Imagínese dos señoras delante de mí a la espera de su turno en una cola callejera para acceder a las oficinas de la Seguridad Social, el INSS. Mientras pedía mi vez, me percaté de que en la puerta de acceso había una de esas cintas ... que impiden el paso. A las doce del mediodía y sin sombra en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, sito en la calle Juan Llorens, 20, de Valencia, la solana que caía era importante. Yo iba a solicitar la tarjeta sanitaria europea, tras perder horas frente al ordenador para intentar gestionarla telemáticamente y pedir cita previa, sin éxito en ninguno de los casos.
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Descubro que el acceso a las instalaciones no es posible sin cita previa y que lo del covid para este servicio público (que el resto de los mortales lo hemos superado) no les permite darnos presencialidad. Solo hay una funcionaria que amablemente atiende tras la cinta de la puerta a los ciudadanos. Si está aburrido, acérquese y eche la mañana en la puerta del INSS, es mejor que muchas series de Netflix. Sin privacidad, sin pudor, escuchamos las peticiones de las dos señoras que me precedían. Una tramitaba la baja y la otra, más mayor, quería una documentación sin que su hija mayor lo supiera porque resulta que no se llevaban bien entre ellas. Omito los detalles Todos estos culebrones, números de teléfono y direcciones varias, a grito pelado y a disposición de cualquiera que se acerque a hacer una gestión con los funcionarios de este INSS en concreto.
Detrás de mí llegó una mujer joven con su hijo recién nacido y una señora acompañada por un hombre con la cara magullada, escayoladas ambas piernas y con una venda que ocultaba el pinchazo de una vía para gotero que llevaba en el brazo. Al no poder acceder a las oficinas ni para sentarse, tuvo que acomodarse como pudo en un escalón, a la solana, por supuesto.
La indignación se hacía patente con las miradas. El punto más surrealista llegó cuando entró en juego la guarda de seguridad que salía a la puerta para preguntar de igual manera que la funcionaria, atendiendo las peticiones de los ciudadanos, solicitando documentación y dando una serie de indicaciones que ni de lejos estaban dentro de sus competencias.
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España, ese país con un coste tremendo en funcionarios públicos (son 2.597.712 de personas a fecha de diciembre de 2021) al servicio del ciudadano. Tras una pandemia superada y normalizada por la mayoría de ciudadanos de a pie, todavía nos encontramos con multitud de casos en la administración que tratan al ciudadano peor que a un perro.
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