Isabel Celaá sigue los pasos de María Jesús Sansegundo y, en menor medida, José Ignacio Wert: ministros que tras aprobar su reforma educativa, fueron apartados, lo que no parece razonable desde un punto de vista de gestión, aunque así es la política. Lo lógica diría, ... tanto en el caso de Celaá como el de Sansegundo, que quien ideó una reforma escolar, fuera la responsable de su desarrollo. El caso de Wert quizás respondió a otra situación también muy política: reconducir el desarrollo de una reforma educativa para apaciguarlo. La sustitución de Esperanza Aguirre por Mariano Rajoy, en su día, en el Ministerio de Educación también estaba en esa línea de rebajar la tensión del momento.
Detrás de estas sustituciones también hay decisiones personales, como fue el caso de Wert que buscó acomodo más tranquilo (en Paris como embajador ante la OCDE) o ánimo de acabar la carrera política con más de 70 años.
La etapa de Celaá al frente del Ministerio la calificaría de conflictiva y activa, que en absoluto se puede considerar que no dejará huella. Al contrario, los cambios que durante su gestión se han introducido van mucho más allá de lo aparente. Cambios mucho más significativos de lo que parece leerse en la ley.
Una de las cosas que ha sorprendido durante su Ministerio es, por un lado, la confrontación con la concertada y, por otro, algunos desconocimientos de lo menudo de la gestión educativa. Sorprenden ambas cuestiones después de haber sido consejera de Educación en el País Vasco. Es decir, ha sido responsable de la gestión del sistema, por lo que se entiende que debió manejar sus concreciones, y en una autonomía con un alto porcentaje y tradición de conciertos escolares. Sin embargo, esa insistencia en recalcar lo de "los niños no son de los padres", por lo innecesario (¿para qué una polémica tan gratuita?) y por lo inoportuno (con el toro escolar de la pandemia), pareció una búsqueda deliberada de la confrontación. En contraste, como ya hemos indicado alguna vez en esta tribuna, la Conselleria valenciana siguió durante la pandemia el sentido contrario: ante la gravedad, colaboración e inclusión de la concertada olvidando los conflictos pasados. Celaá, desde su Ministerio, los creó nuevos.
Cierto es que la relación tampoco era una balsa de aceite, porque la Lomloe corrió mucho, a hurtadillas, mientras todos los ojos miraban hacia las urgencias de los contagios, llevando entre sus líneas un cañonazo contra la línea de flotación de la concertada que es la eliminación de la «demanda social» como criterio de planificación escolar.
Pero incluso más peso que la propia ley, son las medidas provisionales aprobadas con motivo de la pandemia las que realmente supondrán un cambio de paradigma. Un ejemplo claro es la independencia que adquiere el pasar de curso del número del número suspensos que propugna el Ministerio. O la nueva acometida a favor de las competencias y el tijeretazo a los currículos.
Se va Celaá con otra reforma en marcha, la de la Formación Profesional, que también supone un cambio de paradigma enorme, y no solo en el ámbito educativo sino también en el laboral. Se va sin concluir esta reforma.
Y si confrontó con la concertada, decepcionó a la pública con la retirada de los recursos extraordinarios implantados en los centros durante este curso. La vuelta a las ratios anteriores a la pandemia ha generado mucha desilusión en el profesorado.
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