Los 'okupas' toman casi mil viviendas al año en la Comunitat

Vicente March paga agua y la luz de 'okupas' que se han tomado su casa de Moncada. Primero fueron inquilinos, pero el año pasado dejaron de pagar los 400 euros del alquiler y no por ello decidieron marcharse. «Necesito ahora esa casa para vivir y no puedo establecerme allí. Me tengo que pagar un alquiler y seguir costeando sus suministros para que no me denuncien por coacciones», lamenta el dueño.

Es la realidad de quienes sufren las ocupaciones ilegales, un problema que el año pasado tocó techo en la Comunitat con casi 1.300 denuncias ante las fuerzas de seguridad. Cada día mafias, individuos en solitario o familias se apropian de tres inmuebles de manera irregular. A razón de un millar al año en toda la región, según datos de Interior.

El problema se ha agravado con la pandemia y su estela de necesidad económica. Como revelan las estadísticas del Gobierno, la actividad 'okupa' se ha doblado en cinco años. En la última media década se han ocupado ilegalmente casi 5.000 inmuebles en la región. Pero sólo han sido arrestadas 141 personas en todo el periodo. Es decir, sólo un 3% de las ocupaciones se esclarecen. El 97% restante queda sin sospechosos a disposición de la justicia. Una rotunda impunidad.

La necesidad ha alumbrado mafias o grupos organizados que cobran entre 2.000 y 3.000 euros por indicar casas vacías disponibles a 'okupas', facilitarles el acceso y asesorarles en senderos legales para esquivar el desalojo. Lo constatan administradores de fincas valencianos: «Se mueven en redes sociales, difunden manuales para ocupar edificios, estrategias cuando llega la Policía, argumentarios...», detallan. Estas organizaciones, ahondan los profesionales, «acceden a listados de las inmobiliarias de los bancos que señalan qué edificios tienen inmuebles disponibles para alquilar o vender y así disponen de una base de datos». Otras veces basta con vigilar carteles de 'se alquila' o ' se vende' a la caza de la casa vacía. En líneas generales, «se aprovechan de la debilidad de la legislación en la protección de la propiedad», critican los administradores.

Según el abogado valenciano Juan Molpeceres, estos grupos «tienen a personas dedicadas a seleccionar pisos no habitados susceptibles de ocupación. Ponen señales en puertas para comprobar al cabo del tiempo si se ha abierto o no».

Ejemplos de ocupaciones ilegales hay por todo el callejero, pero el problema se centra actualmente en Ciutat Vella, Orriols, Marítimo y edificios nuevos de constructoras del extrarradio de Valencia. También en promociones de chalés de urbanizaciones que fracasan en ventas y se quedan vacíos.

Cruce de Doctor Waksman con carretera de San Luis. Es la ubicación de una finca de reciente construcción enteramente tomada por 'okupas'. La constructora quebró, los pisos se quedaron vacíos y hay un líder que gestiona la ocupación ilegal y cobra a quienes allí se establecen.

En la avenida Ausiàs March, un piso de propiedad bancaria fue tomado en abril del año pasado por tres 'okupas' que trapicheaban con droga. Otra tendencia: traficantes que irrumpen en casas vacías y las convierten en 'narcopisos'.

Lo presenció Cecilia, una vecina: «Forzaron la puerta, la dejaron entreabierta y allí se quedaron hasta julio». Al final «el propio fondo 'buitre' que tenía el inmueble les pagó 3.000 euros para que se fueran y se largaron con un descapotable. Esa misma noche una familia forzó la puerta». Por culpa de los primeros 'okupas' sufrió un sobrecargo de 600 euros en su factura de luz y agua por los enganches ilegales.

¿Qué pasos debe dar un propietario cuando le ocupan ilegalmente su casa? Lo explica Joaquim Bosch, magistrado valenciano y voz de Juezas y Jueces para la Democracia: «Hay una gran diferencia entre que se trate de una vivienda habitada o un inmueble vacío». Lo primero es allanamiento de morada. «Debería bastar con la denuncia para un desalojo en horas». Pero si la ocupación afecta a una casa vacía, «la gravedad de la conducta es menor», delito leve de usurpación. «Aquí debe señalarse un juicio y el desalojo puede tardar varios meses». Si el piso es de un banco, también procedimiento por delito leve de usurpación. Sin embargo, aclara Bosch, puede haber diferencias una vez se ha dictado sentencia: «Durante la pandemia el Gobierno dictó decretos para que no se pueda desalojar a familias vulnerables en inmuebles de grandes tenedores, como los bancos».

¿Cómo se castiga al 'okupa'? Con allanamiento, con hasta dos años de cárcel. En la usurpación de casa vacía, la pena supera una multa de seis meses que fija el juez con cada caso concreto.

Para Bosch, «las leyes dan una respuesta adecuada. El problema es que en los juzgados no contamos con medios suficientes y hay demoras, a veces de varios meses». Para el magistrado, «no basta con proclamar leyes que acortan plazos. Sin recursos no se pueden adoptar decisiones judiciales veloces».

El juez valenciano cifra en un 15% el repunte de ocupaciones ilegales en los últimos años. Detrás hay «problemas sociales que deberían resolver las instituciones, pues muchos de los condenados vuelven a ocupar otros inmuebles tras los desalojos».

José Domingo Monforte, director del gabinete jurídico Domingo Monforte Abogados Asociados, opina que la «devaluación del delito leve», el que sólo prevé multa, «supone una pérdida del efecto disuasorio de la norma penal por su levedad». Y coincide con Bosch: «El problema es la identificación concreta de los ocupantes y las dilaciones endémicas del sistema judicial por saturación de trabajo y falta de medios». Propone «elevar penas y ampliar la legitimación poder demandar a todas las personas, físicas o jurídicas», pues los 'okupas' «provocan molestias y perjuicios también a vecinos y crean un foco de conflictividad con problemas adicionales».

Para el penalista Molpeceres, la clave es «agilizar el desahucio con más medios en juzgados y fuerzas de seguridad».

En los últimos meses, alerta el juez Bosch, «se han detectado en Valencia grupos organizados que desalojan de forma coactiva a los ocupantes al margen de las medidas judiciales. Al igual que con las mafias de ocupación ilegal, «se deberían investigar y perseguir estas actuaciones».

Según los administradores, estas empresas pueden cobrar hasta 6.000 euros a comunidades de vecinos para echar a los ocupantes. «Vigilan cuando salen los 'okupas', entran por la fuerza con autorización del propietario y ya se quedan a salvaguardar el inmueble el tiempo necesario».

La ocupación ilegal de inmuebles no es un problema exclusivo de particulares y bancos. La Generalitat tiene actualmente más de 1.400 viviendas sociales en manos de 'okupas', como confirmaron fuentes de la Conselleria de Vivienda. La gran mayoría de ellas, 840, se encuentran en la provincia de Alicante.