerato), por lo que se aboga por otras medidas de mejora de la calidad. El curso que viene serán 33 los municipios que se podrán acoger.

El nuevo baremo de los méritos de los aspirantes a las próximas oposiciones, que se deriva de la regulación del ministerio, también implica una diferenciación en el trato, pues penaliza la experiencia docente previa de aquellos profesionales que han trabajado en aulas concertadas o privadas. Para un aspirante interino -el que ha trabajado en un centro público temporalmente- cada año acumulado le suma 0,7 puntos, pudiendo acreditar hasta diez ejercicios. Es decir, puede llegar a un máximo de siete sobre un tope de diez en caso de optar a una plaza de su especialidad, que es lo habitual.

En cambio, en este mismo escenario un profesor de la concertada o de la privada que quiera opositar a la función pública parte de una situación diferente, pues sólo acumulará 0,15 por año trabajado. Por lo tanto, con los mismos ejercicios en su haber sumará 1,5 puntos frente a los siete del interino, lo que supone que los servicios prestados de este pesan tres veces más.

El sindicato USO ha anunciado medidas legales contra el cambio impulsado por el ministerio, pues agranda la diferencia respecto a la regulación anterior, mientras que Fsie ha pedido a la conselleria que no aplique el nuevo baremo estatal.