Editorial | El Consell encalla en los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha venido a confirmar, aunque de manera cautelar y sin entrar todavía en el fondo del asunto, lo que desde muchos sectores se venía advirtiendo: que el llamado decreto de plurilingüismo colisiona frontalmente con el bilingüismo que establece el Estatuto de autonomía al primar la enseñanza en valenciano y discriminar a los alumnos que se decantan por la línea en castellano. Al atender el recurso presentado por la Diputación de Alicante, el órgano judicial señala que de no paralizar la ejecución del decreto podría haber derechos fundamentales que quedaran conculcados y sin posibilidad de resarcimiento. Con su aplicación ya en marcha y pese a las declaraciones oficiales en el sentido de que no van a alterar el modelo, la Conselleria de Marzà no va a tener más remedio que aplazar sus planes de implantar un sistema que ha generado un notable malestar y que ya ha provocado varias protestas masivas en la calle.

No es éste, sin embatgo, el único pronunciamiento judicial contra los planes educativos del tripartito que gobierna la Generalitat. La ofensiva contra los colegios concertados también ha recibido un varapalo al archivar la Fiscalía la denuncia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, contra pagos de la Administración a centros educativos supuestamente irregulares, aunque no se ha demostrado que lo fueran. Las dudas sobre la legalidad de determinados abonos no se han visto acreditadas, por lo que desde el punto de vista de su tramitación en los tribunales el asunto ha quedado en nada. Lo que se utilizó como una especie de aviso a los navegantes, una advertencia de lo que podía venir, ha tenido un corto recorrido.

La creciente ideologización de la gestión del Consell de Puig y Oltra choca con el imperio de la ley, con un Estado de derecho que está por encima del capricho del gobernante. La defensa y promoción del valenciano no puede hacerse a costa de arrinconar el castellano, tan lengua propia de la Comunitat como la primera. Para un partido de corte nacionalista como es la coalición Compromís, la inmersión lingüística no sólo es irrenunciable sino que en realidad constituye un objetivo primordial, casi su razón de ser. Esta particular obsesión lleva a sus dirigentes a creer erroneamente que pueden orillar la legalidad, que pueden saltarse normas y procedimientos para favorecer a los niños que elijan la opción en valenciano con una acreditación en inglés que niegan para los estudiantes en castellano.

A nada conduce la obcecación radical, el encastillamiento ideológico. La propia Oltra ha venido a demostrarlo con sus errores en la gestión de los centros de menores, donde ha puesto por delante sus prejuicios al interés general y al de los propios afectados, llegando ayer a desvelar irresponsablemente datos personales de víctimas de supuestos abusos en algunos de estos centros, la clásica huida hacia adelante en un momento en que se ha visto cercada por sus fallos, imprecisiones e inexactitudes. Lo que valía para la oposición, el eterno recurso al espectáculo, ya no vale para gobernar, una lección que Oltra debería aprender cuanto antes. Al igual que Marzà y todo el Consell deben entender que el imperio de la ley no es una opción para el gobernante sino todo lo contrario, que debe ser ejemplar en el respeto a los derechos y libertades de los administrados, que claramente están en riesgo con una política educativa más que cuestionable.